Tomado de ALAI
Autor: Aram Aharonian
Se ha puesto de moda hablar de la necesidad de desalambrar los latifundios mediáticos (Viglietti/Aram dixit), de la “necesaria democratización” de la comunicación y de la información y del llamado “terrorismo mediático” (Chomsky dixit). Y muchas veces, todo eso no pasa de consignas o, peor, de lamentos.
Y mientras desde por aquí declamamos, desde el Norte siguen usando a los medios de comunicación masiva –trasnacionales y sus “repetidoras” nacionales- como arietes de la globalización neoliberal a través del impacto combinado de la información, la publicidad y el entretenimiento, como poderosas armas que imponen su estilo de vida y sus intereses, aumentando el individualismo, el consumismo, la pérdida de identidad, y la dependencia cultural, social, económica, política.
Estas consignas y lamentos también incluyen declamaciones instando a cambiar la legislación. Claro, desde arriba, sin debate ni participación y sin siquiera identificar cuál es la problemática y cual es la estrategia a implementar.
Es necesario identificar con claridad cuáles son las razones por las cuales es necesaria una nueva legislación, y establecer con precisión los objetivos que se buscan con dicha normativa legal.
Qué es lo que se quiere
Todos parecen estar de acuerdo en la necesidad de “democratizar” los medios, pero cada uno tiene su propia idea de para qué debemos hacerlo. Hay demasiadas fisuras en este reclamo colectivo.
Cuando se habla de la necesidad de democratizar los medios, las frecuencias y las comunicaciones, hay que saber para qué se quiere tomar esas medidas, qué significa realmente esa “democratización”. En definitiva, si las nuevas medidas respetan el derecho a informar y estar informados, si fomentan la formación de ciudadanía, si impiden monopolios y oligopolios, si garantizan la recuperación de le memoria y la cultura propias.
La peor de las situaciones que podría ocurrir consistiría en que se pagase el costo político de una normativa que fuese denunciada como autoritaria y restrictiva de la libertad de expresión sin que en realidad se produzca con una nueva normativa legal ningún avance significativo desde el punto de vista de los objetivos que deberían orientarla. Ejemplo sobran en nuestra región.
Y cuando hablamos de “democratizar” no debemos olvidar que la Ley venezolana de Telecomunicaciones es considerada como las más neoliberal de América Latina. Es imprescindible comenzar por una revisión de esta ley madre, para seguir con la Ley de Responsabilidad Social de Radio y TV (alias Resorte), con los reglamentos que impiden la difusión libre y en igualdad de condiciones de las radios y televisoras comunitarias...
Lo que hace falta es una Constituyente Comunicacional, donde participe el pueblo todo y no quede la normativa en el libre albedrío de unos funcionarios. Para no seguir recitando “socialismo”, hay que garantizar que las decisiones sean colectivas. No hay nada que se construya desde arriba: sólo un pozo.
Una nueva normativa debiera facilitar la democratización del acceso plural a la información, a las opiniones y a las opciones culturales como condición para la democracia. Sin una esfera pública democrática, plural, no es posible la democracia. Debe, asimismo, garantizar la libertad de expresión, sin que quede abierta la posibilidad de la censura, sea ésta previa o a posteriori.
Una democratización significa normar restricciones a los monopolios y oligopolios en los medios y avanzar en la democratización de la propiedad y el control de los medios, porque si no, 80% de la audiencia seguirá controlada por la estructura monopólica de los medios corporativos.
Una nueva normativa debe avanzar en la contraloría social de los medios, sin duda un objetivo democratizador, dado que los medios juegan un papel vital en la construcción del imaginario colectivo y de la reproducción cultural, en la educación y en el acceso a la información.
En materia de los medios audiovisuales, es necesario recordar que las ondas radioeléctricas son patrimonio de la humanidad, administradas por cada Estado. Ningún particular puede ser propietario de una frecuencia, pues solo tiene derecho a usufructuar una concesión otorgada por el Estado. El uso de las ondas radioeléctricas es para la nación en su totalidad y corresponde al Estado tomar las medidas administrativas acorde con los marcos legales establecidos.
