CONSULTA POPULAR ¿COMPROMISO DE SEGUNDA VUELTA?

Por: Cactus

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Tras seis meses de gestión del actual Gobierno, y luego de hacerse públicas las filtraciones de audio sobre la existencia de negociaciones de una fracción de Alianza País (AP), con cierta parte de la oposición ecuatoriana, con el propósito de crear las condiciones necesarias para lograr su triunfo en las últimas elecciones presidenciales, se puede ensayar el escenario de la convocatoria a la consulta popular como un compromiso adquirido en la segunda vuelta entre esas tendencias políticas, y de cómo los primeros pasos para concretarla al contrario de soluciones estarían dificultando su camino. 

El Gobierno inició una serie de diálogos, en sus primeros cien días de administración, con quienes el ex presidente Rafael Correa mantuvo sendas controversias. La oposición se exaltó positivamente con estos encuentros, incluso algunos de sus representantes proclamaron a viva voz “se respiran aires de libertad” gracias a la apertura del Ejecutivo, como una forma de balancear la gestión política del actual Gobierno con la administración anterior.

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La dirigencia de AP cuestionó la transparencia con la cual se llevaban a cabo dichos conversatorios, y los denunció de ser solo un mecanismo para concretar acuerdos previos, electorales, de repartos de las instituciones del Estado o, de otros recursos, como el dinero electrónico a la banca. La reacción del Gobierno fue acusar a esta dirigencia de tener un comportamiento ovejuno, una forma grotesca de calificar su oposición. No obstante, con el tiempo se podría distinguir a ese discurso como parte de una estrategia global para operar la consulta popular.

Las actuales filtraciones de audio han evidenciado que la dirigencia de AP no estaba del todo equivocada, pues la grabación filtrada ratifica la existencia de negociaciones políticas durante la segunda vuelta electoral, confirmada las sospechas es pertinente preguntarse cuál fue el alcance de esa negociación, ¿acaso convocar a consulta popular? No es ocioso pensarlo dado el perfil histórico de la oposición, pues la derecha ecuatoriana ha demostrado no ceder a nada mientras no esté segura de comerse el pastel entero, esto se traduce en volver al control del Estado, y lo alcanzarían si logran reposicionarse en el manejo de las autoridades de control si se dan nuevas designaciones, de ganar la pregunta sobre cambios en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Si el Gobierno negoció con la oposición la convocatoria a la consulta popular, debía estar consciente de que su postura traería consigo el enfrentamiento con buena parte de AP, incluso poner en juego el respaldo de su estructura política hacia la consulta. De ser así, ¿cómo podría manejar estos riesgos? Los hechos permiten delinear dos posibles respuestas: a) consolidar su articulación con la oposición y b) dar inicio a una nueva formación política.  

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La convicción y la efervescencia con la cual el Gobierno pronunció su discurso de descalificación de AP y a su herencia política, al punto de asegurar que “hoy se llama revolución a cualquier pendejada”, promovía una identidad fuerte con la oposición. A la par, se construía un nuevo frente político con las organizaciones inmersas en Somos Ecuador (Centro Democrático, liderado por Jimmy Jairala, y Compromiso Social, con Iván Espinel a la cabeza, actual ministro del MIES, entre otros) con el objetivo de respaldar la consulta popular, pero su aún débil convocatoria a las calles puso en evidencia la necesidad de contar con más tiempo para consolidarse socialmente, pero el Gobierno ha demostrado no poder esperar, más cuando CEDATOS anunció una tendencia a la baja en las encuestas de apoyo ciudadano a esta iniciativa.  

En los últimos años, la estructura política nacional de AP ha sido la más exitosa en cuanto a ganar campañas electorales se refiere. Si el Gobierno deseaba mantener distancias con ella y al estar consciente de la necesidad de más tiempo para sentar bases políticas sólidas a Somos Ecuador, ¿cuál alternativa le quedaba para respaldar la operación política de la consulta?

