Novelería, desmemoria e inacción en épocas cuánticas

Por Donato.

Algunos dirán que la pobreza, la falta de empleo y la corrupción son los principales problemas de Ecuador. Ciertos manipuladores (y manipulados) dirán “el Correa” y por ahí, uno que otro, les echará la culpa a los gringos o al finadito Hugo Chávez. Sin embargo, hay otros males que nos aquejan…

Hace unos años pensaba que la novelería y la desmemoria impedían el ejercicio de una política decente, de una política que sirva exclusivamente para el gobierno y la organización de la sociedad. Lamentablemente hay un tercer elemento que ahora impide ejercer una política sana: la inacción.

Hace más de 10 años, cuando apareció una propuesta revolucionaria que intentó ponerle fin a la politiquería oscilante, entre la derecha conservadora y la aparente izquierda, la gente parecía despertar para romper definitivamente con esa clase política “atrasapueblos”.

¡Era tan motivador y esperanzador ver a hombres y mujeres, especialmente a los jóvenes, dispuestos a mandarle “al Cairo” a todo aquello que nos había sumido en la desazón, la migración desesperada y la vergüenza de haber nacido en Ecuador!

Cuando llegó al poder un proyecto político que se fue contra ese status quo parecía que los ecuatorianos y ecuatorianas llegamos a una madurez política. Sin embargo, desde ese momento, también se libró una guerra mediática que dura hasta estos días con eso de la “descorreización”. Claro, los medios de comunicación (aunque sus voceros lo nieguen) son actores políticos que meten sus narices en la política, sin tener legitimidad democrática.

Con los años y a medida que la situación del país fue mejorando en salud, educación, vialidad, gestión del Gobierno, civismo e incluso hermandad entre ciudadanos de las distintas regiones (Costa y Sierra, especialmente), los jóvenes, adultos y hasta “los viejecitos”, como los llama un politiquero de la actualidad, perdieron banderas de lucha y con ello memoria.

Las nuevas generaciones, las que nunca fueron testigos de un cierre de carreteras, las que nunca aspiraron gas lacrimógeno y no vivieron la represión de todos los gobiernos anteriores, empezaron a protestar por el costo de la Nutella. Los otrora jóvenes, ya con trabajos estables, o los más adultos (descendientes de la “aristocracia” quiteña), salían a la Shyris o la Ruta Viva con sus “carrazos”, para tomarse la foto y subirlas a redes sociales: la novelería y la desmemoria en su máxima expresión.

¿El costo de la Nutella era nuestra mayor preocupación? ¡Qué mal leímos todo! Había tantos temas o causas por las cuales podíamos alzar nuestra voz. Si ya pasamos la etapa de las escuelitas unidocentes, si ya los centros de salud estaban mejor equipados, si ya habían becas para que la juventud vaya al exterior a estudiar en lugar de hacer “yuca”, era el momento de otras exigencias, pero no, nos quedamos en la inacción.

Ahora que estamos bajo un “Régimen Cuántico”, que ejecuta un plan de gobierno contrario al que propuso y por el que ganó, la cosa se está poniendo fea. Estamos viviendo rebrotes de protesta social, la Plaza Grande, en Quito, anda acordonada últimamente; las carreteras del país son cerradas por agricultores, se eleva el costo de los combustibles, se piensa en la privatización (hoy llamada “concesión”).

Y, por si fuera poco, los medios de comunicación nos ponen nuevamente a pensar: ¿Bucaram o Nebot? A ver, un ratito… ¿regresamos 10 años? Ya vamos como 20… a este paso es muy probable que aparezca el “Bombita” Lara, mande al cuerno a todos y volvamos a la Dictadura Militar.

Simón Bolívar dijo: “Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción; la ambición, la intriga, abusan de la credulidad y de la inexperiencia de hombres ajenos de todo conocimiento político, económico o civil…”. Eso nos está ocurriendo ahora y no hay acción ni reacción popular. La democracia es también participación, con la cual se puede impedir que regrese ese pasado que tanto daño hizo al país.

Reseña del texto: El Estado en disputa.

Por:  Dra. PhD. Adoración Guamán

         Profesora Univ. Valencia

         España.

El reto

La obra El Estado en disputa, editada por Julio Peña y Lillo E. y Jorge Polo Blanco, reúne un conjunto de textos que desde la transdisciplinariedad, invitan al lector a adentrarse en un debate tan imprescindible como impostergable: la revisión, desde la óptica de las izquierdas transformadoras, de la reconfiguración que los estados posneoliberales han hecho de la idea y la praxis del Estado como herramienta de transformación social.

Se trata sin duda de una reflexión que nos lanza a un terreno complejo, especialmente en un escenario de contraofensiva neoliberal salvaje, donde muchas voces apuestan por un cierre de filas en torno a la defensa de los proyectos desarrollados, esperando un mejor momento para abordar el debate respecto de los errores y aciertos cometidos. Lejos de asumir esta posición de cautela, la obra cobra una particular relevancia por constituir una apuesta valiente y fundamentada, por la apertura de un diálogo que no debe retrasarse, mucho menos en el ámbito de la ciencia crítica militante.

