PROBLEMÁTICA EDUCATIVA

Tomado de ecuadorojo

Según los datos del último Censo Nacional de Instituciones Educativas realizado por el Ministerio de Educación, 1’641.574 alumnos y 90.456 docentes del régimen Sierra y Amazonía iniciarán el periodo escolar 2009-2010 en 10.451 establecimientos. Incluidos los educandos de la región Costa, en total existen 3’723.894 estudiantes, 191.032 profesores y 26.578 instituciones educativas.

El Ministerio de Educación ha entregado $8’089.481,88 que reemplazan a la denominada contribución voluntaria y que originó polémicas y denuncia entre padres de familia y docentes por el pago de este dinero porque no se entrega los recursos suficientes para cubrir el denominado aporte de $ 25 que dejó de percibirse por disposición gubernamental debido a que el aporte entregado no cubre las necesidades de contratación de profesores de música y computación. Aún hay instituciones que demandan de pupitres, de pizarras con tinta líquida, entre otras.

Realidad que desmiente lo aseverado por el Ministro de Educación, Raúl Vallejo quien reiteró que todo está listo para iniciar el año lectivo 2009-2010 en las provincias con régimen de Sierra y Amazonia, en lo que se refiere a textos escolares, alimentación escolar, uniformes escolares y entrega del presupuesto a las instituciones educativas.

El Ministerio de Educación este año lectivo destinó un presupuesto de US$30 millones para la rehabilitación de la infraestructura escolar en la Sierra y Amazonia, y tan solo siete específicamente para Pichincha, presupuesto que solo alcanza a atender a el 10% de las 1.300 escuelas intervenidas a nivel nacional. Por lo que es necesario demandar del Estado la atención prioritaria a la infraestructura que aún es deficiente en las escuelas y colegios; la contratación de docentes de acuerdo a las necesidades institucionales. Igualmente tampoco existe cobertura completa en el caso de programa de alimentos escolares, este no llega a todos los estudiantes.

Es inaudito que para enfrentar a la gripe h1n1, se haya dispuesto la utilización de los fondos asignados a las instituciones para la compra de alcohol, cloro y otros implementos de aseo.

Asimismo, frente a la demanda de estudiantes en los establecimientos públicos, las autoridades iniciaron un plan de expansión, el mismo que consistió en incrementar los niveles de octavo, noveno y décimo de educación básica en 57 escuelas de Pichincha, que no es la solución definitiva a la problemática sino un paliativo a la crisis educativa que vivimos.

Desde el 2007 se están implementando 27 Escuelas del Milenio, y sólo tres están terminadas en su totalidad y están ubicadas en Otavalo, Zumbahua y san Lorenzo.

El Plan Decenal de Educación que fuera aprobado mediante consulta popular el 26 de noviembre del 2006 es un instrumento estratégico con el propósito de mantener durante un periodo de diez años una serie de estrategias pedagógicas y administrativas para el mejoramiento de la calidad de la educación, por tanto debe aumentarse el 0.5% anual en la participación del sector educativo en el PIB hasta llegar al 6% en el 2012, situación que no se ha cumplido, por el contrario para el 2009 solo alcanzamos el 3.9%, cuando debería estar en 4.5% del PIB.

La verdad es que no existen verdaderos cambios en la educación porque se mantienen los siguientes problemas fundamentales:

1. Más de 5 mil escuelas cerradas en los últimos años.

2. Se mantiene más de 6.800 escuelas unidocentes. (1 maestro para atender seis y siete grados)

3. Se han jubilado desde el 2006 hasta el 2009 más de 9.771 maestros cuyas partidas podrían ser desdobladas e ingresar 19 mil nuevos maestros que no ha sucedido.

4. De las 12 mil partidas docentes creadas desde el año 2007 solo hasta ahora se ha cumplido el 25% es decir 3 mil en medio de un proceso engorroso, mentiroso, burocrático y dirigido al ingreso de maestros militantes de Alianza País.

