Contrapropaganda de la Revolución Ciudadana

 Por: Edison Solis

10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana fueron suficientes para entender el real efecto de los medios de información en la transformación o conservación del sistema económico, político, social y cultural en Ecuador. En la edición de diario El Universo, Domingo 11 de enero de 2009, Sección Política, con el titular: Propaganda, Herramienta para Imponer una Verdad; Vinicio Alvarado, en ese entonces Secretario de Comunicación del gobierno de Rafael Correa, sostenía que “su estrategia publicitaria se divide en tres piezas: 1. Los comerciales de televisión para informar qué hace el Gobierno con la plata del pueblo, en los cuales ‘no aparece Correa’;  2. Los comerciales de contenido emocional, que buscan generar cambios de conducta, en los que sí aparece la imagen del Presidente; y, 3. La información sobre la visión del Gobierno, que incluye las cadenas, los enlaces radiales sabatinos, el periódico y la página web”. Maquinaria de información masiva que sirvió como contrapropaganda a la propaganda diaria y acostumbrada de la oposición en los medios masivos de información privados autodenominados como “independientes” pero calificados en el escenario político como reales y hasta contundentes oponentes al gobierno de la Revolución Ciudadana.

Foto tomada de la web

Con este antecedente es necesario preguntarse: ¿Sirvió o no la contrapropaganda del gobierno de Rafael Correa a la ciudadanía? Sí y No. SI, porque logró desarticular, los discursos trillados, pero no carente de contenido ideológico, de “traidor” por parte de la “izquierda” ecologista y maoista; y totalitarista, de la derecha plutocrática que se acostumbró a Co-Gobernar desde los sofás de sus oficinas. Fueron desenmascarados los poderes fácticos, así como la denominada, por el mismo Primer Mandatario, como la  “izquierda infantil”; acusados en su momento de ser los históricos movimientos políticos “revolucionarios” que hacen juego a la derecha ecuatoriana. La ciudadanía se empoderó de esas constantes denuncias y distinguió claramente las diferencias entre ricos y pobres que llevó a poner en práctica la lucha de clases en pleno siglo XXI. NO, porque el único que apareció enfrentando la propaganda opositora fue Rafael Correa que fortaleció solo su liderazgo y debilitó la imagen de la generación de posibles nuevos ‘cuadros’ desde su mismo gabinete ministerial, y más aún, desde las bases ciudadanas. Acumuló y dilapidó. Recuerdo el dicho popular: “muerta la cabeza, muerto los tentáculos”. Muestra de aquello es la coyuntura actual en Alianza País: la carencia total de liderazgos para una real oposición al gobierno de Lenin Boltaire Moreno Garcés. Es tan claro que hasta ahora el único que marca un liderazgo opositor, y desde el extranjero, sigue siendo Rafael Correa.

Foto tomada de ANDES

10 años de contrapropaganda que extrañan académicos, estudiantes, empleados, obreros, betuneros y hasta amas de casa. Como no olvidarse de periodistas, dueños de medios de información y las instituciones “defensoras de la libertad de expresión”. Ocho meses de un nuevo gobierno que canceló los Enlaces Ciudadanos, principal dolor de cabeza de la oligarquía mediática porque, según los expertos, fue el que mayor efecto de contrapropaganda provocó en las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales de los ecuatorianos.

Ahora no hay contrapropaganda,  volvió la propaganda neoliberal acostumbrada y difundida como información en los medios privados “independientes” y ahora hasta en los “medios” públicos. La contrapropaganda fue la jugada estratégica perfecta del gobierno de la Revolución Ciudadana con una maquinaria de medios de información que ahora intentarían ser desmantelados por un gobierno que no deja de oponerse, sin duda, al gobierno de uno de los personajes políticos ecuatorianos que provocó y provoca aún pesadillas a la oligarquía ecuatoriana: Rafael Vicente Correa Delgado.    

OPORTUNISMO E INCOHERENCIA POLÍTICA

Por: Edison Pérez

El oportunismo puede ser entendido como la actitud que tiene una persona para acomodarse a las circunstancias con la intención de sacar provecho para sí mismo, sin importarle que vaya en contra de sus “principios”. Los “atributos” principales de estos “migrantes ideológicos” o “camiseteros” son: el mimetismo político, la simulación, la adulación y el servilismo incondicional para el gobernante de turno.

