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martes, 3 de julio de 2018

El riesgo país y su mala vibra para con el Ecuador


Por: Carlos Villacís Nolivos

En el artículo anterior (1), se explicó por qué el riesgo país es un índice político antes que uno simplemente económico. Pocas semanas después el tema sigue candente, recibe la atención de la prensa (2) y parece apuntalarse como un arma de presión política.

Mauricio Pozo, exministro de Finanzas de Lucio Gutiérrez y cabeza visible del Foro de Economistas y Finanzas Públicas, señaló a El Comercio que el Ecuador debe exponer al organismo multilateral las cifras de la economía de manera transparente y si procede de esta manera, la consecuencia directa será la mejora del riesgo país. “Ecuador debe mostrar información de su realidad económica. Eso contribuye a mejorar el índice del riesgo país”, dijo (3).

Esta frase la pronunció Pozo el 20 de junio de 2018, un día después de que el riesgo país alcanzó su nivel más alto desde el 14 de noviembre de 2016, cuando se ubicó en 849 puntos. El 18 de junio de 2018 el índice estuvo en 806 puntos. ¿Puede ser más político el discurso de Pozo? Me temo que no, que estuvo muy claro y que expresó el sentir de los grupos de poder ecuatorianos.

Gráfico 1: Oscilaciones del riesgo país ecuatoriano entre 2017 y 2018
Fuente: Banco Central del Ecuador

Muy pocas veces, los analistas políticos y económicos centran su atención en las lecturas que generan ciertos índices, como en este caso es el riesgo país. La mayoría de ellos, ubicados en el espectro neoliberal y que son los más consultados por los grandes medios de comunicación, lo hacen aparecer como técnico, señalando que es un indicador que mide cuán confiable es un país para recibir crédito. Sin embargo, el riesgo país es un índice que aparece como la expresión de los miedos, los temores, las percepciones y expectativas de bancos, consultoras e inversores. De allí que cuando el país está por adoptar decisiones pro-mercado este índice tiende a bajar, y cuando, por el contrario, se aleja de estas posturas o cuando el factor político transmite incertidumbre, su tendencia es hacia arriba.

En las últimas semanas ha llamado la atención un hecho. Varios factores acontecidos desde hace un par de meses han jugado en favor de captar las percepciones favorables del mercado hacia el Ecuador como: un precio internacional del petróleo al alza; las claras señales enviadas por el gobierno de Lenín Moreno en el sentido de que está dispuesto a capitular en favor de posturas neoliberales; o el nombramiento de un reconocido dirigente empresarial favorable a este espectro ideológico, como su Ministro de Economía y Finanzas.

Nada de esto ha importado y el riesgo país sigue alto e incluso sorprende su subida en un contexto de franco alineamiento político y empresarial en torno al gobierno, como lo demuestra la aprobación legislativa de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, ocurrida en la tarde del 21 de junio de 2018, así como la reunión que los empresarios mantuvieron con un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional en la tarde del 26 de junio en Guayaquil (4).

Muy probablemente, el comportamiento del riesgo país en el actual Gobierno ha sido la mejor demostración de los confusos mensajes emitidos hacia el concierto internacional.

Así, por ejemplo, en los 287 días en que Carlos de la Torre estuvo al frente del Ministerio de Economía y Finanzas, el promedio del riesgo país se ubicó en 579,13 puntos, siendo su pico más alto el 22 de junio de 2017, cuando estuvo en 753 puntos, y su dato más bajo entre el 6 y el 8 de enero de 2018, al ponerse en 430 puntos. Cuando De la Torre empezó su gestión, el 24 de Mayo de 2017, el riesgo país era de 650 puntos, y cuando la terminó, el 6 de marzo de 2018, fue de 528.

Gráfico 2: El riesgo país en la gestión de Carlos de la Torre

La siguiente Ministra de Economía y Finanzas de la era Moreno fue María Elsa Viteri, quien permaneció en ese cargo apenas 69 días, tiempo en el cual el promedio del riesgo país fue de 605,89 puntos. El día que asumió sus funciones, el 7 de marzo de 2018, el índice estuvo en 536 puntos, siendo este el valor más bajo de su lapso ministerial. La cifra más alta se registró el 09 de mayo y fue de 780 puntos. Pocos días después, el 14 de mayo, dejó la cartera de Estado y el riesgo país se ubicó en 748 puntos.