El reto que se plantean y nos trasladan las autoras y autores, es (re)pensar el Estado como espacio de construcción y campo de batalla, y en este contexto evaluar su potencial como herramienta a partir de la cual se puede ejercer un contrapoder frente a la vorágine del capitalismo neoautoritario y como instrumento al servicio de la transformación social. Desde esta reflexión comparten la necesidad de revisar lo avanzado, de reflexionar los caminos y analizar los errores.

El desafío así planteado impugna a las izquierdas, lato sensu, retomando la idea de la posibilidad y necesidad de modificar la tradicional infraestructura burguesa del Estado y de recuperar la construcción popular histórica de la nación, retomando algunas improntas del pensamiento de Bolívar Echeverría, cuya huella se percibe en buena parte de la obra.

El relato

El Estado en disputa plantea por tanto, la apertura de un debate, ni fácil ni cómodo, en un momento de crisis epocal del capitalismo, una crisis que sus autoras y autores relatan y caracterizan de manera tan descarnada como incisiva en diversos capítulos.

El cuestionamiento de la adecuación de “teoría del fin de ciclo” como explicación de la ofensiva neoliberal en Latinoamérica, planteada por Arizmendi, sirve de pórtico de entrada al relato de la contraofensiva a la que se enfrentan los Estados, y las izquierdas, posneoliberales en América Latina. Este relato parte de una idea fundamental: no se trata como señalan los autores, de una embestida que pretenda una mera vuelta al pasado neoliberal. La contraofensiva se orienta hacia el asentamiento de un capitalismo neoautoritario, conservador y violento, maximizando las vías de acumulación por desposesión en un intento de subordinación global.

Para conseguir este objetivo, se han retomado herramientas ya ensayadas en la región (programas de ajuste, endeudamiento, tratados de inversión, desposesión nacional a través de la entrega de los bienes públicos y comunes al capital privado transnacional) a las que se añaden dinámicas brutales orientadas a intervenir la cultura política de los estados posneoliberales y a impugnar directamente el Estado de derecho.

La alianza estratégica entre los Mass Media, Poder Judicial y corporaciones, orientada a cortocircuitar posibles vías de resistencia, la exacerbación de la violencia (el llamado capitalismo necropolítico); el autoritarismo de mercado en sus nuevas expresiones de integración económica regional; la “despolitización” mediante la usurpación de capacidades de decisión a las mayorías sociales; el desgarramiento xenofóbico que se está produciendo en el interior de los dominados modernos, son estrategias para conseguir engrasar el avance del capitalismo neoautoritario en América Latina. Todas estas dinámicas son claros ejemplos de las dinámicas de asalto al Estado, perfectamente narradas a lo largo de la obra.

En palabras tomadas de la obra, todo lo que el Estado debe controlar para ejercer sus funciones se traslada a las manos del capital transnacionalizado incontrolable, que se afirma públicamente como incontestable y que delimita las fronteras mismas de lo posible y de lo que podemos (o debemos) imaginar. Se trata, así, de una deriva que pretende conducir a la región hacia sistemas eminentemente posdemocráticos, erigidos frente y contra los logros de los Estados posneoliberales.

De manera acertada, para analizar esta situación, el capítulo de Jorge Polo pone en el punto de mira del análisis a esos “poderes salvajes”, a los poderes financieros apátridas, al fascismo financiero, como la forma más virulenta de los nuevos autoritarismos que están asaltando la región (y el planeta) y avisa del profundo ajuste disciplinario en la vida social que pretenden. La influencia devastadora de la administración Trump, como punta de lanza del asalto al Estado, es narrada con detalle por Arizmendi en el capítulo de cierre.

Certero y descarnado, el análisis se apuntala con una revisión de la obra de múltiples autores y teorías que se entretejen para forjar una construcción científica crítica sólida, entre las que destacan el recorrido realizado por Cristina Morales respecto de la influencia del ordoliberalismo en los procesos señalados y la crítica hecha, vivida y pensada desde la teoría feminista, de la mano de los capítulos de Morales y Alejandra Bueno.

Disputar el Estado

Frente a la idea de un Estado que integra, desarrolla e impulsa los principios generales del capitalismo en la constitución y organización social, las y los autores oponen la idea de los Estados posneoliberales, en sus diferentes tipologías y alcances, sin dejar de debatir acerca de sus logros, carencias y retos. Esta problematización del rol del Estado es imprescindible, como recuerdan ambos editores de la obra, si se pretende construir un discurso y una praxis desde el Estado que devengan verdaderamente contrahegemónicas.

Esa idea, la revisión y construcción colectiva es, como se señaló en un inicio, una de las principales virtudes del libro. La aparición en el relato de autores como Poulantzas recupera debates especialmente atractivos y necesarios en el momento actual. Analizar los desafíos que plantea la voluntad de acceder a las instituciones para desde y en ellas crear una institucionalidad alternativa y modificar la correlación de fuerzas dentro del Estado, es un paso previo para poder debatir acerca de qué grado de consecución de este objetivo de transformación se ha conseguido hasta la actualidad y cómo se pueden plantear los desafíos futuros.

La tensión existente entre los distintos capítulos del libro entre la denuncia del Estado como estructura de reproducción de la dominación patriarcal capitalista y la confianza en el mismo como herramienta de transformación social, no sólo no impide el desarrollo de una serie de propuestas compatibles entre sí sino que enriquece el necesario debate acerca de la relación entre movimientos sociales y Estado.