5. El 90% de las instituciones educativas no han sido rehabilitadas su infraestructura.

6. El Ministerio de Educación no ha capacitado ni actualizado masivamente al magisterio.

7. La gratuidad de la enseñanza no existe todavía los padres de familia aportan económicamente en el trascurso del año lectivo.

El Ministro de Educación está violando disposiciones constitucionales: como el Art. 26 que dispone que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal.

Igualmente el Art. 347 numeral 1 señala que será responsabilidad del Estado: fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas.

Así mismo el Art. 348 establece que la educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros.

En la DISPOSICION TRANSITORIA DECIMOCTAVA consta que el Estado asignará de forma progresiva recursos públicos del Presupuesto General del Estado para la educación inicial básica y el bachillerato, con incrementos anuales de al menos el cero punto cinco por ciento del Producto Interior Bruto hasta alcanzar un mínimo del seis por ciento del Producto Interior Bruto.

PROYECTO DE ley ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA Y DE UNIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE LAS REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO afecta a los derechos de los maestros.

1.- Proponen eliminar el artículo 5 de la LOSSCA, artículo que establece quienes NO están comprendidos en el Servicio Civil entre ellos el personal docente e investigadores universitarios, técnico docente, profesional y directivo que están sujetos a la Ley de Educación Superior, ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional.

Este artículo no debe ser eliminado, pues debe quedar absolutamente claro que el magisterio nacional no se regirá por la Ley de Servicio Público, sino por su propia Ley tal como lo señala la Constitución en su artículo 349.

2.- Se plantea sustituir el Art. 92 de la LOSSCA por el siguiente texto:

“Se excluyen del servicio civil a:… los docentes que impartan la enseñanza en las aulas de la instituciones educativas públicas del Sistema Nacional de Educación; y, el docente e investigador de las instituciones educativas públicas del Sistema de Educación Superior.

Las servidoras y servidores comprendidos en los literales citados en este artículo, se regirán sin excepción alguna en materia de remuneraciones, ingresos complementarios, estímulos, compensaciones subsidios, erogaciones o beneficios económicos o sociales, así como la valoración remunerativa de su escala por esta ley y la normativa para el efecto establezca la SENRES; en lo demás se sujetarán a lo que determinen las leyes propias que regulan a estas instituciones.”

Se pretende incluir al magisterio dentro de esta Ley en materia de remuneraciones, esto contraviene lo estipulado en la Constitución en su artículo 349, que señala:

“Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La Ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la POLÍTICA SALARIAL en todos lo niveles. Se establecerán políticas de promoción movilidad y alternancia docente.”

Esto significa que en la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio es donde se debe establecer la política salarial del magisterio, incluir el régimen de remuneraciones del magisterio en la Ley de Servicio Público es inconstitucional.

3.- Así mismo se incluye una Disposición Transitoria Vigésimo Tercera que señala:

“El sistema de remuneraciones establecido en la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional, publicada en el Registro Oficial No. 501 de 16 de agosto de 1990, se continuará aplicando hasta la entrada en vigencia de la normativa que para el efecto dicte la SENRES”

Esta disposición no procede, el magisterio nacional quedaría a expensas de una mera normativa de la SENRES para que defina su remuneración, esto es inconstitucional.

4.- Se inserta la siguiente derogatoria:

Deróguese el capítulo III, del Título IV de la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional, publicada en el Registro Oficial número 501 de fecha 16 de agosto de 1990, de igual manera en todas las Leyes, reglamentos, resoluciones y demás normas que rijan al Magisterio Nacional, se derogan exclusivamente las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con el régimen de remuneraciones y de todo lo que se contraponga a la presente ley; en todo lo demás, se estará a los prescrito en las mismas.

A través de esta reforma se derogarían los Arts. 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 24 de la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio que comprenden:

El sueldo profesional básico del magisterio

El 10% del incremento sobre al sueldo básico en los ascensos de categoría

Las asignaciones complementarias a que tienen derecho los docentes tales como:

Subsidio familiar

Subsidio de antigüedad

Compensación pedagógica mensual (equivalente a un salario mínimo vital vigente para los trabajadores)

Gastos de representación y subsidio de transporte

Subsidio a favor de docentes en las zonas rurales comprendidas hasta los 20 km .de la línea de frontera y los de la Provincia de Galápagos.