Gráfico 3: El riesgo país con María Elsa Viteri

Finalmente, el actual Ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, al cierre de la edición de este artículo, el 26 de junio de 2018, con 40 días de gestión registra un promedio del riesgo país de 682,65 puntos, el más alto desde el inicio del actual Gobierno, al igual que mayor de todo el período de Lenín Moreno (806 puntos el 19 de junio de 2018). Su valor más bajo ha sido, hasta el momento, el de 621 puntos, que se obtuvo el 24 de Mayo de 2018, a pocos días de asumir la Cartera de Estado y la fecha en que el Gobierno cumplió un año en Carondelet.

Gráfico 4: Richard Martínez y el riesgo país

El promedio del riesgo país en estos 13 meses del presidente Moreno es de 594,25 puntos.

Gráfico 5: El curso del riesgo país en el gobierno de Lenín Moreno al 26 de junio de 2018

Solo para contrastar, en los 27 meses de gestión del gobierno de Lucio Gutiérrez, de quien Mauricio Pozo fue su Ministro de Economía, el promedio del riesgo país fue de 934,28 puntos. En el período de Alfredo Palacio y sus casi 21 meses, fue de 633,00 puntos, mientras que en los diez años de Rafael Correa (124 meses) fue de 974,99 puntos.

Las cifras, en esta ocasión hablan por sí solas. La respuesta a estas interrogantes parecen estar afuera del país. Debe ser por eso, que en estos días vino al Ecuador una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), para aclarar el camino a tomar. Por supuesto, el país que tiene memoria sabe que estas medidas apuntan en una sola dirección: fortalecimiento del capital por sobre el ser humano. Como lo señaló Sebastián Yépez, miembro del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa, en una entrevista concedida en Radio Visión, al hablar sobre la aprobación de la Ley de Fomento Productivo por parte de la Asamblea Nacional: “Viene el FMI y justamente estamos aplicando ya políticas de austeridad, pues la ley es prácticamente ello: como reducir el gasto público y reducir la demanda agregada. Estas políticas de austeridad se están institucionalizando y esta ley va a mantener esta situación”.


(2)    Para la prensa no pasó inadvertido el alza del riesgo país en medio de la visita de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) al Ecuador. Aquí, por ejemplo, está la nota relacionada con el tema: El Telégrafo del 21 de junio de 2018. https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/fmi-ecuador-riesgo-pais.


(4)    Según una nota recogida por Diario El Comercio, los agremiados manifestaron que esta ley de Fomento Productivo “genera confianza en los inversionistas, pero que todavía es necesario una mayor seguridad jurídica”.

lunes, 2 de julio de 2018

¡Atentos! Los periodistas ecuatorianos seríamos pagados ‘por nota’ o ‘por día’.


Por El Duida


Tal como ocurrió con los médicos, el Gobierno Nacional emitió otro certero agravio, esta vez al gremio periodístico ecuatoriano, tras recibir la propuesta del actual ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, de implementar la modalidad contractual de pago ‘por nota’ o ‘por día’.
Raúl Ledesma, ministro de Trabajo

Estas declaraciones las realizó Ledesma, el jueves anterior, luego de que el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), Roberto Manciati, se quejó de que hay medios de comunicación que no pueden contratar a periodistas con título, debido a que el salario básico bordea los USD 900. Las declaraciones las hizo en la Comisión de Derechos Colectivos, que trata las reformas a la Ley de Comunicación.
Roberto Manciati: Presidente de AER

El alto funcionario está dispuesto a acoger dichas sugerencias debido a que “las modalidades contractuales actuales no funcionan para ciertos sectores productivos como para este caso específico de la comunicación”.

Aquella propuesta resulta, a mi criterio, descabellada, ridícula en su sustentación y denota una completa ingenuidad y desconocimiento del oficio periodístico.

Las notas periodísticas, por pequeñas e insignificantes que parezcan, no se cogen de las copas de los árboles, desperdigadas por la calle o por el azar… Ya sea en la coyuntura o no, demandan de un trabajo de planificación, en coordinación con los editores y jefes de cada sección de un medio de comunicación. Luego, dependiendo del trabajo, se requiere de investigación: empaparse de los hechos, acudir a las fuentes, contrastarlas, recabar antecedentes, presentar datos, cifras, estadísticas… para luego sí, sentarse a redactar las noticias, en el menor tiempo posible con precisión y claridad.

En el mundo de la prensa escrita, por citar un ejemplo, los periodistas no solo deben escribir, sino ubicar las noticias e imágenes en las páginas prediseñadas de los periódicos; esperar la corrección y estilo; ingresar los cambios y esperar la aprobación final de la página por parte del editor, hasta que entre en el proceso de impresión y, a la vez, subir las noticias a los formatos y plataformas digitales. Elaborar una noticia requiere de un proceso arduo de trabajo organizado, continuo y dinámico. Sería injusto y atentatorio que estos procesos sean obviados y reducidos al pago de una ‘nota entregada’, o por ‘un día’ de labor.