Entre estas propuestas, resalta Arizmendi, que la lucha contra la tendencia neoautoritaria nos exige superar la polarización (o polarizaciones) existente y tejer acuerdos entre los movimientos estadocéntricos y los movimientos autogestivos. En un sentido similar, Bouhaben remarca la necesidad de establecer mecanismos para conjugar las fuerzas de los movimientos sociales con las fuerzas orgánicas de aquellos partidos políticos que, desde las instituciones de Estado, hagan frente común ante la depredación del modelo hegemónico neoliberal. Con otras palabras, y en sentido más amplio, Piñero nos recuerda que la propuesta de un Estado más centrado en lo común pasa necesariamente por una mayor aceptación de la diversidad y un diálogo para y con la sociedad civil.

Mantener esto no se afirma en la obra como algo sencillo, pasado el momento de euforia constituyente, la experiencia demuestra que el paso complicado es la institucionalización-normalización de los procesos de apropiación del Estado manteniendo las líneas de creación de lo común, de infiltración y transformación de las instituciones, que deben plasmarse en profundas reformas jurídicas pero también vivirse en el día a día de la praxis política. Se trata, como recuerda Polo, de la generación de un nuevo sentido común o imaginario, con capacidad para construir una nueva hegemonía cultural en un escenario que debe estar marcado por la infiltración permanente desde los movimientos sociales, por el cuestionamiento continuo desde la lógica de las y los oprimidos, manteniendo a la vez la capacidad de gobierno, de transformación y de resistencia. En palabras de este autor, se trata de apropiarse del Estado, no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta de combate decisiva, para contrarrestar la enajenación de lo político por parte de las imposiciones de la ley de mercado y realizar una política de transformación comprometida con las necesidades reales del país.

No es una tarea fácil, como señalan los autores hay que oponerse al doxa neoliberal de “no hay otra alternativa”, para apostar por una forma de Estado transformador, vinculado a la política desde abajo, generando procesos continuos de expansión democrática que integre a los grupos subalternos y haga política desde las necesidades de las y los oprimidos.

Abriendo la puerta a semejante tarea, la lectura cumple con el objetivo de lanzar un debate imprescindible, de plasmar el escenario de la disputa en toda su crudeza y con rigurosidad y de plantear los retos con contundencia. La frescura del texto se debe también -sin duda-, a su origen, como una experiencia de construcción colectiva del pensamiento, llevado a cabo en el marco del Seminario Permanente de Pensamiento Crítico Bolívar Echeverría, acogido por CIESPAL entre 2015 y 2017. Es precisamente esta mirada poliangular del Estado, nutrida de referencias teóricas imprescindibles, lo que dotan a este libro de un especial interés como reflexión atrevida desde la ciencia crítica y transformadora.

Ediciones CIESPAL, Quito. Ecuador

Año 2018

N° de páginas: 198

ISBN: 978-9978-55-174-5

Recomposición oligárquica y el colapso de la democracia ecuatoriana

Por David Martínez

Tras 10 años de dictaduras, en el año 1978 el Ecuador emprendió en lo que el triunvirato militar llamó el "Proceso de Retorno". La lógica de aquel entonces dictaba que los gobernantes militares implementarían, de forma progresiva, procesos electorales bajo su tutela a fin de que el país cuente con nuevas autoridades elegidas democráticamente además de un orden constitucional novedoso. Se quería impedir que el sistema regrese al orden oligárquico tradicional que, salvo instancias de progreso aisladas, produjo un agotamiento anterior y condujo a una intervención militar reformista. Los militares, en toda su iluminación libertaria, creían en la necesidad de consolidar la institucionalidad del Estado a fin de limitar las imposiciones de los sectores pudientes y caudillos que se habían enquistado en los partidos tradicionales desde los años 50 y 60. Además, se quería otorgar mayor representación a sectores populares que hasta el momento habían sido excluidos del proceso democrático.

En las primeras elecciones presidenciales libres, ganó, de forma sorpresiva, el abogado Jaime Roldós Aguilera con una propuesta progresista de centro izquierda que incomodó de inmediato a los grupos de interés pertenecientes a las burguesías costeñas y serranas. La transición a un nuevo Estado de Derecho no estuvo libre de tropiezos pues aún quedaban rezagos de la sociedad ecuatoriana conservadora que habría preferido la permanencia de la dictadura militar, al igual que sectores empresariales que se habían acostumbrado a la obsecuencia castrense a sus caprichos mediante el subsidio permanente de sus aventuras industrializadoras.

Desde un inicio se quiso controlar políticamente al Ejecutivo e impedir excesos desde el Legislativo. De arranque existió una permanente obstaculización a la agenda política del Ejecutivo lo cual desembocó en una pugna de poderes que contribuyó a la devaluación de la política a nivel público. En las décadas de los 80 y 90 las disputas políticas y el permanente chantaje de desestabilización generaron un rechazo generalizado de la clase política. El juego de peso y contrapeso de los poderes fue excesivamente flexible al punto de impedir la consolidación de institucionalidad.