Subsidio de Educación (28% del salario mínimo vital) por cada carga familiar que estudie en los uno de los tres primeros niveles.

Beneficios económicos provenientes del tiempo de servicio o cambio de títulos o mejoramiento docente.

Bajo ningún concepto puede ser derogado el régimen de remuneraciones del magisterio, esto es inconstitucional, pues como ya se había manifestado antes, la política salarial del magisterio debe estar establecida en la Ley de Carrera Docente y Escalafón, conforme lo dispone la Constitución en su artículo 349.

También se debe tomar en cuenta lo señalado por la Constitución en su artículo 84:

“Art. 84.- La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público, atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución.” Por estas, y otras razones la UNE ha declarado un Paro Nacional Indefinido.

PUEBLOS Y NACIONALIDADES DECLARAN MOVILIZACIÓN POR ATROPELLOS DEL GOBIERNO

La Asamblea Nacional Extraordinaria de los Pueblos y las Nacionalidades realizada los días 8 y 9 de septiembre, con la presencia de sus delegados, Presidentes de los Consejos de Gobiernos de las regionales y nacional: Raúl Tapuyo, CONAICE; Tito Puanchir, CONFENIAE; Humberto Cholango, ECUARUNARI y Marlon Santi, CONAIE; Asambleístas, Prefectos, Alcaldes, Concejales y Representantes de las Instituciones Públicas Indígenas, resolvió entre otros importantes aspectos:

“Declarar en Movilización Nacional en defensa de los Derechos de las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades Indígenas, de manera coordinada entre las Confederaciones: ECUARUNARI, CONFENIAE Y CONAICE, ante el permanente y progresivo atropello del gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado a la integridad y los derechos de los pueblos y nacionalidades; y, convocar a todos los sectores progresistas de la sociedad ecuatoriana que se consideren afectados en sus derechos, a construir agendas y acciones comunes de exigencia y garantías a los derechos fundamentales.

Igualmente establecieron “Declarar al gobierno de Rafael Correa como gobierno neoliberal y capitalista por sus acciones y actitudes influenciado de ciertos colaboradores de la partidocracia, que atentan a la soberanía de la pachamama, los derechos colectivos, humanos y ambientales consagrados en la Constitución vigente”.

“Rechazar los programas sociales que está implementando el gobierno como socio bosque, socio páramo, bonos y créditos clientelares, entre otros que atentan a las formas de organización y los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, y en su reemplazo exigir la implementación de verdaderos programas de reforma agraria, micro-créditos blandos para la agricultura, ganadería, sistema de riego, proyectos de industria artesanal, micro- empresas comunitarias, orientados a la consecución del Sumak Kawsay”

“Exigir al Estado y al Gobierno Nacional la nacionalización de los recursos naturales y la puesta en práctica de la auditoria a las concesiones petroleras, mineras, aguas, hidroeléctricas, telefónicas, espectro radio eléctrico y servicios ambientales; la deuda externa, la recaudación de impuestos y los recursos del Seguro Social- IESS; así como, la suspensión de todo tipo de concesiones (extractivas petroleras, mineras, forestales, de agua y biodiversidad, hidroeléctricas) en los territorios de los Pueblos y Nacionalidades.

“Exigir la derogatoria inmediata del neoliberal Decreto 1585 que atenta contra el sistema de educación intercultural bilingüe y la dirección nacional de educación intercultural bilingüe de los pueblos y las nacionalidades, y el neocolonial Decreto 1780 y su reforma que facultan.

CDRC SE CREARAN PARA ENFRENTAR A LOS MOVIMIENTOS DE IZQUIERDA

Luego de siete días de haber colocado en este blog una encuesta respecto a cuál es el objetivo de crear los Comités de Defensa de la Revolución Ciudadana (CDRC) los resultados fueron siguientes:

Por la pregunta número 1 (Para fortacer la democracia) obtuvo el 14%. Por la pregunta número 2 (Crear base social en Alianza País) el 28%. En la pregunta 3 (Para formar grupos de choque a los movimientos sociales de izquierda) el 57% y la pregunta 4 (Para realizar obras de infraestructura en los barrios) el 0.0%.