De este mismo oportunismo deriva la incoherencia política, que se hace evidente cuando los oportunistas, “migrantes ideológicos” o “camiseteros” denostan, sin empacho, lo que antes defendían a ultranza, lo hacen con una facilidad y sinvergüencería que convencen al ciudadano común y, en cierta forma, hasta se convencen ellos mismos de su discurso de turno.

En principio, no habría ningún problema que ellos sean un cúmulo de contradicciones, sin embargo, son actores políticos designados por el Primer Mandatario y otros electos por el pueblo que creyó en un plan de gobierno y en un partido o movimiento político que les acogía. Su proselitismo se enmarcaba en una línea ideológica que abarcaba un sin número de propuestas, las mismas que encandilaron a los votantes y definían la continuidad de un proyecto denominado Revolución Ciudadana.

Ese proyecto se va desvaneciendo ya que no existe la participación ciudadana, verbigracia en los denominados “Diálogos Nacionales” los interlocutores fueron los propietarios de los medios, los empresarios, los banqueros, los dirigentes políticos y sociales; es decir, el pueblo ha sido un espectador relegado y resignado a las decisiones políticas del gobierno y sus aliados oportunistas ávidos por recuperar sus privilegios.

La banca denigró el proyecto denominado dinero electrónico que lo impulsó el gobierno de Rafael Correa, sin embargo, la implementación de este servicio estará en sus manos y por ende cambian su discurso alabando y aplaudiendo este sistema como algo innovador, necesario para sostener y fortalecer la dolarización. Así mismo, los empresarios inmobiliarios, los que en su momento defendían la Ley de Plusvalía para combatir la especulación de tierras, hoy la critican y hasta impulsan la consulta popular para que esa Ley sea derogada. Ese es el caso del actual Ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana Sáenz. En esa misma línea, de crítica y denigración, se encuentra la Vicepresidenta encargada, María Alejandra Vicuña Muñoz, sobre la reelección indefinida, la misma que defendió, promovió y aprobó en 2015 cuando era asambleísta de AP.

Así mismo, asambleístas de la lista 35 que hicieron campaña con una propuesta política que, en términos generales, planteaba la continuidad de la Revolución Ciudadana en beneficio de los más necesitados, hoy por hoy, comulgan con una línea más cercana a la oposición. Es así que después de 5 meses de gestión, su discurso y acción política dista mucho de lo que defendieron y pregonaron en sus mitines electoreros. Tal es el caso de Daniel Isaac Mendoza Arévalo, José Ricardo Zambrano Arteaga, Marcia Cecilia Aguirre Rueda, Jorge Homero Yunda Machado, Elizabeth Enriqueta Cabezas Guerrero, entre otros, que usaron “oportunamente” la plataforma política e imagen de AP y de la Revolución Ciudadana para que los votantes los elijan como sus representantes.

Los ciudadanos que se sienten engañados se encargarán de castigar, en las urnas, a los oportunistas que hoy muestran su incoherencia política.

UNA DESTITUCIÓN BURDA

Por: Galo Betancourt

Es claro que la ContralorÍa General del Estado se ha convertido en un órgano netamente sancionador y operativo a los intereses del gobierno de Lenin Boltaire Moreno Garcés y sus aliados. 

Al no tener una mayoría para destituir al vicepresidente Jorge David Glas Espinel, mediante juicio político en la Asamblea Nacional, se tomó la justicia por mano propia rompiendo con el Estado de Derecho y la institucionalidad del país, destituyéndolo de una forma burda.

Tomado de la cuenta de Twitter de diario El Universo

La Contraloría asume la figura de  órgano inquisidor de una manera espantosa, realizando auditorías a varios asambleístas de Alianza País que públicamente han demostrado respaldo al vicepresidente Glas y se han manifestado a favor de continuar con la línea política de la Revolución Ciudadana.

Tomado de la cuenta de Twitter de diario El Comercio

La destitución de una autoridad elegida por voto popular es la evidencia del poderío que tiene hoy la Contraloría General del Estado, la misma que actúa en contra de figuras políticas que le resultan incómodas al actual Gobierno.

La cacería de brujas continúa...