A más de cerrar las páginas designadas (por lo menos, una o dos diarias), en las salas de redacción, cada periodista debe presentar propuestas de temas, realizar reportajes especiales (uno por semana) y entrevistas a personajes destacados. Todo esto representa un plus que cada comunicador está obligado a hacer.

Dicha propuesta también contribuye –peligrosamente- a una regresión de derechos y a la precarización laboral de la que siempre el gremio periodístico ha estado expuesto. De no ser por los cambios efectuados por el anterior Gobierno, muchos periodistas todavía seguirían percibiendo USD 300 y una libra de arroz y de azúcar para pasar el mes. Y eso muchos no lo reconocen.

Cabría también preguntarse si los dueños de los medios -por muy comunitarios, radiales o pequeños que sean o se crean- nos van a pagar por ‘nota publicada’ o ‘nota entregada’, o ¿a qué consideran que sea el pago de un ‘día de trabajo’?: ¿a las ocho horas o al promedio de 16 horas que día a día entregan cientos de periodistas (y sin derecho a horas extras) en los distintos medios de comunicación?

La reacción en redes sociales no se hizo esperar: en Twitter muchos comunicadores alzaron su voz de protesta con las etiquetas #PrensaUnidaPorSalarioDigno y #SalarioDignoSoyPeriodista. Pero estos reclamos siempre serán insuficientes ante un Gobierno que se ha dedicado a imponer sus ‘políticas’ y ‘reformas’ por encima de la Constitución y las leyes.

lunes, 14 de mayo de 2018

“GUACHO” PUSO EN JAQUE AL GOBIERNO


Por Edison Pérez

Foto tomada de la Web

Sin duda que los actos criminales atribuidos a “Guacho” son repudiables y dejan una sensación de miedo, zozobra, impotencia e indefensión en la ciudadanía. Y no es para menos, en cinco meses la “tranquilidad” del país se vio alterada por varios hechos violentos: en enero, 28 personas quedaron heridas cuando explotó un coche bomba en San Lorenzo; en marzo, cuatro soldados murieron en la parroquia de Mataje por otra detonación y en abril, el asesinato de tres periodistas y el secuestro de dos ciudadanos ecuatorianos que todavía permanecen en manos del denominado “Frente Oliver Sinisterra”.

A esto hay que sumarle la pobre y desarticulada respuesta del Gobierno. Tanto en materia diplomática, política, militar y comunicacional. En la primera, el gobierno no fue capaz de exigir a su par colombiano acciones concretas e inmediatas para buscar una salida al problema. En lo segundo no logró aglutinar el respaldo político al interior del país porque el tibio y confuso manejo de la crisis mostró su inoperancia e improvisación. La estrategia militar nunca llegó ni se concretó, no obstante hubo una movilización militar mediatizada cuando todos nos enteramos del fatal desenlace de los tres trabajadores de la comunicación, ni siquiera el Consejo de Seguridad ad hoc o el Comité de crisis logró emitir un mensaje de tranquilidad y seguridad a la sociedad. Y en el tema comunicacional si perdieron el año de principio a fin.

No fueron capaces de ponerse de acuerdo en el mensaje que se iba a transmitir a la ciudadanía a través de las ruedas de prensa que, por cierto, carecieron de una estructura discursiva apegada a la realidad. Cinco hechos concretos y nefastos demuestran la pérdida de año en esta materia: El primer hecho se da cuando Colombia confirmó que habían tres periodistas ecuatorianos secuestrados, los hoy ex ministros de Estado se vieron obligados a corroborar lo que todos ya nos habíamos enterado gracias a la prensa colombiana. El segundo hecho es cuando los medios del vecino país difundieron un video en el que aparecían los tres periodistas encadenados pidiendo al gobierno del Ecuador que acojan las demandas de “Guacho” para que ellos puedan regresar con vida a su país. En estos dos primeros momentos el gobierno perdió el tiempo dedicándose a desmentir o confirmar lo que circulaba en medios colombianos o en redes sociales descuidando una de las prioridades: establecer una estrategia de comunicación para tratar el tema.  