Existió un ejercicio consecutivo de elecciones libres y periódicas hasta el año 1996 cuando se da la expulsión irregular de Abdalá Bucaram de la Presidencia de la República. A los seis meses de haber sido posesionado, las fuerzas políticas de oposición se juntaron para promover su salida. Con la excusa de “incapacidad mental para gobernar”, figura inexistente en la Constitución de aquel entonces, se logró su destitución en medio de una convulsión social manufacturada. Para entonces, el multipartidismo contribuyó a un fraccionamiento de la representación y la existencia de gobiernos débiles. Este sistema históricamente fraccionado había limitado la gestión gubernamental y obligado a los gobernantes a buscar alianzas frágiles. También limitó la capacidad de estos en la consolidación de agendas políticas de largo aliento. Sin embargo, el golpe de Estado a Bucaram marcó la profundización de una crisis de gobernabilidad que dio paso a un sin número de inconstitucionalidades y actuaciones irregulares, todo en nombre de la recuperación de la democracia.

El reformismo permanente en el que cayó la clase política ecuatoriana en esa fase (que duró hasta el año 2006) hizo que las organizaciones multilaterales declaren al Ecuador un Estado inviable por su inestabilidad política, inseguridad jurídica y permanente caos institucional. Siempre tras bastidores, la prensa ecuatoriana (comúnmente en manos de sectores empresariales) ha jugado un papel activo de “control político” y de mecanismo de presión a través de la manipulación de la opinión pública y la obstaculización directa a la construcción de la diversidad de opiniones. De esta manera, la prensa privada se ha convertido en un mecanismo de imposición de posiciones de sectores pudientes en lugar de funcionar como contrapeso al poder constituido.

Durante toda la decadencia del sistema democrático ecuatoriano desde el retorno a la democracia, los sectores políticos ecuatorianos insistían en su inclusión en la toma de decisiones y en la consolidación de una democracia genuinamente participativa. Sin embargo, lo que se vivía eran en realidad ciclos de recomposición oligárquica que requerían de actores secundarios para su legitimación en una confabulación corporativa perversa. La única constante para la permanencia de la democracia ha sido la capacidad de adaptación a las características de equilibrios y fraccionamientos en un juego político informal que sobrevive a pesar de la inestabilidad.

Es en esa década (1996 a 2006) que se da una convergencia simultanea de crisis tanto de representación, de gobernabilidad, como de reivindicaciones sociales exacerbadas por el fracaso de políticas económicas de corte neoliberal. En este periodo el país vive una agudización de las polarizaciones internas y obstaculización en la que se destaca un creciente irrespeto a las reglas establecidas. Si bien, el Congreso legitima las salidas de Abdalá Bucaram (1996), de Jamil Mahuad (2000) y de Lucio Gutiérrez (2005), fue la acción colectiva y la movilización social las que promulgaron la destitución irregular de presidentes. Así, la protesta llevó a situaciones de hecho que transgredían la institucionalidad y los canales de ventilación supuestamente establecidos. La protesta, en este periodo de ingobernabilidad, se convirtió en parte del sistema político. Cabe destacar que las normas de aquel entonces otorgaban a las FF.AA. un papel de mediador y garante de la democracia, figura que se modifica con la Constitución de Montecristi del 2008 y la Ley de Seguridad Pública.

Los partidos políticos entraron en crisis lo cual permitió la emergencia de agrupaciones menos tradicionales lideradas por figuras de televisión o empresarios. Así mismo, la corrupción generalizada generó un desgaste de toda la clase política y la pérdida de confianza. Esto también desembocó en una creciente apatía hacia el sistema democrático como tal, al punto de que el segmento de la población que dice que le da lo mismo un sistema democrático o no democrático se ha incrementado significativamente. Hasta el 2017 se hablaba crecientemente del fracaso de la democracia como sistema para satisfacer las expectativas de igualdad de derechos o una extensión de derechos.

El hastío con las dirigencias partidarias tradicionales ha llegado a un punto de inflexión. Sin embargo, lo que se vive en el Ecuador al año 2018 no es una mera rearticulación del neoliberalismo sino algo más profundo y rupturista: la recomposición de fuerzas oligárquicas que, sin contrapeso social alguno, tiene vía libre para la consolidación de una plutocracia criolla que instaura de facto un sistema exclusivamente corporativo, jerárquico, personalista y excluyente, al margen de todo precepto democrático. Sobre esa plataforma se ha desatado un fuerte elemento de persecución y judicialización del conflicto político, que no ha sufrido crítica alguna o mínima de la comunidad internacional de derechos humanos prodemocracia que se limita a mirar impávida la descomposición de la institucionalidad democrática.

En suma, estamos ante un escenario de sordo revanchismo e ilimitada hambre de poder que desconoce en absoluto a los segmentos de la comunidad política que antes habrían contado con, al menos, una cuota de poder para satisfacer sus exigencias de inclusión. A eso debemos agregar la supuesta reestructuración del sistema que se dio sin el aval electoral de la ciudadanía o, al menos, desconociendo antojadizamente parte de ella, pues en los comicios presidenciales de 2017 una mayoría democrática del 52% votó por la continuidad de un proyecto progresista y de justicia social; no por la aplicación de políticas regresivas, represivas y excluyentes. 

Al cierre del año 2018, el Ecuador vive una vacancia constitucional (figura inexistente en la Constitución), no cuenta con Fiscal General de la Nación, Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura, Contralor, Consejo de Participación Ciudadana y se ha designado al tercer vicepresidente en 18 meses, por lo que efectivamente se ha consumado un golpe de Estado transicional que ha desmontado la institucionalidad del Estado y ha reducido las funciones de transparencia, control social y sistema judicial a los encargos transitorios de personajes puestos arbitrariamente por su afinidad política.