Como ustedes observarán la pregunta 3 obtuvo un contundente 57%, por tal motivo, es la ganadora de la encuesta. Si hacemos referencia a los resultados diríamos que existen una contradición en el gobierno debido a que dicen ser de izquierda y con la conformación de los CDRC atacarían a los movimeitos de izquierda (indígenas, maestros, campesinos, obreros, estudiantes,etc). Los resultados obedecen solo a la votación de quienes visitaron y sufragaron en el blog.

Saludos
Colectivos de Comunicadores Sociales de Izquierda y Afines

Próximamente pondremos otra encuesta y necesitamos de su colaboración y de su opinión.

Y usted: ¿qué entiende por “revolución ciudadana”?

Por: Franklin Falconí

¿Es posible que en el Ecuador esté en marcha una revolución como lo sostiene el gobierno de Rafael Correa? ¿Qué mismo significa eso de “revolución ciudadana”?, ¿tiene un sustento científico esa expresión? A continuación presentamos algunos elementos introductorios para el análisis de este tema, que esperamos desarrollar en las próximas ediciones.

Ciudadanía, término elitizante que oculta la lucha de clases

El concepto ciudadanía está vinculado a la idea de ciudad, o “polis” griega, que eran centros de desarrollo de pueblos pelasgos, eoleos, jonios y dorios alrededor del Mar Egeo, que habitaron entre los siglos X al V antes de Cristo.

Solo una cuarta parte de quienes vivían en la “Polis” eran ciudadanos. Era todo un privilegio que no cualquiera podía tener. Como lo sostiene Aníbal Ponce en “Educación y Lucha de clases”, mucho se ha mitificado a la civilización griega, dándole un sentido mágico, de armonía y paz, de alta cultura, pero en realidad, el “ciudadano” griego era terrateniente, propietario de esclavos y guerrero; disfrutaba de los placeres que le brindaba no reducirse a las innobles tareas del trabajo, que tenía destinadas a sus esclavos.

“Los trabajadores son casi todos esclavos. Nunca una república bien ordenada los admitirá entre los ciudadanos, o si los admite, no les concederá la totalidad de los derechos cívicos, derechos que deben quedar reservados para los que no necesiten trabajar para vivir”, dice por ejemplo el filósofo Aristóteles (“Política”, pág. 139).

Así surgió el término ciudadanía, y así se desarrolló más tarde: para los romanos, ciudadanos solo eran los nobles “patricios”, es decir, una raza superior de poderosos destinados a gobernar y administrar el Estado, el resto eran plebeyos y esclavos, seres muy inferiores.

En la edad media el concepto de ciudadanía casi desaparece del argot político, puesto que los reyes y nobles feudales dominaban autocráticamente sobre los siervos, campesinos pobres sometidos a una nueva forma de esclavitud en el campo. El poder se heredaba y/o se arreglaba entre los nobles y el clero.

Pero es en el tránsito hacia el capitalismo cuando reaparece el concepto de ciudadanía, puesto que los denominados “burgos” se constituyeron en las nuevas ciudades, dominadas por una clase social de comerciantes que habían adquirido poder económico y que en su confrontación al poder feudal recuperaban las ideas “civilizatorias” de los filósofos clásicos griegos y de los políticos romanos.

La revolución liberal burguesa en Francia recoge el concepto “ciudadanía”, pero esta vez reconociendo como ciudadano a cualquier persona, a condición de que aprendiera la lengua y obedeciera las leyes francesas. Se proclama la igualdad de los ciudadanos ante la ley, pero una igualdad que en los hechos abre las posibilidades de acumulación a los capitalistas, sobre la base de la explotación a los trabajadores en sus industrias. Proclama la libertad, entendida ésta fundamentalmente como libertad de empresa, incluso en el sentido laico que esta libertad implicaba; es decir, si algún dogma religioso se oponía a la posibilidad de desarrollo económico, técnico-científico de la industria capitalista, había que pasar por sobre él. Se proclaman una serie de libertades que, en esencia, crean las condiciones para el nuevo modo de producción en el que los burgueses tenían el control y el poder.