Foto tomada de la Web

En el tercer hecho el ex Ministro del Interior en los primeros días aseguraba que estaban negociando con los secuestradores, días después dijo que no había negociaciones. Este tipo de contradicciones develan la falta de una estrategia comunicacional. El cuarto hecho se evidencia cuando empezó a circular el rumor de que los periodistas habían sido asesinados y las redes sociales se inundaron con fotos desgarradoras que evidenciaban el atroz asesinato de Paúl, Javier y Efraín. En una deschavetada rueda de prensa el nervioso y descompuesto ex Ministro del Interior anunciaba que no se podía verificar la autenticidad de las fotografías, sin embargo, minutos después, en la misma malhadada rueda de prensa, el coronel Fausto Olivo, coordinador de criminalística del Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses contradecía las desatinadas declaraciones del ex Ministro Navas. Ni siquiera en este delicado momento fueron capaces de coordinar el mensaje que darían a los familiares y ciudadanos a través de los medios.

El quinto y el más lamentable hecho se da cuando el presidente Moreno, a su regreso de Perú, en otra improvisada rueda de prensa hizo una de las más nefastas declaraciones. Un discurso lastimero, lleno de sinsabores y lugares comunes, sin información concreta sobre los secuestrados, repetición de lo que el asustado Navas había declarado en el ECU 911 horas antes e imponiendo un absurdo plazo de 12 horas a alias “Guacho” para que entregue pruebas de vida de los periodistas. Es triste y lamentable, pero cierto, el secretario de comunicación, Andrés Michelena, que viajaba junto a Moreno y los familiares de los periodistas en el avión presidencial, no fue capaz de redactar tres párrafos para que leyera el Presidente y le ahorre ese bochornoso episodio mediático. Pero ahí no termina esta quinta evidencia de la pérdida de año en materia de comunicación. No contento con el plazo de 12 horas, Moreno al día siguiente, el viernes 13 de abril, después de confirmar lo que ya había anunciado el presidente colombiano Juan Manuel Santos, el asesinato de los periodistas ecuatorianos, le puso un plazo de 10 días a “Guacho” para que se entregue y el mismo plazo a sus ministros para que lo capturen vivo o muerto. Como era de esperarse, ninguno de los plazos impuestos tuvo resultados. Es decir, los plazos de Moreno fueron un fracaso total así como el manejo comunicacional en tiempos de crisis.

jueves, 26 de abril de 2018

LO QUE NO SE DICE DE LA FRONTERA NORTE


Por El Druida

Foto tomada de diario El Universo
Los lamentables acontecimientos en la frontera norte hicieron que el Gobierno Nacional incursione de lleno en la problemática  de la ‘narcoguerrilla’ o del ‘narcoterrorismo’ en Colombia.

Desde el 27 de febrero pasado, cuando se registró el primer atentado en el cuartel de la Policía Nacional en San Lorenzo, a cargo de alias ‘Guacho’, asistimos a un proceso de violencia sistemática generado por el grupo disidente Óliver Sinisterra (ex FARC), el cual  nos ha dejado cuantiosas pérdidas materiales y lo que es peor: siete víctimas mortales y una pareja ecuatoriana secuestrada, con un destino incierto. En sí, un saldo trágico para un país acostumbrado a vivir en paz.

Hay muchas voces que justifican y aplauden la decisión del presidente Lenín Moreno quien ha optado por la vía de las armas para resolver un problema que por décadas no ha sido nuestro... y eso es lo grave: ojalá esta malhadada decisión no nos cueste más muertos. Una mejor alternativa, sin duda, habría sido fortalecer los protocolos de inteligencia, en lugar de estar enviando cientos de militares con enormes tanquetas sin saber a quién disparar o apresar primero.

Esas mismas voces son las que ahora celebran y presionan para que el Gral (r). Paco Moncayo acepte el ahora alicaído Ministerio de Defensa y deje a un lado sus pretensiones por llegar a la Alcaldía de Quito. También exigen que de una vez por todas dimitan de sus cargos la canciller María Fernanda Espinosa y el ministro del interior, César Navas. ¿Faltará poco para que también le retiren su respaldo al mismísimo Moreno?

Lo cierto es que los familiares de las víctimas no se tragan tan fácilmente las ‘piedras de molino’ provenientes del oficialismo. En una entrevista dada a la agencia Andes[1], Ricardo Rivas, hermano de Paúl, el fotoperiodista asesinado, aunque destacó la primera reacción de Moreno por transparentar el proceso, cree que una Comisión Internacional puede reunir la independencia necesaria para seguir la investigación que está haciendo la Fiscalía.

También se refirió a algunas negligencias ocurridas en este caso, como por ejemplo el anuncio del ministro Navas de que no estaban negociando con los secuestradores, después de 15 o 16 días en que fueron tratados bien para luego asesinarlos. A su criterio eso no tiene sentido, sobre todo porque se estaba realizando un canje de prisioneros. El anuncio de Navas, ¿es lo que los hizo cambiar de parecer?, se interroga Rivas.