AUTORITARISMO Y CORRUPCIÓN

Por: Wilson Benavides

Desde que Lenín Moreno asumió la Presidencia de la República el pasado 24 de mayo, sectores del oficialismo y la oposición intentan convertir al “autoritarismo” y a la “corrupción” en los conceptos centrales para definir el legado del gobierno de Rafael Correa (2007-2017).

Foto tomada de diario El Universo

Es claro que quienes se enmarcan en el primer concepto, sostienen su argumento utilizando modelos teóricos e índices de desempeño de las democracias elaborados en países desarrollados generalmente con gobiernos parlamentarios, que nada tienen que ver con la realidad latinoamericana y menos aún, ecuatoriana. Estas matrices de pensamiento estigmatizan a los sistemas presidencialistas y condenan los liderazgos firmes y el legítimo ejercicio de su autoridad, calificándolos de “autoritarios” o “populistas”.

Paralelamente, los que abanderan el tema de la corrupción priorizan el escándalo mediático por sobre la investigación seria y argumentada para calificar de “corrupto” a todo el gobierno de Correa, sin mencionar que fueron las propias investigaciones realizadas durante esa gestión las que permitieron desmantelar históricas redes de corrupción en las empresas telefónicas y Petroecuador, así como iniciar acciones concretas por el caso de la constructora brasileña Odebrecht.

Alimentando la idea del supuesto autoritarismo de la anterior administración, organizaciones como la CONAIE ha puesto como condición para dialogar con el Presidente Moreno que la Asamblea Nacional dé paso al pedido de amnistía para 225 procesados en 35 casos de supuesta criminalización de la protesta durante el gobierno de Correa. Llama la atención, sin embargo, que en esa lista se encuentren ciudadanos acusados de delitos comunes que nada tienen que ver con circunstancias de índole política e incluso están nombres de fallecidos o personas que no tienen ningún proceso judicial en su contra. Hasta el momento, la Asamblea Nacional ha dado paso al trámite de 9 casos que incluyen a más de 30 procesados.

 

Foto tomada del Flickr de la Presidencia

Algo parecido sucede con la corrupción donde al parecer algunos sectores de oposición en el parlamento ecuatoriano buscan hacer de la fiscalización una plataforma para obtener presencia ante las cámaras de TV, pero rechazan cualquier acción concreta orientada a combatirla efectivamente, porque eso implicaría anular sus propios argumentos.

Es así, que pese a que en la campaña electoral ofrecieron una lucha sin cuartel a la corrupción, el bloque del movimiento CREO, votó en contra de la resolución que -con 106 votos a favor, incluidos varios legisladores de oposición- aprobó hace varias semanas la Asamblea Nacional.

El parlamento ecuatoriano enjuició políticamente al contralor, Carlos Pólit; convocó al fiscal general, Carlos Baca; e integró una comisión multipardista para investigar el tema Odebrecht, incluso en países donde sea necesario visitar para recabar información sobre este delicado asunto.   

En este escenario, “autoritarismo” y “corrupción” intentan convertirse en los elementos centrales para configurar un nuevo paraguas ideológico, un conjunto de creencias, valores y prácticas que buscan encapsular todo el legado de Rafael Correa en ambas denominaciones. 

Sin embargo para las grandes mayorías, especialmente para los sectores más humildes, “autoritarismo” y “corrupción”, son dos caras de una misma moneda, con la que los sectores dominantes buscarán justificar sus acciones para reconquistar sus privilegios de siempre.

16A - Terremoto y uso político de la sociedad civil

Foto tomada de: http://images.spanish.latinospost.com/data/images/full/80532/terremoto-en-ecuador-2016.jpg

Autor: Wilson Benavides

Con el terremoto del pasado 16 de abril en las costas de Ecuador, que causó más de 600 muertos y cientos de viviendas destruidas en las provincias de Manabí y Esmeraldas, se produjo un punto de inflexión en la relación entre el gobierno y la sociedad civil, que no se había experimentado al menos desde el 30 de septiembre de 2010, durante el intento de golpe de Estado, secuestro y magnicidio contra el Presidente de la República.

Aunque estos dos hechos (16A y 30S), aparentemente incomparables en términos conceptuales, ponen sobre la escena a los mismos actores: el gobierno y la sociedad civil, en una situación crítica.