La legislación burguesa, con iniciadores como Voltaire, por ejemplo, establece todo un sistema jurídico en el que lo fundamental es el derecho a la propiedad privada, “es una condición indispensable para una sociedad ordenada”, dice; y en ese sentido, solo los propietarios deben gozar de los derechos políticos. Tenía desconfianza en la fuerza y la capacidad del pueblo: “cuando el populacho se ponga a razonar, todo se vendrá abajo”, decía. Se pronuncia por la “libertad de trabajo”, por la cual se entiende el derecho que tenían las personas a vender su trabajo a quién mayor remuneración le ofreciera.

El ciudadano entonces se vuelve un ser que, como lo sostiene José Welmovick, además de derechos tiene obligaciones: “Exige, en nombre de la defensa de la extensión de esos derechos, una defensa del orden en el que se quiere garantizar la inclusión de los ciudadanos”. De lo cual se deduce que alguien que se asume ideológica y políticamente como “ciudadano”, no pretende la revolución.

El discurso de ciudadanía es asumido actualmente por los sectores más reaccionarios de la burguesía, por facciones de la pequeño burguesía que se autocalifican como progresistas, y por izquierdistas “desencantados”. Para los primeros se constituye en una manera de redireccionar las luchas de los trabajadores hacia reivindicaciones aisladas y de diversos derechos que no afectan a la esencia del sistema.

Para los segundos se vuelve una forma de cuestionar el statu quo y de proponer cambios institucionales que hagan del capitalismo más “humano”, y para los terceros es una forma de ocultar categorías marxistas como burguesía, proletariado, lucha de clases, modo de producción, formación económico-social, etc., por cuanto desconfían o niegan al marxismo la capacidad de explicar los fenómenos de forma holística y de transformare la realidad; proponen que las preocupaciones políticas se centren en las “identidades impuestas o adaptadas”: etnias, color, género, preferencias sexuales. “Al privilegiar tales identidades la propuesta postmoderna enfila su artillería contra el análisis de clase, apoyada en un hecho evidente: es mucho más aprehensible, fácil de reconocer la pertenencia a un “género” que a una clase social” (“La avanzada imperialista en el Ecuador”, Guillermo Navarro).

El término ciudadanía, entonces, pretende ocultar la existencia de las clases sociales y sus contradicciones irreconciliables: tan ciudadano es Álvaro Noboa como Juan Piguabe. Sin embargo, en el ámbito político esta lucha de clases se expresa nítidamente, por más que el Presidente de la República y sus teóricos del “socialismo alfarista”, sostengan que el Estado actual es la representación de “todos los ciudadanos”.

Vladimir Lenin lo aclaró hace ya mucho tiempo: “El Estado es producto y manifestación de la inconciliabilidad de las contradicciones de clase. El Estado surge en el sitio, en el momento y en la medida en que las contradicciones de clase no pueden, objetivamente, conciliarse. Y viceversa: la existencia del Estado demuestra que las contradicciones de clase son inconciliables” (“El Estado y la revolución” pág. 11, Colección 40 aniversario del PCMLE).

En Ecuador no existe una “revolución ciudadana”, primero porque no es posible hablar de revolución si la esencia del sistema capitalista (la propiedad de los medios de producción en manos privadas) se mantiene intacta; y luego porque al hablar de ciudadanía se habla de todos y de nadie, es decir, se oculta la existencia de las clases sociales y de su lucha antagónica e irreconciliable. Por otro lado, históricamente la pequeño burguesía (o clase media) no puede encabezar una revolución que sustituya el capitalismo por el socialismo, puede hacer parte de ella, pero no dirigirla.