Otro tema que no se mencionó en la entrevista tiene que ver con el contenido del Acuerdo de Pereira[2],  firmado el 15 de  febrero del presente año entre los presidentes de Ecuador y Colombia. Dicho acuerdo, en términos generales, busca erradicar el ‘narcoterrorismo’ en Colombia, algo que obviamente puso muy molestos a los disidentes de las FARC, al punto que pidieron su pronta eliminación, como segundo requisito para liberar a los trabajadores de diario El Comercio. De lo que se conoce comprende varios ejes: de Infraestructura y Conectividad, de Asuntos Fronterizos, Ambientales, Sociales y Culturales; Económicos y Comerciales; de Integración y, por supuesto, de Defensa y Seguridad. Sería positivo que el presidente Moreno dé cuenta de los compromisos adquiridos por el Ecuador tras la firma de este documento y que la Asamblea Nacional, o alguien, determine si hay cláusulas ocultas en ello.

En suma, este acuerdo, extrañamente no es analizado a profundidad por la prensa de investigación de ambos países o la academia… Seguimos anestesiados por un Gobierno cuya mayor característica es la inacción; un Gobierno inoperante que nos oculta información y mantiene una mediocre manera de echar la culpa de todos los males del país al régimen anterior. En otras palabras: si no es por la deuda pública, es por el manejo económico o por la inseguridad, pero siempre hay un pretexto para culpar  al expresidente Rafael Correa. El presidente Moreno ya mismo cumple un año  de mandato y todavía no se dedica realmente a gobernar… y ahora se encuentra en fuego cruzado.


[1] https://www.andes.info.ec/es/noticias/actualidad/15/ricardo-rivas-pide-que-se-esclarezcan-circunstancias-de-la-muerte-de-los-ecuatorianos
[2] http://es.presidencia.gov.co/noticia/180215-Declaracion-de-Pereira-al-termino-del-VI-Gabinete-Binacional-Colombia-Ecuador

martes, 17 de abril de 2018

INDOLENTES

Por: Wilson Benavides V. /Politólogo y periodista independiente

Foto tomada de la Web
Indolentes los gobiernos, indolentes sus autoridades, indolentes quienes cómodamente escriben -con una tasa de café cargado y un cigarrillo- una crónica sobre un dolor que nunca entienden... Indolentes los políticos, los militares, los policías, los dueños de los medios. Indolentes los periodistas y los gremios que nunca cuestionaron la "versión oficial" repleta de contradicciones, que no reclamaron -como en otros tiempos- su derecho a la libertad de expresión (y su derecho a trabajar en paz).


Indolente la sociedad que abandonó a familiares, amigos y colegas de los periodistas secuestrados, que no hizo suya una causa que -en cualquier país del mundo occidental- debería ser de todos, limitándose (como yo en este momento) a publicar o compartir información en las plataformas digitales y su espejismo de conectividad.

Todos abandonamos a Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra. Los abandonó el gobierno en la negligente actuación de los retenes militares que en pleno estado de excepción dejaron pasar a ese equipo periodístico; en el silencio de la cancillería; en el desconcierto del frente de seguridad que durante 18 días se dedicó a desvirtuar o corroborar la información de la opinión pública colombiana que no dudó un minuto -contradiciendo todo rigor periodístico- en colocar los contenidos y dotar de sentido a un acontecimiento que del lado ecuatoriano, en cambio, aparecía lejano e incluso sonaba irreal en el enredado sendero de las “declaraciones oficiales”. 

Los abandonó también la Iglesia, la ONU, la Cruz Roja y los diplomáticos de los "países amigos", la UNASUR, la OEA y las ONG's que no impulsaron una sola iniciativa concreta para lograr otro desenlace, quizá igual de triste, pero tal vez menos dramático.

En el plano de la realidad concreta, sin embargo, además del desconcierto queda una frustración en el alma de la nación entera. ¿El gobierno agotó todos los medios para preservar la vida de estas tres personas? O fue como dijo un diligente capitán de la Policía ecuatoriana en rueda de prensa: “Nos comunicábamos 10 minutos con alias Guacho por WhatsApp hasta que perdimos el contacto...”