En el caso venezolano, no sólo es procedente sino necesario democratizar el uso de ese bien público, mediante una reingeniería de frecuencias y licencias, que permita una distribución equitativa entre el sector estatal, el privado y el espacio público. Por lo menos, ese es el criterio que prima en las legislaciones más adelantadas en el continente. Pero si esta sociedad avanzara hacia el socialismo, ¿no se debiera hablar de un solo y gran espacio público? Asimismo, es necesario establecer una vigilancia de su uso a través de un marco regulatorio que garantice su uso democrático.
No es suficiente realizar una nueva redistribución de las licencias efectivamente democrática y limitar la cantidad de emisoras que pueden participar en una red. Es necesario tener presente que la cartelización de los medios privados venezolanos no se basa tanto en el régimen de transmisión (redes) como en la difusión unívoca de mensajes. De allí la necesidad de establecer un marco regulatorio preciso que, en ningún caso, debería atentar contra la libertad de expresión, principio considerado como el valor absoluto en un sistema democrático.
Comunicación y democracia
Hoy somos concientes de que el tema de los medios de comunicación social tiene relación directa con el futuro de nuestras democracias, porque la dictadura mediática pretende suplantar a las dictaduras militares de tres décadas atrás. Hoy no hacen falta bayonetas: los medios llevan el bombardeo ideológico hasta la sala o el dormitorio, en su propia casa.
Desde el Norte, nos bombardean con una gran cantidad de información-basura que solo sirve para desinformarnos y sentirnos dependientes. Sabemos de Afganistán y los talibanes, pero no conocemos siquiera nuestro reflejo y mucho menos a nuestros propios vecinos.
Son los grandes grupos económicos, que usan a los medios y deciden quién tiene o no la palabra, quien es el protagonista y quién el antagonista. Y plantean una realidad virtual, invisibilizando la realidad adversa a sus intereses. La democracia sigue instalada como sistema formal, sin apropiación ciudadana, razón por la cual su institucionalidad es precaria. Construir democracia es construir ciudadanía, empoderar a los pobres.
También somos concientes del necesario cambio de paradigmas. Hemos sido entrenados para pensar que prensa alternativa significa comunicación marginal. Hoy sabemos que la única forma de plantearse la batalla de las ideas es con una estrategia comunicacional masiva, que sea realmente alternativa al bombardeo constante, hegemónico, que nos llega desde el Norte.
No cabe duda de que los medios comunitarios, populares, alternativos, son un paso en el camino a la democratización, pero por sí mismo no son suficientes. Podemos tener centenares de medios comunitarios, pero si el 93% de la audiencia está controlada por una estructura monopólica y/o oligopólica de los medios corporativos comerciales, poco será lo que habremos avanzado en la dirección de la democratización.
Debemos tener conciencia de que lo que se está librando es una guerra cultural, la batalla de las ideas. Es una guerra que no se agota en consignas, sino para la cual hay que prepararse adecuadamente. Para ello debemos adueñarnos de la tecnología, aprender a usarla mejor –o tan bien- como el enemigo y, sobre todo, tener en claro para qué queremos esas armas, para que, en definitiva, no se sumen al arsenal hegemónico en contra de nuestros propios pueblos.
Las últimas experiencias nos indican, asimismo, que de nada sirve tener medios nuevos, televisoras nuevas, si no tenemos nuevos contenidos, si seguimos copiando las formas hegemónicas. De nada sirven nuevos medios si no creemos en la necesidad de vernos con nuestros propios ojos. Porque lanzar medios nuevos para repetir el mensaje del enemigo, es ser cómplice del enemigo.