Evangelización y sometimiento: política reaccionaria de antaño

Por: Renán Proaño Muñoz

Algo muy particular ocurre alrededor del decreto de nueva evangelización de los pueblos norte fronterizos y Galápagos, o decreto No. 1780. Lo particular radica en que muy poco se conoce al respecto, pues la socialización necesaria para que los interesados conozcamos su contenido no ha llegado de las manos del ejecutivo, pero tampoco de la prensa. En el segundo caso es aún mas extraño, ya que el papel mediocre de los medios de comunicación masivo ha sido el de disparar sin distinción a cada una de las propuestas del actual régimen –acertadas o no-, valiéndose de los más variados embustes y embusteros, convirtiendo a las “noticias” en un sainete feo de la derecha ahora golpeada. Podríamos decir que, en “santa comunión”: derecha, iglesia y prensa, trabajan en conjunto esfuerzo para conferirnos a los ecuatorianos una nueva carta inquisidora, rubricada por el sometimiento a las políticas de un sector atrasado del gobierno.

El 25 de julio del presente año entra en el Registro Oficial el Decreto Presidencial No. 1780, que faculta al ministro de Gobierno para que en representación del ejecutivo contrate con representantes de algunas de las misiones católicas, en términos puntuales al rededor “del proceso de desarrollo, fortalecimiento de las culturas, evangelización e incorporación a la vida socio – económica del país, de todos los grupos humanos que habitan o habitaren dentro de la jurisdicción territorial encomendada a su cuidado, exaltando los valores de la nacionalidad ecuatoriana”[1]. En palabras entendibles, contratamos con la iglesia católica para que esta evangelice; construya centros educativos fisco – misionales, que según la misma ley serán financiados por el Estados hasta convertirlos en gratuitos; dirija y mantenga los centros educativos existentes, también con dinero público; agrupe y sostenga organizaciones comunitarias y/o cooperativas que garanticen junto a los núcleos humanos nativos la ocupación poblada de las franjas fronterizas; construya vías de acceso hacia las comunidades; organice y ponga en funcionamiento con el apoyo económico del Gobierno, emisoras de radio y televisión, destinadas a la difusión de la cultura y los “valores morales”; organice, administre y mantenga con fondos públicos, hospitales, centros de salud, dispensarios médicos, farmacias, orfanatos, asilos etc.

Veamos las circunstancias en que se pone en marcha esta política y cuáles son sus alcances: Un primer encuentro entre la iglesia y el gobierno se vivió en torno al referéndum aprobatorio de la Constitución en septiembre de 2008; la cúpula de la iglesia católica, principalmente de Guayaquil, hizo común acuerdo con Nebot y la oligarquía del puerto a fin de boicotear la propuesta de cambio plasmada en la entonces promesa de Constitución. Ese capítulo difícilmente se nos olvidará a los ecuatorianos; autoatentados en las iglesias, parroquias divididas en torno al “sermón dominical” del cura, panfletos sobre una constitución supuestamente pro – aborto, fueron entre otras el argumento clerical de extrema derecha. Al menos de manera pública esa brecha no fue zanjada entre gobierno e iglesia.

Otro elemento que se debe observar por su correspondencia territorial y geopolítica, es el relacionado al dominio sobre los recursos naturales y minerales –entre esos el petróleo- que se comprenden más allá de nuestra amazonía y selva esmeraldeña, sumado o en relación al conflicto interno de Colombia, que por sus características y manejo afecta a la región. Es claro que para el proyecto de Correa se hace necesario poner las cosas en orden –casa adentro-, más aún si se trata de confrontar con la institución que a lo largo de la vida colonial y republicana ha marcado cierto ritmo de dominio, y hoy lo pondría en riesgo. Entonces, el gobierno entrega millones de dólares a la iglesia, con ello la contenta y espera un período de calma que durará hasta que mutuamente no se afectan sus particulares intereses, y por otro lado, la iglesia no requiera más dinero.