De modo que no se trata tan solo de la descomposición del orden constituido sino de un panorama aún más dramático y de difícil pronóstico en cuanto a su desenlace (aunque todo apunta a que pueden reeditarse escenarios de desestabilización y convulsión como los de 1997, 2000 y 2005): un ataque al sistema de representación que ha dejado inservible al Estado y, por ende, afectado sus funciones como garante supremo del bienestar de la sociedad. Hay una apropiación del poder sin legitimidad que el país jamás ha visto: los poderes conservadores se han enquistado en los remanentes de la institucionalidad del Estado a fin de apuntalar una agenda privatizadora, corporativa y plutocrática que se sostiene sobre la vendetta como único elemento articulador de una flácida administración de justicia, hoy convertida en el martillo que simplemente se encarga de clavar sobre el suelo las picotas en las que se colgarán las cabezas de los “trofeos” sentenciados por las elitistas corporaciones de comunicación para justificar, precisamente, ese afán revanchista y la toma del poder mediante el odio.

A espaldas de la ciudadanía han impulsado una agenda económica regresiva, reaccionaria y de austeridad que ha significado altos índices de desempleo, despidos masivos, fuga de capitales y beneficios tributarios para el empresariado. Los avances en materia de protección social y reducción de la pobreza de la década entre el 2007 y el 2017 han quedado aniquilados, así como la incipiente institucionalidad que dejó armada. El país, al parecer, retorna a su estado natural de caos e inestabilidad y la clase política, cual parásito, ha encontrado la mejor manera de adaptación al nuevo ambiente.

Eliminación de los subsidios, explosivo coctel de fuerzas políticas

Por: Frijolero.

El anuncio del Gobierno de revisar el subsidio a los combustibles, agita el avispero político. Tal es la polémica que el debate pasó de una revisión total de los subsidios a tan solo analizar la posible eliminación del subsidio a la gasolina súper que consumen automóviles de alta gama. Según el Gobierno, esto representaría un ahorro al erario público de 130 millones de dólares anuales.

El Ministerio de Finanzas, con Richard Martínez a la cabeza, asegura que es necesario el ajuste porque se necesita optimizar el gasto público, mientras la población empieza a preguntarse ¿Por qué entonces se perdonan cerca de 4 mil millones de dólares en impuestos a los grupos empresariales más importantes del país? ¿Lo más lógico no sería cobrarles?

La noticia también moviliza a las diferentes corrientes políticas como Unidad Popular, antiguo Movimiento Popular Democrático (MPD), que manifestó recientemente la preparación de una reunión con diferentes fuerzas sociales para analizar cuál sería la posición que asumirían en caso de darse la eliminación de los subsidios bit.ly/2OsBUvF. El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), se prevé participe en esta cita, así como representantes de la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador (CONAIE).

El FUT es la organización sindical más volátil de los tres actores colectivos. Los últimos meses ha permeado su lucha histórica con dos acontecimientos, provocando contradicciones sobre cuáles son sus fines: legitima socialmente a quien durante varios años se opuso fervientemente a las mejoras salariales  bit.ly/2OU5VFs y ha pedido paciencia a la población, una vez conocidos los indicadores de caída del empleo fijo, haciendo suyo el sentido dado por las cámaras empresariales a dichos datos. ¿Podría abstenerse de emitir comentarios si se eliminan los subsidios? La respuesta dependerá de cómo presionen Unidad Popular y la CONAIE.

En todo caso, si estas fuerzas políticas deciden reagruparse y encarar la posible eliminación de los subsidios, podrían crear las condiciones de emergencia de un nuevo reposicionamiento de la izquierda en el espacio público, incluso ganar simpatizantes o adeptos a sus causas, en especial cuando Alianza País y sus apéndices han dejado de ser maquinarias de generación de identidades políticas, luego de la confusión ideológica generada por el propio Gobierno.

En ese escenario, el Movimiento Acuerdo Nacional (MANA) no tendría cabida. Su dirigencia batalla aún otros frentes, a causa de no saberse quién es su representante legal reconocido por la autoridad electoral, poniendo en duda su posible inscripción en los registros del Consejo Nacional Electoral. Mientras resuelve el percance, el reposicionamiento de la izquierda toma impulso con otras corrientes políticas. Hasta tanto, como fuerza política real, solo tiene firmas de respaldo a su haber, pero eso no significa que su dirigencia vinculada al correísmo está herida de muerte.

Las cámaras empresariales han salido nuevamente a tomar partido. Sus voceros aducen que la eliminación del subsidio se justifica en la necesidad de no donar dinero del Estado a los más ricos, por eso la pertinencia, según sus criterios, de bajarse el subsidio de la gasolina súper. Sin embargo, su postura recoge una verdad a medias, porque la clase media utiliza también la gasolina súper para movilizare, y su estratificación no es precisamente la de más ricos.

Como la clase medía construye su identidad a partir del consumo, de verse limitado su acceso aquellos servicios relacionados con el uso de la gasolina súper lo más probable es que empiece a distanciarse de quienes empujan su eliminación. Y como la derecha está concentrada en apoyar las medidas de ajuste, la clase media entraría en un vacío de representación política, y podría ver una opción en el reposicionamiento de la izquierda, incluso pactar con ella solo en temas especifico, como sucedió en la añeja revuelta de los forajidos.