Entre los años 2015 y 2016, los partidos y los movimientos políticos histórica e ideológicamente antagonistas se acercaron para conjugar poco a poco un frente de rechazo al correísmo. Los diálogos de sus dirigentes no estuvieron exentos de polémicas y desplantes mutuos. Sin embargo, pudieron establecer una primera comunicación entre ellos, aunque sin mucho éxito. Ya en el 2017, en segunda vuelta electoral, esa sinergia se transformó en proclamas a los ciudadanos porque se sufrague teniendo conciencia de un voto útil, es decir, elegir como presidente a un banquero para así dar por terminada la era correista, a la cual calificaban de nefasta para el desempeño de la democracia. El desenlace final es conocido.  

La oposición aprendió de ese ejercicio la capacidad de diálogo entre sus organizaciones, indistintamente de sus tendencias políticas, siempre y cuando abandonen los extremos del espectro político donde suelen estar ubicadas, esto es moverse más hacia el centro político, espacio donde pueden concertar de mejor manera sus intenciones, sin tantos apasionamientos ideológicos. En ese momento nació una nueva plataforma política para empujar con otros matices la oposición al correísmo.

En ese centro político los contrastes ideológicos se difuminan, dejan de ser visibles y surgen posiciones más moderadas, junto a otras identidades políticas menos exaltadas en el manejo de los asuntos públicos. Las fuerzas políticas abandonan tentativamente sus puntos de controversias para dar paso a aquellos que les permitan converger en objetivos comunes, aunque su duración dependerá de las circunstancias políticas que deban sortear.

En consonancia, el Gobierno ha dicho representar un momento de moderación política, un estilo distinto al de su predecesor, menos confrontador y más dispuesto a escuchar a los otros, para dar muestras de ello emprendió los diálogos con los detractores del ex presidente Rafael Correa, y cuando acudió al ataque a la dirigencia de AP consiguió el apoyo más efervescente de la oposición.

Los calificativos hacia PAIS no constituyen entonces  una mofa a las posiciones de su dirigencia. Al contrario, son señales de querer acercarse a otras estructuras políticas para afianzarse en ellas y gestionar desde su interior su respaldo para operar la coyuntura política en el corto y en el mediano plazo.

El discurso del Gobierno empezaba a dar frutos, a tomar forma con la oposición, el primer click con ellos promovía bríos de seguridad. En ese espacio, AP se veía como una organización con poca capacidad de incidencia en la coyuntura política, incluso sus más acérrimos contradictores vaticinaban su muerte. Empero, un nuevo hecho dio cuenta de que esas coincidencias no gestaban fuertes estructuras políticas como demanda el Gobierno.  

La reacción del Gobierno al cambio de la directiva nacional de AP evidenció errores en sus maniobras para organizar la operación de la consulta popular con una nueva estructura política, si fuera lo contrario no habría desplegado medidas cautelares para frenar su designación y así evitar su inscripción en el Consejo Nacional Electoral, CNE. La acción gubernamental vislumbró también la fragilidad del alcance nacional de la estructura política en gestación. Por eso el interés del Gobierno de controlar la directiva de AP, de no hacerlo su operación política de la consulta podría verse limitada en el territorio. Aunque logre un triunfo el próximo febrero, si no cuenta con una eficiente gestión política de la consulta popular su éxito estará condicionado a alcanzar su aprobación en las urnas con un estrecho margen de ganancia,  disminuyendo así su capacidad de maniobra política, por no decir su gobernabilidad. 

LA CONSULTA DE MORENO

Por: Wilson Benavides

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Desde tiempos inmemoriales, la política siempre fue la expresión de la fuerza a través de otros medios y fue el “siglo de las luces” el que otorgó a la razón un lugar central para la conquista y el ejercicio del poder a través de las leyes y posteriormente de las urnas, pero resulta que en nuestro país esa lógica funciona al revés. Ya no es la razón sino la fuerza la que hoy se impone.

Estupefactos, asistimos -en pleno siglo XXI- a otro capítulo obscuro de nuestra República que creíamos ya superado y que utiliza la arbitrariedad para resquebrajar la institucionalidad democrática del Ecuador con un falso argumento: el clamor popular.

Las tres consultas populares convocadas por el gobierno anterior (2007, 2011 y 2017) eran catalogadas por los ilustres intelectuales de la oposición como un ejercicio de “democracia delegativa” (O'Donnell) donde, según su interpretación, el ejercicio del gobierno y las instituciones estaban supeditados a la voluntad discrecional del gobernante y legitimados a través del pueblo, convocado permanentemente a las urnas.