Correa es audaz en esta jugada, pues no solo gana la bendición de los curas. La acción evangelizadora persigue formar generaciones de hombres sumisos, a la medida de los intereses económicos presentes en estas regiones, funcionales a las políticas del gobierno de turno y la iglesia, y movilizados bajo esos parámetros en contra de la izquierda, la insurgencia colombiana o de otro lugar. Los objetivos no son “llevar el progreso y la inclusión”, sino minimizar la capacidad de defensa que tienen los pueblos en contra de sus agresores, que se materializan en corporaciones mineras, petroleras, madereras, turísticas, ejércitos extranjeros o nacionales, etc. Se trata de dotar de los instrumentos necesarios a los “misioneros”, para romper la organización de los colonos, los negros o de los indígenas orientales, con el afán de apoderarse de los recursos, o incluso, preparar el terreno para una invasión norteamericana en la zona, camuflada en un discurso antiterrorista, pero que claramente tiene un interés económico.

Hay un doble discurso que tiene que terminar. La supuesta nueva organización de la economía estatal resa por que no se dupliquen las competencias, refiriéndose a que no deben existir dos instituciones encargadas de la misma responsabilidad. Al entregar competencias de salud, educación, organización social e incluso construcción de infraestructuras, el gobierno viola sus propias normativas, y en los hechos resta los recursos de los ministerios y gobiernos locales, debido a que hoy la iglesia se encarga de la ejecución de algunas de esas competencias de exclusivo control del gobierno central. ¿De donde más saldría el dinero, sino recortando los presupuestos locales?

Las luchas de Alfaro, y las desatadas en defensa del laicismo en la última década del siglo pasado, parecen no estar presentes en la memoria de Correa; éstas son parte inicial de la recomposición del movimiento popular que terminó en el derrocamiento de tres gobiernos traidores y tiranos. Esa historia de lucha es la que maduró y lo ha puesto como Presidente. No serán, ni deben ser tenues las protestas que terminen con este capítulo recolonizador; los pueblos del Ecuador exigimos la radicalización del proyecto, pero en nuestro beneficio, esto es, nacionalizando los recursos estratégicos del Estado, los no renovables, redistribuyendo la tierra para el cultivo, entregando la riqueza a quienes la producen, y en este particular, creando las condiciones para una educación de calidad, analítica, científica, que en definitiva oriente a los pueblos hacia su liberación.
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Bienvenido Renán

Saludos:
ESCRIBE CON ROJO

Quiebre hacia la derecha

Por: Alejandro Ríos Tomado de ecuadorojo

A medida que pasa el tiempo, la existencia de un doble discurso y un doble comportamiento político en la gestión del Presidente Rafael Correa es más evidente. En los escenarios internacionales, para cosechar la simpatía y el apoyo de los pueblos, se esfuerza por mostrar radicalidad, beligerancia en contra de algunas políticas impulsadas por los Estados Unidos –como lo hizo en la reciente reunión de la UNASUR- o se presenta como abanderado de una propuesta socialista; en el país también habla de profundizar los cambios, de gestar una revolución que busca una amplia y democrática participación “ciudadana” y de enfrentar sin temor a la derecha y a la oligarquía…

Sin embargo, ese discurso izquierdista dirigido principalmente hacia los sectores más empobrecidos y a la juventud choca con la política aplicada. Su democratismo y progresismo quedan en el aire cuando lanza dardos en contra del movimiento popular organizado, en contra de movimientos y dirigentes políticos de izquierda, mientras hace concesiones a banqueros y empresarios corruptos y al capital extranjero.

Con un gran despliegue propagandístico –y más con propósitos distractivos- dice enfrentar a Fidel Egas, jefe del grupo del Banco Pichincha y propietario de Teleamazonas, mientras resulta que ese canal de televisión es el que más ha facturado en las campañas publicitarias del gobierno y el Banco Pichincha es el principal beneficiario del gobierno.

Ahora se conoce también que, en las altas esferas de PAIS, se maneja la idea de utilizar los Comités de Defensa de Revolución como instrumentos de choque en contra de organizaciones como la UNE y el MPD.
Correa está experimentando un quiebre hacia la derecha, no de otra manera se explica el contenido antipopular de leyes y decretos que se han expedido o que están por aprobarse en el Asamblea Nacional, aprovechando una mayoría alcanzada gracias a entendimientos con partidos de derecha como el roldosista.