¿Hizo algo el medio de comunicación en el que trabajaban estos periodistas más allá de publicar espacios de condolencia, una vez conocido su desafortunado destino? ¿Qué decisiones se han adoptado sobre los seguros de vida o la asistencia económica que recibirán sus deudos?, por ejemplo. 
Y en el plano periodístico ese matutino ¿exigió desde sus páginas -como lo ha hecho en otras ocasiones con temas mucho menos relevantes- respuestas claras y acciones decididas de los gobiernos de Ecuador y Colombia, o se limitó a interpretar las voces oficiales con un cierto sesgo que -a la luz de los hechos- se parece a la complicidad, característica de la prensa gubernamental?

Preguntas abiertas que siguen lacerando la conciencia de todos. Que ahora se aplique la teoría de los hechos consumados es simplemente inaudito.

El Ecuador en su conjunto abandonó a tres civiles inocentes y pese a ello todo sigue igual, solo que con las banderas a media asta, la ratificación en sus cargos de los ministros encargados de solventar el tema, un escueto llamado a la unidad nacional y el infaltable luto oficial.

lunes, 11 de diciembre de 2017

CONSULTA POPULAR ¿COMPROMISO DE SEGUNDA VUELTA?

Por: Cactus

Foto tomada de la web
Tras seis meses de gestión del actual Gobierno, y luego de hacerse públicas las filtraciones de audio sobre la existencia de negociaciones de una fracción de Alianza País (AP), con cierta parte de la oposición ecuatoriana, con el propósito de crear las condiciones necesarias para lograr su triunfo en las últimas elecciones presidenciales, se puede ensayar el escenario de la convocatoria a la consulta popular como un compromiso adquirido en la segunda vuelta entre esas tendencias políticas, y de cómo los primeros pasos para concretarla al contrario de soluciones estarían dificultando su camino. 

El Gobierno inició una serie de diálogos, en sus primeros cien días de administración, con quienes el ex presidente Rafael Correa mantuvo sendas controversias. La oposición se exaltó positivamente con estos encuentros, incluso algunos de sus representantes proclamaron a viva voz “se respiran aires de libertad” gracias a la apertura del Ejecutivo, como una forma de balancear la gestión política del actual Gobierno con la administración anterior.

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La dirigencia de AP cuestionó la transparencia con la cual se llevaban a cabo dichos conversatorios, y los denunció de ser solo un mecanismo para concretar acuerdos previos, electorales, de repartos de las instituciones del Estado o, de otros recursos, como el dinero electrónico a la banca. La reacción del Gobierno fue acusar a esta dirigencia de tener un comportamiento ovejuno, una forma grotesca de calificar su oposición. No obstante, con el tiempo se podría distinguir a ese discurso como parte de una estrategia global para operar la consulta popular.

Las actuales filtraciones de audio han evidenciado que la dirigencia de AP no estaba del todo equivocada, pues la grabación filtrada ratifica la existencia de negociaciones políticas durante la segunda vuelta electoral, confirmada las sospechas es pertinente preguntarse cuál fue el alcance de esa negociación, ¿acaso convocar a consulta popular? No es ocioso pensarlo dado el perfil histórico de la oposición, pues la derecha ecuatoriana ha demostrado no ceder a nada mientras no esté segura de comerse el pastel entero, esto se traduce en volver al control del Estado, y lo alcanzarían si logran reposicionarse en el manejo de las autoridades de control si se dan nuevas designaciones, de ganar la pregunta sobre cambios en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Si el Gobierno negoció con la oposición la convocatoria a la consulta popular, debía estar consciente de que su postura traería consigo el enfrentamiento con buena parte de AP, incluso poner en juego el respaldo de su estructura política hacia la consulta. De ser así, ¿cómo podría manejar estos riesgos? Los hechos permiten delinear dos posibles respuestas: a) consolidar su articulación con la oposición y b) dar inicio a una nueva formación política.  

Foto tomada de la web
La convicción y la efervescencia con la cual el Gobierno pronunció su discurso de descalificación de AP y a su herencia política, al punto de asegurar que “hoy se llama revolución a cualquier pendejada”, promovía una identidad fuerte con la oposición. A la par, se construía un nuevo frente político con las organizaciones inmersas en Somos Ecuador (Centro Democrático, liderado por Jimmy Jairala, y Compromiso Social, con Iván Espinel a la cabeza, actual ministro del MIES, entre otros) con el objetivo de respaldar la consulta popular, pero su aún débil convocatoria a las calles puso en evidencia la necesidad de contar con más tiempo para consolidarse socialmente, pero el Gobierno ha demostrado no poder esperar, más cuando CEDATOS anunció una tendencia a la baja en las encuestas de apoyo ciudadano a esta iniciativa.  