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Curiosamente este concepto ha sido omitido deliberadamente del debate público tras la decisión del licenciado Moreno de convocar a la consulta popular y referéndum omitiendo el control previo constitucionalmente establecido. A nivel político, esa decisión es una clara muestra de dos de sus más grandes temores.

Uno, miedo a la falta de contundencia jurídica de sus propios argumentos que el pasado 15 de noviembre -durante la audiencia de sustanciación del referéndum- quedó demostrada en todo su esplendor a través de una intervención que dejó muchas dudas en los mismos jueces constitucionales por su falta de claridad y pobreza argumentativa.

El segundo temor que aqueja el alma del licenciado es no lograr hacer sombra al liderazgo de su antecesor que pese a los escándalos de corrupción y a toda la infamia lanzada en contra de su gobierno, mantiene aún importantes niveles de credibilidad, no en los medios ni en las encuestas sino con las clases populares, con la gente más humilde.

El respaldo que no se logra evidenciar en las calles se quiere fraguar en las instituciones y curiosamente con la misma institución que hace 12 años destituyó a 57 diputados para viabilizar la consulta popular de 2007 que instaló la Asamblea Constituyente de Montecristi. El entonces Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue decisivo para concretar esa iniciativa -que apenas dos años antes (2005) tras la caída de Lucio Gutiérrez-, le fue negada al gobierno de Alfredo Palacio.

Eran otros tiempos, sin duda, pero ahí sí -efectivamente- había un clamor popular real que se expresó a través de la indignación ciudadana de las clases medias urbanas nunca antes vista y que no tenía antecedente similar ni relación alguna con la lucha indígena inaugurada con el levantamiento general de 1990.

Los denominados “forajidos” justamente terminaron con el gobierno de Gutiérrez y varias de sus figuras más visibles como María Paula Romo, Pabel Muñoz, René Ramírez, Sebastián Roldán, entre otros, ocuparon altos cargos en el gobierno de Rafael Correa, que capitalizó el descontento ciudadano en contra de una clase política tradicional y corrupta.

Es esta realidad, la del 2005, la que perversamente se quiere reproducir ahora con el falso argumento de la indignación ciudadana ante la corrupción del gobierno anterior, pero con un vicepresidente preso y varios procesos judiciales en marcha contra un sin número de involucrados en estos actos, ese argumento se diluye ante los ojos ciudadanos.

Quizá porque solo Correa fue capaz de capitalizar el clamor popular del “fuera todos”, pero ahora es con “todos ellos” a la cabeza con los que se busca apalancar la consulta del licenciado Moreno. Y nombres sobran, basta con mencionar a Jaime Nebot, Paco Moncayo, Marco Troya, Gustavo Baroja, Abdalá Bucaram y una lista interminable de políticos tradicionales que aplauden esa iniciativa que se realizará el 04 de febrero de 2018.

Lo cierto es que el Ecuador de hoy asiste a una escena ilógica. Queremos superar el pasado correísta pero acudimos para ello a lo más nefasto de la política tradicional. ¡Qué contrasentido! ¿Dónde está el clamor popular de los ciudadanos de a pie? A ellos a quienes lo que verdaderamente les importa es un trabajo y un sueldo digno y de eso nada de nada o díganme si en estos meses de gestión ya se ha reducido el desempleo o se han construido las viviendas populares tan anheladas por nuestro pueblo pobre. La respuesta es NO.

Por eso es evidente que lo que esta consulta pretende es apalancar un frente de apoyo al gobierno nacional no con la ciudadanía sino con los partidos de siempre, no con la gente sino con los políticos tradicionales y no respetando la institucionalidad sino obviándola e invocando una ficción.

Lo real es que la consulta busca superar y enterrar definitivamente el segundo temor del licenciado. Hay una evidente intención de bloquear una futura participación electoral de Rafael Correa eliminando la enmienda sobre la postulación sin restricciones, similar a las argucias utilizadas desde el retorno mismo a la democracia (1979) cuando se impidió la candidatura presidencial de ex mandatarios para obstaculizar la participación de José María Velasco Ibarra o de Carlos Julio Arosemena. ¿La historia se repite? Al parecer es pura coincidencia.