El Gobierno tiene en sus manos un coctel explosivo que si lo enciende, le será muy difícil controlar sus demoledores efectos, en términos políticos. Ni AP podría echar la suficiente agua para apagar el incendio, dadas sus propias contradicciones internas, más cuando el 80% de la población estaría en contra de que se eliminen los subsidios a los combustibles. Si decide encenderlo, el reposicionamiento de la izquierda abriría las puertas a una nueva agenda política, no sin antes pasar por un periodo de inestabilidad en las calles, pues la derecha no estaría dispuesta a perder lo alcanzado.

La caída del empleo pleno y el desvarío de los neoliberales.

Por: Frijolero

Richard Martinez, ministro de Economía y Finanzas

Los neoliberales han desarrollado una capacidad amoral impresionante cuando se trata de entender los problemas sociales. Por querer mostrarse objetivos al hablar de la coyuntura económica han perdido el asombro y la admiración si más de 160 mil personas no tienen empleo pleno luego de un año de funciones del Gobierno de turno, según lo ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censo, Inec. bit.ly/2uFJDhy

Es la amarga realidad, pero sus técnicos se esmeran en acaramelar la información con eso de que son datos estadísticamente no significativos, igual saben a hiel y son difíciles de dirigir para quienes prometieron durante la campaña electoral del 2017, 250 mil empleos al año.

El propio ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, debió pedir un gran vaso de agua azucarada al instituto de estadísticas, en su intento de saborear sus recientes datos sobre el comportamiento de las cifras de desempleo, pues no cuadrarían con los 300 mil contratos registrados en la institución a su cargo, según ha dicho a los medios. 

Raúl Ledesma, ministro de Trabajo

En medio del desconcierto, sucedió otro imprevisto. Las cámaras empresariales y sus voceros salieron, como nunca antes, a justificar la caída del empleo pleno como una situación coyuntural y necesaria, mientras toman fuerza en el mercado las políticas de estabilización y optimización gubernamentales para generar trabajo, aducen.

Representantes de las Cámaras de Quito y Guayaquil, Patricio Alarcón y Pablo Arosemena.

Las cámaras empresariales endosaron también la responsabilidad de las actuales cifras de desempleo al Gobierno anterior, al acusarlo de dispendio de la bonanza petrolera, pero olvidan que el sector privado mejoró sus utilidades gracias al incremento del consumo, sin embargo no cambió su modelo de negocios, pues frente a la demanda creciente decidió importar y no producir internamente, provocando desequilibrios en la balanza comercial. 

Richard Martínez, actual ministro de Finanzas y, José Hidalgo, de la Corporación de Estudios para el Desarrollo, CORDES, el domingo 22 de julio reciente, se esmeraron en prometer empleo a la población, sin aclarar cómo ni cuándo se concretará su oferta y, al unísono con las cámaras empresariales, pedían paciencia hasta que el sector privado se recupere del impacto del “populismo” y vuelva al sendero de la producción, posición curiosa dado que desde el año 2015 se recupera el indicador de inversión empresarial en la formación bruta de capital fijo, o infraestructura de producción, es decir, las mejoras vienen desde tres años atrás, según el Banco Central. bit.ly/2qp4818

Y mientras perdonan los impuestos a sus antiguos jefes, los grupos económicos más importantes del país, los titulares del Ministerio de Finanzas piden al pueblo esfuerzo y sacrificio, porque, aseguran, se debe pagar la factura del mal manejo económico de la última década. El mensaje es claro: ni se les ocurra que el “cheque” saldrá de los emporios económicos, porque deben invertir en el país y merecen ser tratados como ciudadanos de primera, con privilegios, aún por encima de los derechos establecidos en la Constitución.

Fórmula y argumento similar emplearon los gobiernos de Oswaldo Hurtado, Alberto Dahik, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa y Lucio Gutiérrez, quienes mutilaron el aspecto social de la economía, la convirtieron en un asunto netamente contable. Sus medidas económicas sacudieron la estabilidad social del país por subsumir en la pobreza a buena parte de la población, cuando esta comprendió la mecánica de las medidas de ajuste y el impacto en su vida cotidiana, se movilizaron, al punto de convulsionar al sistema político.

Los intelectuales neoliberales observan a esos hechos como costo político, los explican con cierta ligereza como fenómenos propios cuando se producen los ajustes. Nunca entendieron el clamor de las mayorías. Quienes racionalizaron las apasionadas reacciones del pueblo, último recurso de todo ser humano frente a la carencia de empleo y mejoras en su vida, intentaron comunicar su mensaje a las instituciones, pero los tacharon de populistas.  No obstante, la realidad es necia, por más que intenten endulzarla, explotará en algún momento, solo esperemos que no sea con violencia.

El riesgo país y su mala vibra para con el Ecuador

Por: Carlos Villacís Nolivos

En el artículo anterior (1), se explicó por qué el riesgo país es un índice político antes que uno simplemente económico. Pocas semanas después el tema sigue candente, recibe la atención de la prensa (2) y parece apuntalarse como un arma de presión política.

