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martes, 31 de octubre de 2017

OPORTUNISMO E INCOHERENCIA POLÍTICA

Por: Edison Pérez

El oportunismo puede ser entendido como la actitud que tiene una persona para acomodarse a las circunstancias con la intención de sacar provecho para sí mismo, sin importarle que vaya en contra de sus “principios”. Los “atributos” principales de estos “migrantes ideológicos” o “camiseteros” son: el mimetismo político, la simulación, la adulación y el servilismo incondicional para el gobernante de turno.


De este mismo oportunismo deriva la incoherencia política, que se hace evidente cuando los oportunistas, “migrantes ideológicos” o “camiseteros” denostan, sin empacho, lo que antes defendían a ultranza, lo hacen con una facilidad y sinvergüencería que convencen al ciudadano común y, en cierta forma, hasta se convencen ellos mismos de su discurso de turno.


En principio, no habría ningún problema que ellos sean un cúmulo de contradicciones, sin embargo, son actores políticos designados por el Primer Mandatario y otros electos por el pueblo que creyó en un plan de gobierno y en un partido o movimiento político que les acogía. Su proselitismo se enmarcaba en una línea ideológica que abarcaba un sin número de propuestas, las mismas que encandilaron a los votantes y definían la continuidad de un proyecto denominado Revolución Ciudadana.


Ese proyecto se va desvaneciendo ya que no existe la participación ciudadana, verbigracia en los denominados “Diálogos Nacionales” los interlocutores fueron los propietarios de los medios, los empresarios, los banqueros, los dirigentes políticos y sociales; es decir, el pueblo ha sido un espectador relegado y resignado a las decisiones políticas del gobierno y sus aliados oportunistas ávidos por recuperar sus privilegios.

La banca denigró el proyecto denominado dinero electrónico que lo impulsó el gobierno de Rafael Correa, sin embargo, la implementación de este servicio estará en sus manos y por ende cambian su discurso alabando y aplaudiendo este sistema como algo innovador, necesario para sostener y fortalecer la dolarización. Así mismo, los empresarios inmobiliarios, los que en su momento defendían la Ley de Plusvalía para combatir la especulación de tierras, hoy la critican y hasta impulsan la consulta popular para que esa Ley sea derogada. Ese es el caso del actual Ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana Sáenz. En esa misma línea, de crítica y denigración, se encuentra la Vicepresidenta encargada, María Alejandra Vicuña Muñoz, sobre la reelección indefinida, la misma que defendió, promovió y aprobó en 2015 cuando era asambleísta de AP.



Así mismo, asambleístas de la lista 35 que hicieron campaña con una propuesta política que, en términos generales, planteaba la continuidad de la Revolución Ciudadana en beneficio de los más necesitados, hoy por hoy, comulgan con una línea más cercana a la oposición. Es así que después de 5 meses de gestión, su discurso y acción política dista mucho de lo que defendieron y pregonaron en sus mitines electoreros. Tal es el caso de Daniel Isaac Mendoza Arévalo, José Ricardo Zambrano Arteaga, Marcia Cecilia Aguirre Rueda, Jorge Homero Yunda Machado, Elizabeth Enriqueta Cabezas Guerrero, entre otros, que usaron “oportunamente” la plataforma política e imagen de AP y de la Revolución Ciudadana para que los votantes los elijan como sus representantes.


Los ciudadanos que se sienten engañados se encargarán de castigar, en las urnas, a los oportunistas que hoy muestran su incoherencia política.

viernes, 27 de octubre de 2017

UNA DESTITUCIÓN BURDA

Por: Galo Betancourt

Es claro que la ContralorÍa General del Estado se ha convertido en un órgano netamente sancionador y operativo a los intereses del gobierno de Lenin Boltaire Moreno Garcés y sus aliados. 

Al no tener una mayoría para destituir al vicepresidente Jorge David Glas Espinel, mediante juicio político en la Asamblea Nacional, se tomó la justicia por mano propia rompiendo con el Estado de Derecho y la institucionalidad del país, destituyéndolo de una forma burda.