En los últimos años, la estructura política nacional de AP ha sido la más exitosa en cuanto a ganar campañas electorales se refiere. Si el Gobierno deseaba mantener distancias con ella y al estar consciente de la necesidad de más tiempo para sentar bases políticas sólidas a Somos Ecuador, ¿cuál alternativa le quedaba para respaldar la operación política de la consulta?

Entre los años 2015 y 2016, los partidos y los movimientos políticos histórica e ideológicamente antagonistas se acercaron para conjugar poco a poco un frente de rechazo al correísmo. Los diálogos de sus dirigentes no estuvieron exentos de polémicas y desplantes mutuos. Sin embargo, pudieron establecer una primera comunicación entre ellos, aunque sin mucho éxito. Ya en el 2017, en segunda vuelta electoral, esa sinergia se transformó en proclamas a los ciudadanos porque se sufrague teniendo conciencia de un voto útil, es decir, elegir como presidente a un banquero para así dar por terminada la era correista, a la cual calificaban de nefasta para el desempeño de la democracia. El desenlace final es conocido.  

La oposición aprendió de ese ejercicio la capacidad de diálogo entre sus organizaciones, indistintamente de sus tendencias políticas, siempre y cuando abandonen los extremos del espectro político donde suelen estar ubicadas, esto es moverse más hacia el centro político, espacio donde pueden concertar de mejor manera sus intenciones, sin tantos apasionamientos ideológicos. En ese momento nació una nueva plataforma política para empujar con otros matices la oposición al correísmo.

En ese centro político los contrastes ideológicos se difuminan, dejan de ser visibles y surgen posiciones más moderadas, junto a otras identidades políticas menos exaltadas en el manejo de los asuntos públicos. Las fuerzas políticas abandonan tentativamente sus puntos de controversias para dar paso a aquellos que les permitan converger en objetivos comunes, aunque su duración dependerá de las circunstancias políticas que deban sortear.

En consonancia, el Gobierno ha dicho representar un momento de moderación política, un estilo distinto al de su predecesor, menos confrontador y más dispuesto a escuchar a los otros, para dar muestras de ello emprendió los diálogos con los detractores del ex presidente Rafael Correa, y cuando acudió al ataque a la dirigencia de AP consiguió el apoyo más efervescente de la oposición.

Los calificativos hacia PAIS no constituyen entonces  una mofa a las posiciones de su dirigencia. Al contrario, son señales de querer acercarse a otras estructuras políticas para afianzarse en ellas y gestionar desde su interior su respaldo para operar la coyuntura política en el corto y en el mediano plazo.

El discurso del Gobierno empezaba a dar frutos, a tomar forma con la oposición, el primer click con ellos promovía bríos de seguridad. En ese espacio, AP se veía como una organización con poca capacidad de incidencia en la coyuntura política, incluso sus más acérrimos contradictores vaticinaban su muerte. Empero, un nuevo hecho dio cuenta de que esas coincidencias no gestaban fuertes estructuras políticas como demanda el Gobierno.  

La reacción del Gobierno al cambio de la directiva nacional de AP evidenció errores en sus maniobras para organizar la operación de la consulta popular con una nueva estructura política, si fuera lo contrario no habría desplegado medidas cautelares para frenar su designación y así evitar su inscripción en el Consejo Nacional Electoral, CNE. La acción gubernamental vislumbró también la fragilidad del alcance nacional de la estructura política en gestación. Por eso el interés del Gobierno de controlar la directiva de AP, de no hacerlo su operación política de la consulta podría verse limitada en el territorio. Aunque logre un triunfo el próximo febrero, si no cuenta con una eficiente gestión política de la consulta popular su éxito estará condicionado a alcanzar su aprobación en las urnas con un estrecho margen de ganancia,  disminuyendo así su capacidad de maniobra política, por no decir su gobernabilidad. 


jueves, 7 de diciembre de 2017

LA CONSULTA DE MORENO

Por: Wilson Benavides

Foto tomada de la web

Desde tiempos inmemoriales, la política siempre fue la expresión de la fuerza a través de otros medios y fue el “siglo de las luces” el que otorgó a la razón un lugar central para la conquista y el ejercicio del poder a través de las leyes y posteriormente de las urnas, pero resulta que en nuestro país esa lógica funciona al revés. Ya no es la razón sino la fuerza la que hoy se impone.

Estupefactos, asistimos -en pleno siglo XXI- a otro capítulo obscuro de nuestra República que creíamos ya superado y que utiliza la arbitrariedad para resquebrajar la institucionalidad democrática del Ecuador con un falso argumento: el clamor popular.