Mauricio Pozo, exministro de Finanzas de Lucio Gutiérrez y cabeza visible del Foro de Economistas y Finanzas Públicas, señaló a El Comercio que el Ecuador debe exponer al organismo multilateral las cifras de la economía de manera transparente y si procede de esta manera, la consecuencia directa será la mejora del riesgo país. “Ecuador debe mostrar información de su realidad económica. Eso contribuye a mejorar el índice del riesgo país”, dijo (3).

Esta frase la pronunció Pozo el 20 de junio de 2018, un día después de que el riesgo país alcanzó su nivel más alto desde el 14 de noviembre de 2016, cuando se ubicó en 849 puntos. El 18 de junio de 2018 el índice estuvo en 806 puntos. ¿Puede ser más político el discurso de Pozo? Me temo que no, que estuvo muy claro y que expresó el sentir de los grupos de poder ecuatorianos.

Gráfico 1: Oscilaciones del riesgo país ecuatoriano entre 2017 y 2018

Fuente: Banco Central del Ecuador

Muy pocas veces, los analistas políticos y económicos centran su atención en las lecturas que generan ciertos índices, como en este caso es el riesgo país. La mayoría de ellos, ubicados en el espectro neoliberal y que son los más consultados por los grandes medios de comunicación, lo hacen aparecer como técnico, señalando que es un indicador que mide cuán confiable es un país para recibir crédito. Sin embargo, el riesgo país es un índice que aparece como la expresión de los miedos, los temores, las percepciones y expectativas de bancos, consultoras e inversores. De allí que cuando el país está por adoptar decisiones pro-mercado este índice tiende a bajar, y cuando, por el contrario, se aleja de estas posturas o cuando el factor político transmite incertidumbre, su tendencia es hacia arriba.

En las últimas semanas ha llamado la atención un hecho. Varios factores acontecidos desde hace un par de meses han jugado en favor de captar las percepciones favorables del mercado hacia el Ecuador como: un precio internacional del petróleo al alza; las claras señales enviadas por el gobierno de Lenín Moreno en el sentido de que está dispuesto a capitular en favor de posturas neoliberales; o el nombramiento de un reconocido dirigente empresarial favorable a este espectro ideológico, como su Ministro de Economía y Finanzas.

Nada de esto ha importado y el riesgo país sigue alto e incluso sorprende su subida en un contexto de franco alineamiento político y empresarial en torno al gobierno, como lo demuestra la aprobación legislativa de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, ocurrida en la tarde del 21 de junio de 2018, así como la reunión que los empresarios mantuvieron con un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional en la tarde del 26 de junio en Guayaquil (4).

Muy probablemente, el comportamiento del riesgo país en el actual Gobierno ha sido la mejor demostración de los confusos mensajes emitidos hacia el concierto internacional.

Así, por ejemplo, en los 287 días en que Carlos de la Torre estuvo al frente del Ministerio de Economía y Finanzas, el promedio del riesgo país se ubicó en 579,13 puntos, siendo su pico más alto el 22 de junio de 2017, cuando estuvo en 753 puntos, y su dato más bajo entre el 6 y el 8 de enero de 2018, al ponerse en 430 puntos. Cuando De la Torre empezó su gestión, el 24 de Mayo de 2017, el riesgo país era de 650 puntos, y cuando la terminó, el 6 de marzo de 2018, fue de 528.

Gráfico 2: El riesgo país en la gestión de Carlos de la Torre

La siguiente Ministra de Economía y Finanzas de la era Moreno fue María Elsa Viteri, quien permaneció en ese cargo apenas 69 días, tiempo en el cual el promedio del riesgo país fue de 605,89 puntos. El día que asumió sus funciones, el 7 de marzo de 2018, el índice estuvo en 536 puntos, siendo este el valor más bajo de su lapso ministerial. La cifra más alta se registró el 09 de mayo y fue de 780 puntos. Pocos días después, el 14 de mayo, dejó la cartera de Estado y el riesgo país se ubicó en 748 puntos.

Gráfico 3: El riesgo país con María Elsa Viteri

Finalmente, el actual Ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, al cierre de la edición de este artículo, el 26 de junio de 2018, con 40 días de gestión registra un promedio del riesgo país de 682,65 puntos, el más alto desde el inicio del actual Gobierno, al igual que mayor de todo el período de Lenín Moreno (806 puntos el 19 de junio de 2018). Su valor más bajo ha sido, hasta el momento, el de 621 puntos, que se obtuvo el 24 de Mayo de 2018, a pocos días de asumir la Cartera de Estado y la fecha en que el Gobierno cumplió un año en Carondelet.

Gráfico 4: Richard Martínez y el riesgo país

El promedio del riesgo país en estos 13 meses del presidente Moreno es de 594,25 puntos.

Gráfico 5: El curso del riesgo país en el gobierno de Lenín Moreno al 26 de junio de 2018

Solo para contrastar, en los 27 meses de gestión del gobierno de Lucio Gutiérrez, de quien Mauricio Pozo fue su Ministro de Economía, el promedio del riesgo país fue de 934,28 puntos. En el período de Alfredo Palacio y sus casi 21 meses, fue de 633,00 puntos, mientras que en los diez años de Rafael Correa (124 meses) fue de 974,99 puntos.