En el 2010, el 30S amenazó la estabilidad del orden democrático, ocasionó 5 muertos, varios heridos y un sin número de procesos judiciales que se siguen hasta hoy contra los presuntos autores. Este 2016, en cambio, el desastre natural, además de las secuelas emocionales por los fallecidos y heridos, ahonda las dificultades económicas que atraviesa nuestro país, al destruir significativa infraestrutura turística y de generación de empleo de un importante polo de desarrollo nacional como la provincia de Manabí.

¿Cuál fue el papel de la sociedad civil en ambos eventos? Durante el 30S, la sociedad civil, especialmente de Quito, salió de forma espontánea a las calles para respaldar al régimen democrático y rescatar -simbólicamente- al Presidente Correa, quien se encontraba retenido en el hospital de la Policía, como lo cuenta el documental “Muchedumbre” (aquí el link: http://bit.ly/1T7OmBp).

En esa ocasión, varios analistas señalaron que no era la sociedad sino solo un grupo de militantes de Alianza PAIS quienes salieron a las calles, mientras que los ciudadanos que acudieron voluntariamente, eran para estos analistas, presos de la manipulación mediática gestada con anterioridad por el gobierno. Así lo resumía un connotado estudioso de la cultura política ecuatoriana en EL COMERCIO (aquí el link: http://bit.ly/21TsiuJ), pocos meses antes de los sucesos de septiembre.

En el terremoto de abril pasado, en cambio, esa misma “sociedad civil” adquirió para los ojos de los analistas, un sentido completamente distinto. Ya no era una masa manipulada que se movilizó en torno a un líder político con dotes mesiánicos; ahora es una expresión legítima de la autonomía ciudadana que fue llamada para solucionar la supuesta falta de respuesta oportuna por parte del Estado, como lo señala un profesor universitario y ex consultor de la Senplades, en un artículo de opinión (aquí el link: http://bit.ly/1TFQBJe)

Aunque las consecuencias del 30S y del terremoto del 16A no son comparables, esta reflexión apunta más bien a evidenciar la construcción semántica de la “sociedad civil” que configuró la opinión pública, en ambos episodios.

Esta sociedad, la del 2016, adquiere hoy distintos rostros: desde un grupo de ex altos funcionarios del régimen ahora en la oposición que realizan clausuras simbólicas a diferentes instituciones, hasta sindicalistas y cámaras empresariales. La opinión pública mezcla y confunde de forma deliberada a los grupos de interés con los grupos de presión y a ambos los etiqueta como “sociedad civil”.

Pero esta operación lingüística, esconde una lógica política que se despliega justamente en un año preelectoral, bajo una idea-fuerza: oponer hasta el antagonismo a la sociedad civil de la sociedad política, para causar su desencuentro y ruptura definitiva como una condición necesaria para lo que algunos denominan el “post correísmo”.

Rigor periodístico

Tomado de 

http://mexicanadecomunicacion.com.mx/rmc/2013/05/07/rigor-periodistico/#axzz2T8LjNvC2

Por José Luis Esquivel

El rigor periodístico distingue a un auténtico profesional de un improvisado que tiene acceso a las herramientas modernas de la información y el entretenimiento.

           Foto: 005/365 – fotoperiodismo por publikaccion.es @Flickr

El periodismo de hoy vive una serie de transformaciones debido a las tecnologías de punta que han validado, como nunca, la actualidad informativa y, por tanto, la difusión de los hechos en tiempo real, pero también la influencia de las redes sociales está revolucionando a los medios tradicionales para modificar sus contenidos con temas más cercanos a la gente y más divertidos.

La televisión principalmente está en un parteaguas de su historia constatando que su axioma “No audiencie, no party” ahora encuentra plenitud en sus noticieros no solamente con los asuntos políticos y segmentos de sangre o desastre, sino que su devoción por el rating tiene como foco de atención la frivolidad en primer término y el show de los periodistas en la pantalla.

Las audiencias están cada vez más volviéndose adictas a Facebook o a You Tube o a leer las noticias en el iPad o a revisar minuto a minuto cuanto material contienen sus teléfonos móviles y, en estas circunstancias, son sus prácticas de uso, reapropiación y consumo, las que determinan el rumbo de la producción televisiva y plantearse la necesidad de adaptarse al cerebro de las nuevas generaciones de receptores, cabalmente en el terreno de la información de actualidad.