Aram Aharonian
Periodista y docente uruguayo-venezolano, director del mensuario Question, fundador de Telesur, director del Observatorio Latinoamericano en Comunicación y Democracia (ULAC)
Se ha puesto de moda hablar de la necesidad de desalambrar los latifundios mediáticos (Viglietti/Aram dixit), de la “necesaria democratización” de la comunicación y de la información y del llamado “terrorismo mediático” (Chomsky dixit). Y muchas veces, todo eso no pasa de consignas o, peor, de lamentos.
Y mientras desde por aquí declamamos, desde el Norte siguen usando a los medios de comunicación masiva –trasnacionales y sus “repetidoras” nacionales- como arietes de la globalización neoliberal a través del impacto combinado de la información, la publicidad y el entretenimiento, como poderosas armas que imponen su estilo de vida y sus intereses, aumentando el individualismo, el consumismo, la pérdida de identidad, y la dependencia cultural, social, económica, política.
Estas consignas y lamentos también incluyen declamaciones instando a cambiar la legislación. Claro, desde arriba, sin debate ni participación y sin siquiera identificar cuál es la problemática y cual es la estrategia a implementar.
Es necesario identificar con claridad cuáles son las razones por las cuales es necesaria una nueva legislación, y establecer con precisión los objetivos que se buscan con dicha normativa legal.
Qué es lo que se quiere
Todos parecen estar de acuerdo en la necesidad de “democratizar” los medios, pero cada uno tiene su propia idea de para qué debemos hacerlo. Hay demasiadas fisuras en este reclamo colectivo.
Cuando se habla de la necesidad de democratizar los medios, las frecuencias y las comunicaciones, hay que saber para qué se quiere tomar esas medidas, qué significa realmente esa “democratización”. En definitiva, si las nuevas medidas respetan el derecho a informar y estar informados, si fomentan la formación de ciudadanía, si impiden monopolios y oligopolios, si garantizan la recuperación de le memoria y la cultura propias.
La peor de las situaciones que podría ocurrir consistiría en que se pagase el costo político de una normativa que fuese denunciada como autoritaria y restrictiva de la libertad de expresión sin que en realidad se produzca con una nueva normativa legal ningún avance significativo desde el punto de vista de los objetivos que deberían orientarla. Ejemplo sobran en nuestra región.
Y cuando hablamos de “democratizar” no debemos olvidar que la Ley venezolana de Telecomunicaciones es considerada como las más neoliberal de América Latina. Es imprescindible comenzar por una revisión de esta ley madre, para seguir con la Ley de Responsabilidad Social de Radio y TV (alias Resorte), con los reglamentos que impiden la difusión libre y en igualdad de condiciones de las radios y televisoras comunitarias...
Lo que hace falta es una Constituyente Comunicacional, donde participe el pueblo todo y no quede la normativa en el libre albedrío de unos funcionarios. Para no seguir recitando “socialismo”, hay que garantizar que las decisiones sean colectivas. No hay nada que se construya desde arriba: sólo un pozo.
Una nueva normativa debiera facilitar la democratización del acceso plural a la información, a las opiniones y a las opciones culturales como condición para la democracia. Sin una esfera pública democrática, plural, no es posible la democracia. Debe, asimismo, garantizar la libertad de expresión, sin que quede abierta la posibilidad de la censura, sea ésta previa o a posteriori.
Una democratización significa normar restricciones a los monopolios y oligopolios en los medios y avanzar en la democratización de la propiedad y el control de los medios, porque si no, 80% de la audiencia seguirá controlada por la estructura monopólica de los medios corporativos.
Una nueva normativa debe avanzar en la contraloría social de los medios, sin duda un objetivo democratizador, dado que los medios juegan un papel vital en la construcción del imaginario colectivo y de la reproducción cultural, en la educación y en el acceso a la información.
En materia de los medios audiovisuales, es necesario recordar que las ondas radioeléctricas son patrimonio de la humanidad, administradas por cada Estado. Ningún particular puede ser propietario de una frecuencia, pues solo tiene derecho a usufructuar una concesión otorgada por el Estado. El uso de las ondas radioeléctricas es para la nación en su totalidad y corresponde al Estado tomar las medidas administrativas acorde con los marcos legales establecidos.