Tomado de la cuenta de Twitter de diario El Universo

La Contraloría asume la figura de  órgano inquisidor de una manera espantosa, realizando auditorías a varios asambleístas de Alianza País que públicamente han demostrado respaldo al vicepresidente Glas y se han manifestado a favor de continuar con la línea política de la Revolución Ciudadana.


Tomado de la cuenta de Twitter de diario El Comercio

La destitución de una autoridad elegida por voto popular es la evidencia del poderío que tiene hoy la Contraloría General del Estado, la misma que actúa en contra de figuras políticas que le resultan incómodas al actual Gobierno.

La cacería de brujas continúa...

miércoles, 25 de octubre de 2017

AUTORITARISMO Y CORRUPCIÓN

Por: Wilson Benavides


Desde que Lenín Moreno asumió la Presidencia de la República el pasado 24 de mayo, sectores del oficialismo y la oposición intentan convertir al “autoritarismo” y a la “corrupción” en los conceptos centrales para definir el legado del gobierno de Rafael Correa (2007-2017).

Foto tomada de diario El Universo

Es claro que quienes se enmarcan en el primer concepto, sostienen su argumento utilizando modelos teóricos e índices de desempeño de las democracias elaborados en países desarrollados generalmente con gobiernos parlamentarios, que nada tienen que ver con la realidad latinoamericana y menos aún, ecuatoriana. Estas matrices de pensamiento estigmatizan a los sistemas presidencialistas y condenan los liderazgos firmes y el legítimo ejercicio de su autoridad, calificándolos de “autoritarios” o “populistas”.

Paralelamente, los que abanderan el tema de la corrupción priorizan el escándalo mediático por sobre la investigación seria y argumentada para calificar de “corrupto” a todo el gobierno de Correa, sin mencionar que fueron las propias investigaciones realizadas durante esa gestión las que permitieron desmantelar históricas redes de corrupción en las empresas telefónicas y Petroecuador, así como iniciar acciones concretas por el caso de la constructora brasileña Odebrecht.

Alimentando la idea del supuesto autoritarismo de la anterior administración, organizaciones como la CONAIE ha puesto como condición para dialogar con el Presidente Moreno que la Asamblea Nacional dé paso al pedido de amnistía para 225 procesados en 35 casos de supuesta criminalización de la protesta durante el gobierno de Correa. Llama la atención, sin embargo, que en esa lista se encuentren ciudadanos acusados de delitos comunes que nada tienen que ver con circunstancias de índole política e incluso están nombres de fallecidos o personas que no tienen ningún proceso judicial en su contra. Hasta el momento, la Asamblea Nacional ha dado paso al trámite de 9 casos que incluyen a más de 30 procesados.
 
Foto tomada del Flickr de la Presidencia
Algo parecido sucede con la corrupción donde al parecer algunos sectores de oposición en el parlamento ecuatoriano buscan hacer de la fiscalización una plataforma para obtener presencia ante las cámaras de TV, pero rechazan cualquier acción concreta orientada a combatirla efectivamente, porque eso implicaría anular sus propios argumentos.

Es así, que pese a que en la campaña electoral ofrecieron una lucha sin cuartel a la corrupción, el bloque del movimiento CREO, votó en contra de la resolución que -con 106 votos a favor, incluidos varios legisladores de oposición- aprobó hace varias semanas la Asamblea Nacional.

El parlamento ecuatoriano enjuició políticamente al contralor, Carlos Pólit; convocó al fiscal general, Carlos Baca; e integró una comisión multipardista para investigar el tema Odebrecht, incluso en países donde sea necesario visitar para recabar información sobre este delicado asunto.   

En este escenario, “autoritarismo” y “corrupción” intentan convertirse en los elementos centrales para configurar un nuevo paraguas ideológico, un conjunto de creencias, valores y prácticas que buscan encapsular todo el legado de Rafael Correa en ambas denominaciones. 

Sin embargo para las grandes mayorías, especialmente para los sectores más humildes, “autoritarismo” y “corrupción”, son dos caras de una misma moneda, con la que los sectores dominantes buscarán justificar sus acciones para reconquistar sus privilegios de siempre.