Sin embargo, los principios del periodismo son inamovibles para la televisión como lo siguen siendo para la prensa en general, para la radio y para cualquier otro medio digital que desee transmitir noticias por el sistema que sea y trátese de la plataforma que se trate.

Y uno de esos postulados básicos, sobre todo del profesional de los medios, es el rigor periodístico lo que significa verificar los datos explorados y confrontar la diversidad de fuentes hasta que haya plena constancia de la realidad que se va a exponer. Y como la verdad –la verdad propia, es decir de quien da testimonio de ella en los medios– es muy lenta, hay que dar la cara por ella hasta que pueda ser demostrada en forma contundente.

Así es como se construye la credibilidad, que es el bien preciado de quien se ostenta como representante legítimo de eso que llamamos opinión pública y que, en un sistema democrático, es fruto de la libertad de prensa y de expresión así como del pleno ejercicio del derecho a la información.

Por el rigor periodístico se representa y se construye la realidad que merece conocer las masas, y por ese rigo periodístico se combate la manipulación, la mentira y la parcialidad hacia los poderes político y económico, además de encontrar apoyo en él para pedir perdón por los errores comunes en un oficio sometido a presiones y a cargas emocionales muy especiales.

El rigor periodístico distingue a un auténtico profesional de un improvisado que tiene acceso a las herramientas modernas de la información y el entretenimiento. Porque si no se sabe contrastar una noticia se corre el riesgo del amarillismo o la difamación.

Publicado originalmente en Revista Mexicana de Comunicación: Rigor periodístico | Revista Mexicana de Comunicación (RMC)

De libertades, prensa y expresión

Imagen tomada de la web

Por Alexander Amézquita O

Artículo original en:

http://www.ciespal.net/mediaciones/index.php/ensayos/1228-de-libertades-prensa-y-expresion.html

Hoy, 3 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Libertad de Prensa y esto amerita una reflexión sobre las implicaciones y relaciones que se construyen en los discursos sociales sobre este tema y esta fecha.

Como siempre, y de la misma forma que hemos tratado de evidenciar a través de este medio, se confunde a la Libertad de Prensa como la Libertad de Expresión. Por doquier, en medios que conmemoran este día y en múltiples espacios gubernamentales y no gubernamentales, se fomenta esta confusión, que puede tener consecuencias nefastas para la experiencia democrática y para la vida ciudadana en general. La libertad de expresión, el derecho inalienable que poseemos todas las personas, de expresar lo que pensamos de manera libre y protegida, sin perjuicio de persecución o algún otro tipo de sanción por nuestras opiniones, no es igual – aunque está relacionado – a la libertad de prensa.

La libertad de prensa es un derecho ejercido no por personas, sino por organizaciones, que en uso y práctica de un bien social, la información periodística, deben ver protegida su labor de producir y difundir información. La libertad de prensa es un derecho que protege a los medios de comunicación para poder ejercer su trabajo, el mismo que muchas veces se enmarca, o promueve, o es alimentado, por la opinión de personas, esas si ciudadanos y ciudadanas. La posibilidad de acceder a una información de calidad, pasa entonces por la necesidad de proteger el trabajo de los medios que pretenden producir y difundir ese tipo de información. Un medio puede ejercer su trabajo, bajo la protección que le otorga la libertad de prensa, la posibilidad de producir información – como medio – sin perjuicio de persecuciones políticas o censuras.

Por otro lado, la libertad de expresión tiene que ver con precautelar la posibilidad de expresarse, que tiene cada ciudadano y cada ciudadana. Esas expresiones puede difundirse a través de medios de comunicación o cualquier otras plataforma de intercambio, mediada por tecnologías que van desde el habla y la escritura, hasta las redes sociales y soportes multimediales. Pero son emitidas por las personas en calidad de ciudadanos.

