Por: Wilson Benavides
Desde que
Lenín Moreno asumió la Presidencia de la República el pasado 24 de mayo,
sectores del oficialismo y la oposición intentan convertir al “autoritarismo” y
a la “corrupción” en los conceptos centrales para definir el legado del
gobierno de Rafael Correa (2007-2017).
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| Foto tomada de diario El Universo |
Es claro que quienes se enmarcan en el primer concepto, sostienen su argumento utilizando modelos teóricos e índices de desempeño de las democracias elaborados en países desarrollados generalmente con gobiernos parlamentarios, que nada tienen que ver con la realidad latinoamericana y menos aún, ecuatoriana. Estas matrices de pensamiento estigmatizan a los sistemas presidencialistas y condenan los liderazgos firmes y el legítimo ejercicio de su autoridad, calificándolos de “autoritarios” o “populistas”.
Paralelamente,
los que abanderan el tema de la corrupción priorizan el escándalo mediático por
sobre la investigación seria y argumentada para calificar de “corrupto” a todo
el gobierno de Correa, sin mencionar que fueron las propias investigaciones
realizadas durante esa gestión las que permitieron desmantelar históricas redes
de corrupción en las empresas telefónicas y Petroecuador, así como iniciar
acciones concretas por el caso de la constructora brasileña Odebrecht.
Alimentando
la idea del supuesto autoritarismo de la anterior administración,
organizaciones como la CONAIE ha puesto como condición para dialogar con el
Presidente Moreno que la Asamblea Nacional dé paso al pedido de amnistía para
225 procesados en 35 casos de supuesta criminalización de la protesta durante
el gobierno de Correa. Llama la atención, sin embargo, que en esa lista se
encuentren ciudadanos acusados de delitos comunes que nada tienen que ver con
circunstancias de índole política e incluso están nombres de fallecidos o
personas que no tienen ningún proceso judicial en su contra. Hasta el momento,
la Asamblea Nacional ha dado paso al trámite de 9 casos que incluyen a más de 30
procesados.
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| Foto tomada del Flickr de la Presidencia |
Algo
parecido sucede con la corrupción donde al parecer algunos sectores de
oposición en el parlamento ecuatoriano buscan hacer de la fiscalización una
plataforma para obtener presencia ante las cámaras de TV, pero rechazan
cualquier acción concreta orientada a combatirla efectivamente, porque eso
implicaría anular sus propios argumentos.
Es así, que
pese a que en la campaña electoral ofrecieron una lucha sin cuartel a la
corrupción, el bloque del movimiento CREO, votó en contra de la resolución que
-con 106 votos a favor, incluidos varios legisladores de oposición- aprobó hace
varias semanas la Asamblea Nacional.
El
parlamento ecuatoriano enjuició políticamente al contralor, Carlos Pólit;
convocó al fiscal general, Carlos Baca; e integró una comisión multipardista
para investigar el tema Odebrecht, incluso en países donde sea necesario
visitar para recabar información sobre este delicado asunto.
En este
escenario, “autoritarismo” y “corrupción” intentan convertirse en los elementos
centrales para configurar un nuevo paraguas ideológico, un conjunto de
creencias, valores y prácticas que buscan encapsular todo el legado de Rafael
Correa en ambas denominaciones.
Sin embargo
para las grandes mayorías, especialmente para los sectores más humildes,
“autoritarismo” y “corrupción”, son dos caras de una misma moneda, con la que
los sectores dominantes buscarán justificar sus acciones para reconquistar sus
privilegios de siempre.