En el caso venezolano, no sólo es procedente sino necesario democratizar el uso de ese bien público, mediante una reingeniería de frecuencias y licencias, que permita una distribución equitativa entre el sector estatal, el privado y el espacio público. Por lo menos, ese es el criterio que prima en las legislaciones más adelantadas en el continente. Pero si esta sociedad avanzara hacia el socialismo, ¿no se debiera hablar de un solo y gran espacio público? Asimismo, es necesario establecer una vigilancia de su uso a través de un marco regulatorio que garantice su uso democrático.
No es suficiente realizar una nueva redistribución de las licencias efectivamente democrática y limitar la cantidad de emisoras que pueden participar en una red. Es necesario tener presente que la cartelización de los medios privados venezolanos no se basa tanto en el régimen de transmisión (redes) como en la difusión unívoca de mensajes. De allí la necesidad de establecer un marco regulatorio preciso que, en ningún caso, debería atentar contra la libertad de expresión, principio considerado como el valor absoluto en un sistema democrático.
Comunicación y democracia
Hoy somos concientes de que el tema de los medios de comunicación social tiene relación directa con el futuro de nuestras democracias, porque la dictadura mediática pretende suplantar a las dictaduras militares de tres décadas atrás. Hoy no hacen falta bayonetas: los medios llevan el bombardeo ideológico hasta la sala o el dormitorio, en su propia casa.
Desde el Norte, nos bombardean con una gran cantidad de información-basura que solo sirve para desinformarnos y sentirnos dependientes. Sabemos de Afganistán y los talibanes, pero no conocemos siquiera nuestro reflejo y mucho menos a nuestros propios vecinos.
Son los grandes grupos económicos, que usan a los medios y deciden quién tiene o no la palabra, quien es el protagonista y quién el antagonista. Y plantean una realidad virtual, invisibilizando la realidad adversa a sus intereses. La democracia sigue instalada como sistema formal, sin apropiación ciudadana, razón por la cual su institucionalidad es precaria. Construir democracia es construir ciudadanía, empoderar a los pobres.
También somos concientes del necesario cambio de paradigmas. Hemos sido entrenados para pensar que prensa alternativa significa comunicación marginal. Hoy sabemos que la única forma de plantearse la batalla de las ideas es con una estrategia comunicacional masiva, que sea realmente alternativa al bombardeo constante, hegemónico, que nos llega desde el Norte.
No cabe duda de que los medios comunitarios, populares, alternativos, son un paso en el camino a la democratización, pero por sí mismo no son suficientes. Podemos tener centenares de medios comunitarios, pero si el 93% de la audiencia está controlada por una estructura monopólica y/o oligopólica de los medios corporativos comerciales, poco será lo que habremos avanzado en la dirección de la democratización.
Debemos tener conciencia de que lo que se está librando es una guerra cultural, la batalla de las ideas. Es una guerra que no se agota en consignas, sino para la cual hay que prepararse adecuadamente. Para ello debemos adueñarnos de la tecnología, aprender a usarla mejor –o tan bien- como el enemigo y, sobre todo, tener en claro para qué queremos esas armas, para que, en definitiva, no se sumen al arsenal hegemónico en contra de nuestros propios pueblos.
Las últimas experiencias nos indican, asimismo, que de nada sirve tener medios nuevos, televisoras nuevas, si no tenemos nuevos contenidos, si seguimos copiando las formas hegemónicas. De nada sirven nuevos medios si no creemos en la necesidad de vernos con nuestros propios ojos. Porque lanzar medios nuevos para repetir el mensaje del enemigo, es ser cómplice del enemigo.
Aram Aharonian
Periodista y docente uruguayo-venezolano, director del mensuario Question, fundador de Telesur, director del Observatorio Latinoamericano en Comunicación y Democracia (ULAC)
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