Las tres consultas populares convocadas por el gobierno anterior (2007, 2011 y 2017) eran catalogadas por los ilustres intelectuales de la oposición como un ejercicio de “democracia delegativa” (O'Donnell) donde, según su interpretación, el ejercicio del gobierno y las instituciones estaban supeditados a la voluntad discrecional del gobernante y legitimados a través del pueblo, convocado permanentemente a las urnas.

Foto tomada de la web

Curiosamente este concepto ha sido omitido deliberadamente del debate público tras la decisión del licenciado Moreno de convocar a la consulta popular y referéndum omitiendo el control previo constitucionalmente establecido. A nivel político, esa decisión es una clara muestra de dos de sus más grandes temores.

Uno, miedo a la falta de contundencia jurídica de sus propios argumentos que el pasado 15 de noviembre -durante la audiencia de sustanciación del referéndum- quedó demostrada en todo su esplendor a través de una intervención que dejó muchas dudas en los mismos jueces constitucionales por su falta de claridad y pobreza argumentativa.

El segundo temor que aqueja el alma del licenciado es no lograr hacer sombra al liderazgo de su antecesor que pese a los escándalos de corrupción y a toda la infamia lanzada en contra de su gobierno, mantiene aún importantes niveles de credibilidad, no en los medios ni en las encuestas sino con las clases populares, con la gente más humilde.

El respaldo que no se logra evidenciar en las calles se quiere fraguar en las instituciones y curiosamente con la misma institución que hace 12 años destituyó a 57 diputados para viabilizar la consulta popular de 2007 que instaló la Asamblea Constituyente de Montecristi. El entonces Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue decisivo para concretar esa iniciativa -que apenas dos años antes (2005) tras la caída de Lucio Gutiérrez-, le fue negada al gobierno de Alfredo Palacio.

Eran otros tiempos, sin duda, pero ahí sí -efectivamente- había un clamor popular real que se expresó a través de la indignación ciudadana de las clases medias urbanas nunca antes vista y que no tenía antecedente similar ni relación alguna con la lucha indígena inaugurada con el levantamiento general de 1990.

Los denominados “forajidos” justamente terminaron con el gobierno de Gutiérrez y varias de sus figuras más visibles como María Paula Romo, Pabel Muñoz, René Ramírez, Sebastián Roldán, entre otros, ocuparon altos cargos en el gobierno de Rafael Correa, que capitalizó el descontento ciudadano en contra de una clase política tradicional y corrupta.

Es esta realidad, la del 2005, la que perversamente se quiere reproducir ahora con el falso argumento de la indignación ciudadana ante la corrupción del gobierno anterior, pero con un vicepresidente preso y varios procesos judiciales en marcha contra un sin número de involucrados en estos actos, ese argumento se diluye ante los ojos ciudadanos.

Quizá porque solo Correa fue capaz de capitalizar el clamor popular del “fuera todos”, pero ahora es con “todos ellos” a la cabeza con los que se busca apalancar la consulta del licenciado Moreno. Y nombres sobran, basta con mencionar a Jaime Nebot, Paco Moncayo, Marco Troya, Gustavo Baroja, Abdalá Bucaram y una lista interminable de políticos tradicionales que aplauden esa iniciativa que se realizará el 04 de febrero de 2018.

Lo cierto es que el Ecuador de hoy asiste a una escena ilógica. Queremos superar el pasado correísta pero acudimos para ello a lo más nefasto de la política tradicional. ¡Qué contrasentido! ¿Dónde está el clamor popular de los ciudadanos de a pie? A ellos a quienes lo que verdaderamente les importa es un trabajo y un sueldo digno y de eso nada de nada o díganme si en estos meses de gestión ya se ha reducido el desempleo o se han construido las viviendas populares tan anheladas por nuestro pueblo pobre. La respuesta es NO.

Por eso es evidente que lo que esta consulta pretende es apalancar un frente de apoyo al gobierno nacional no con la ciudadanía sino con los partidos de siempre, no con la gente sino con los políticos tradicionales y no respetando la institucionalidad sino obviándola e invocando una ficción.

Lo real es que la consulta busca superar y enterrar definitivamente el segundo temor del licenciado. Hay una evidente intención de bloquear una futura participación electoral de Rafael Correa eliminando la enmienda sobre la postulación sin restricciones, similar a las argucias utilizadas desde el retorno mismo a la democracia (1979) cuando se impidió la candidatura presidencial de ex mandatarios para obstaculizar la participación de José María Velasco Ibarra o de Carlos Julio Arosemena. ¿La historia se repite? Al parecer es pura coincidencia.