De persistir esa conducta gubernamental, el riesgo de reversión del proyecto político, y aún de la misma tendencia, es una realidad. Las organizaciones populares, la izquierda revolucionaria no deben permitir que eso ocurra, para lo cual es fundamental apelar a la movilización popular a fin de frenar los pasos atrás que el gobierno está dando y más aún, forzar que cumpla sus ofrecimientos de campaña y vaya más allá. Actuar de esa manera es, también, enfrentar a la derecha que se opone a los cambios.
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EXIJAMOS A CORREA

EXIJAMOS A CORREA:

EL DERECHO AL TRABAJO

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL

DERECHO A LA ORGANIZACION CLASISTA Y POPULAR

FUERA LAS BASES MILITARES DE COLOMBIA

El gobierno de Obama ha realizado una ofensiva contra la presencia de los gobiernos de la región, los mismos que, coyunturalmente, mantienen una posición independiente frente a los Estados Unidos con un discurso nacionalista. La política de Obama tiene como objetivo recuperar su dominio, instalando bases militares en Colombia. El Plan Colombia es el instrumento de la política imperialista, la millonaria ayuda militar, fortalece al segundo ejército más poderoso de la región y pone en riesgo la estabilidad y la paz de los países vecinos, además se ha desatado una carrera armamentística de casi todos los países de América Latina. En este contexto, se encaja el golpe militar de Honduras, la estrategia de la política de Obama es plantear una negociación que le permita ganar tiempo a la reacción, y diluir los esfuerzos de los sectores populares hondureños por reponer a Zelaya y amortiguar la defensa de los gobiernos de la región al presidente elegido.

Luego de la agresión de Colombia a territorio ecuatoriano y del rompimiento de relaciones diplomáticas y económicas con el gobierno de Correa y de Chávez, la reunión de Bariloche, no logró condenar al gobierno de Uribe por su agresión a nuestro país y por su posición sumisa con el imperialismo, y peor aún exigir la ruptura de los tratados con los Estados Unidos para la instalación de bases militares.

El gobierno de Correa ha demostrado claramente, en estos treinta meses de gestión, que se sigue beneficiando a sectores burgueses, como la banca nacional con la entrega de los fondos del IEES para cubrir su cartera vencida y a empresas extranjeras con la venta anticipada del petróleo. Los negocios realizados por sus amigos y familiares, amparados por la declaratoria de emergencia, en los ministerios y empresas públicas, demuestran sin lugar a dudas, que la corrupción sigue enriqueciendo los bolsillos de unos pocos.

En lo político, el gobierno de Correa permanentemente atenta contra los trabajadores y sectores organizados del país, a través de las leyes y mandatos aprobados por una mayoría gobiernista en la Asamblea Nacional, que impiden y penalizan el reclamo de los trabajadores para organizarse como lo deseen. En lugar de incrementar los salarios, el gobierno permite la devolución mensual de los fondos de reserva del IESS, para supuestamente incrementar la liquidez a los trabajadores, pero en corto plazo, los afiliados no tendrán a quien recurrir para cubrir los gastos de las matriculas, uniformes y enfermedad propia y de su familia.

También los estudiantes y maestros han sido agredidos por este gobierno, impidiendo el libre ingreso a la educación superior, recortando la autonomía universitaria, el cogobierno, limitando la gratuidad y el aporte voluntario de los maestros a la UNE.

La movilización popular debe exigir al gobierno de Correa el incremento de sueldos y salarios en función del costo de la vida, cárcel para los especuladores de los artículos de primera necesidad, respeto a las conquistas laborales, respeto al derecho de organización y sindicalizació n.

EXIJAMOS AL GOBIERNO:

DEROGATORIA DE LOS DECRETOS ANTIPOPULARES QUE ATENTAN CONTRA LA LIBERTAD DE LA ORGANIZACION POPULAR Y LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS PATRONES.

POR LA DEFENSA DE LAS FUENTES DE TRABAJO, NO A LOS DESPIDOS.

NO AL SAQUEO DEL IESS.

CÁRCEL PARA LOS CORRUPTOS

POR LA DEFENSA DE NUESTRA SOBERANIA, FUERA LA BASES MILITARES DE COLOMBIA.

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Tomado de ecuadorojo