Imagen tomada de la web

Ahí está la diferencia. Así, todos somos ciudadanos y ciudadanas, sujetos a la protección de nuestros derechos por parte del estado, pero mientras la libertad de expresión es ejercida únicamente bajo el manto de la ciudadanía, de pertenecer a una nación y a este mundo y de poder decir lo que se piensa – evidentemente amparados en múltiples ejercicios de identidad: como mujer, como trabajador, como científico, etc. –, la libertad de prensa se ejerce bajo el amparo de la labor periodística, de la legitimidad y credibilidad del medio a través de la que se difunde y del sistema de medios en el que se inscribe dicha producción. Esa diferencia no crea un abismo, establece puentes entre un ciudadano que emite una opinión únicamente en cuanto tal, y un medio que emite opiniones protegido además (y en algunos casos en riesgo precisamente por ello) por ser medio de comunicación, envestido de la legitimidad que le otorga su estatus como institución social, con significados imaginarios que la sostienen en las mentes y expectativas de las personas, así como de la alta o baja credibilidad que haya conseguido al cumplir o no esas expectativas imaginarias en sus usuarios.

Esa leve diferencia, el tipo de institución que ampara cada ejercicio de libertad, conlleva riesgos y responsabilidades diversas. Sería ingenuo suponer que en cada escenario institucional no se ejerce, además, un tipo particular de poder, y como todo poder, cada uno de esos ejercicios puede derivar en tipos particulares de dominación. Si las maquinarias electorales, los recursos estatales y el propio carisma pueden servir para otorgar un poder particular a quien ejerce la política, lo mismo ocurre cuándo un medio ejerce su libertad de prensa, puede generar ejercicios de poder que eventualmente podrían derivar en dominación, en tanto la institución del sistema de comunicación de una sociedad, otorga legitimidad a un medio más allá de la credibilidad del mismo. Su plataforma de difusión e intercambio de información, otorga al medio una amplitud de la que no gozan la mayoría de otros ejercicios de comunicación, de la misma forma que pone en un mayor riesgo a quien ejerce la libertad de prensa pues lo visibiliza hasta casi la transparencia, y es por ello que el periodismo debe ser una labor no solo protegida a través de esta libertad, sino como una profesión de alto riesgo.

Pero así mismo, las responsabilidades son mayores. Es por esto por lo que no podemos equiparar, aunque si relacionar, a estas dos libertades, porque las instituciones, riesgos y responsabilidades de con llevan son distintas, y lo son precisamente para proteger a aquellos sujetos más vulnerables. Es peligroso que los medios se apropien de la libertad de expresión, lo mismo que lo hagan los gobiernos, porque el más vulnerable de los sujetos queda entonces sin protección. Porque ni todos los ciudadanos y ciudadanos tenemos la posibilidad, el interés o la suerte de difundir nuestras opiniones o ser nombrados por los medios, ni estamos todos y todas representados por los miembros del gobierno en el poder. Por eso lo que nos pertenece es la protección del estado, que trasciende gobiernos y que es una esfera distinta a la sociedad civil y a los medios, con el fin de que podamos acudir a él cuando nuestros derechos y libertades son vulneradas.

Pero si diferentes sectores de la prensa o del gobierno se apropian discursiva, social y judicialmente de la libertad de expresión, menos lugar queda para el ciudadano, con menos recursos para movilizar sus reclamaciones. La distinción entonces sirve para otorgarle a cada actor sus respectivos recursos, aquellos dedicados a proteger a la prensa, y aquellos dedicados a proteger a los ciudadanos.

Por otro lado, es evidente que sin libertad de prensa es imposible ejercer la libertad de expresión, porque si un medio con todos sus recursos no puede movilizar sus opiniones o producir información, mucho menos lo podrá hacer un ciudadano que no pueda acudir a esos medios o proclamar sus ideas individual o colectivamente. Pero sabemos que es una condición necesaria, más no suficiente de la libertad de expresión. Se requiere adicionalmente un estado protector y sobre todo una ciudadanía movilizada y dispuesta a adelantar sus prácticas, a interpretar y criticar a los medios y al estado. Las instituciones generalmente pretender mantener el statu quo, y los medios o el estado no son la excepción, y sólo cambian cuando la libertad de expresión se ejerce por ciudadanos interesados, dispuestos a escuchar y a valorar positívamente los desacuerdos.

Por eso, hoy celebramos la libertad de prensa, recordando sí cuán importante es el periodismo libre, los riesgos que implica, pero sobre todo la enorme responsabilidad que recae sobre los medios al ejercer su libertad de prensa para fortalecer la libertad de expresión de todos los demás.