Las cifras, en esta ocasión hablan por sí solas. La respuesta a estas interrogantes parecen estar afuera del país. Debe ser por eso, que en estos días vino al Ecuador una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), para aclarar el camino a tomar. Por supuesto, el país que tiene memoria sabe que estas medidas apuntan en una sola dirección: fortalecimiento del capital por sobre el ser humano. Como lo señaló Sebastián Yépez, miembro del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa, en una entrevista concedida en Radio Visión, al hablar sobre la aprobación de la Ley de Fomento Productivo por parte de la Asamblea Nacional: “Viene el FMI y justamente estamos aplicando ya políticas de austeridad, pues la ley es prácticamente ello: como reducir el gasto público y reducir la demanda agregada. Estas políticas de austeridad se están institucionalizando y esta ley va a mantener esta situación”.

(1)    Blog Kitósfera: http://kitosfera.blogspot.com/2018/06/el-riesgo-pais-eleva-la-presion.html
Web La Línea de Fuego: https://lalineadefuego.info/2018/06/05/el-riesgo-pais-eleva-la-presion-arterial-del-ecuador-por-carlos-villacis-nolivos/

(2)    Para la prensa no pasó inadvertido el alza del riesgo país en medio de la visita de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) al Ecuador. Aquí, por ejemplo, está la nota relacionada con el tema: El Telégrafo del 21 de junio de 2018. https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/fmi-ecuador-riesgo-pais.

(3)    http://www.elcomercio.com/actualidad/mision-fmi-ecuador-banco-mundial.html

(4)    Según una nota recogida por Diario El Comercio, los agremiados manifestaron que esta ley de Fomento Productivo “genera confianza en los inversionistas, pero que todavía es necesario una mayor seguridad jurídica”.

¡Atentos! Los periodistas ecuatorianos seríamos pagados ‘por nota’ o ‘por día’.

Por El Duida

Tal como ocurrió con los médicos, el Gobierno Nacional emitió otro certero agravio, esta vez al gremio periodístico ecuatoriano, tras recibir la propuesta del actual ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, de implementar la modalidad contractual de pago ‘por nota’ o ‘por día’.

Raúl Ledesma, ministro de Trabajo

Estas declaraciones las realizó Ledesma, el jueves anterior, luego de que el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), Roberto Manciati, se quejó de que hay medios de comunicación que no pueden contratar a periodistas con título, debido a que el salario básico bordea los USD 900. Las declaraciones las hizo en la Comisión de Derechos Colectivos, que trata las reformas a la Ley de Comunicación.

Roberto Manciati: Presidente de AER

El alto funcionario está dispuesto a acoger dichas sugerencias debido a que “las modalidades contractuales actuales no funcionan para ciertos sectores productivos como para este caso específico de la comunicación”.

Aquella propuesta resulta, a mi criterio, descabellada, ridícula en su sustentación y denota una completa ingenuidad y desconocimiento del oficio periodístico.

Las notas periodísticas, por pequeñas e insignificantes que parezcan, no se cogen de las copas de los árboles, desperdigadas por la calle o por el azar… Ya sea en la coyuntura o no, demandan de un trabajo de planificación, en coordinación con los editores y jefes de cada sección de un medio de comunicación. Luego, dependiendo del trabajo, se requiere de investigación: empaparse de los hechos, acudir a las fuentes, contrastarlas, recabar antecedentes, presentar datos, cifras, estadísticas… para luego sí, sentarse a redactar las noticias, en el menor tiempo posible con precisión y claridad.

En el mundo de la prensa escrita, por citar un ejemplo, los periodistas no solo deben escribir, sino ubicar las noticias e imágenes en las páginas prediseñadas de los periódicos; esperar la corrección y estilo; ingresar los cambios y esperar la aprobación final de la página por parte del editor, hasta que entre en el proceso de impresión y, a la vez, subir las noticias a los formatos y plataformas digitales. Elaborar una noticia requiere de un proceso arduo de trabajo organizado, continuo y dinámico. Sería injusto y atentatorio que estos procesos sean obviados y reducidos al pago de una ‘nota entregada’, o por ‘un día’ de labor.

A más de cerrar las páginas designadas (por lo menos, una o dos diarias), en las salas de redacción, cada periodista debe presentar propuestas de temas, realizar reportajes especiales (uno por semana) y entrevistas a personajes destacados. Todo esto representa un plus que cada comunicador está obligado a hacer.

Dicha propuesta también contribuye –peligrosamente- a una regresión de derechos y a la precarización laboral de la que siempre el gremio periodístico ha estado expuesto. De no ser por los cambios efectuados por el anterior Gobierno, muchos periodistas todavía seguirían percibiendo USD 300 y una libra de arroz y de azúcar para pasar el mes. Y eso muchos no lo reconocen.

Cabría también preguntarse si los dueños de los medios -por muy comunitarios, radiales o pequeños que sean o se crean- nos van a pagar por ‘nota publicada’ o ‘nota entregada’, o ¿a qué consideran que sea el pago de un ‘día de trabajo’?: ¿a las ocho horas o al promedio de 16 horas que día a día entregan cientos de periodistas (y sin derecho a horas extras) en los distintos medios de comunicación?

La reacción en redes sociales no se hizo esperar: en Twitter muchos comunicadores alzaron su voz de protesta con las etiquetas #PrensaUnidaPorSalarioDigno y #SalarioDignoSoyPeriodista. Pero estos reclamos siempre serán insuficientes ante un Gobierno que se ha dedicado a imponer sus ‘políticas’ y ‘reformas’ por encima de la Constitución y las leyes.