GOBIERNO SIN PARTIDO

Por: Edison Solis V.

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Luego de un período de ingobernabilidad que desembocó en la ‘caída’ de tres Presidentes de la República (Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez), y con ellos el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), Democracia Popular (DP) y Partido Sociedad Patriótica (PSP), emergió el Movimiento Alianza País (AP) el 19 de febrero de 2006 con el discurso de ser “los semilleros de la nueva Patria”.

Con el 56.6 % de los votos válidos, el candidato de AP a la Presidencia de la República, Eco. Rafael Correa, triunfó, en segunda vuelta, frente al empresario guayaquileño Álvaro Noboa, el 26 de noviembre de 2006. Con la aprobación del 81,73% de votos válidos el 15 de abril de 2007, y luego de ‘sortear’ la oposición de una mayoría en el Congreso Nacional, se aprobó la convocatoria a una Asamblea Constituyente, una de las principales promesas del recién elegido Presidente de la República, para cambiar la estructura económica, política y social en el país, en ese entonces, en manos de la oligarquía ecuatoriana.

Con una ‘corriente’ de apoyo en movimientos sociales progresistas de izquierda Alianza País se convierte en Acuerdo País y el 30 de octubre de 2007, en las elecciones para Asambleístas Constituyentes, obtiene 80 de 130 curules. Así surgió un movimiento donde confluyeron académicos, obreros, estudiantes, campesinos e indígenas, quienes construyeron la denominada Constitución de Montecristi, para algunos, la mejor por devolver los derechos ciudadanos a los pueblos y nacionalidades y frenar la voraz “legitimidad” del neoliberalismo en Ecuador. Así, el 16 de octubre de 2008 se proclamaron los resultados definitivos del referéndum aprobatorio donde el SÍ obtuvo el 63,93%,  y con ello inició la esperanza de cambio en el gobierno de la “Revolución Ciudadana”. AP se convertía, históricamente y en corto tiempo, en una de las mayores organizaciones políticas con un auge impresionante.

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Han pasado 10 años y nada está como empezó. Toda esa ‘corriente’ progresista e izquierda se desvaneció desde mediados del primer periodo presidencial de Rafael Correa. Algunos campesinos, indígenas, estudiantes, educadores, obreros y académicos terminaron por desprenderse del Gobierno de la Revolución Ciudadana, otros por aliarse y conformar organizaciones similares.

Las bases pensadas como consolidadas entorno a un Régimen esperaron se cumplan sus plataformas de lucha y así ocurrió en la medida de la planificación y organización del Gobierno. La teoría y la práctica del ‘manejo’ de lo público fue evidente con “grandes técnicos expertos” frente a una “ciudadanía” que hasta denunciaba la falta de diálogo e imposición. Los supuestos líderes sociales, que en muchos casos se acostumbraron a imponer y hasta exigir, terminaron por intentar fortalecer sus debilitadas organizaciones para formar parte de una oposición de “izquierdas” y derecha que eran denunciadas, con mayor contundencia, en los Enlaces Ciudadanos. La mayoría estaba satisfecha por las monumentales obras de infraestructura que eran evidentes y punto. Así, el Gobierno de la Revolución Ciudadana duró 10 años con errores y aciertos pero marcada por una ‘corriente’ que devolvió la esperanza de cambio a las mayorías.     

“La Era Correa” terminó, al menos por el momento, y con ello el movimiento AP que hoy está dividido, quizá mañana desaparezca, si las pugnas de poder interna por captar el liderazgo sigan vigentes. Tal como están las disputas así parece, aunque luchan por sostenerse en un movimiento verde flex que les permita legalmente terciar en las elecciones seccionales de 2019 pero conscientes que a la brevedad posible deben salir corriendo. Por el momento existe un Presidente sin partido, Lenin Moreno fue expulsado de su dignidad en AP, aunque el Primer Mandatario insista y quiera sostenerse en una reacción tardía. Para muchos no solo es un Presidente sin partido, es un Gobierno sin partido, la mayoría de sus actuales Ministros pertenecen, o como van las cosas, pertenecieron a AP, ahora cobijados por la denominada “Ala Morenista”. Al menos ese es el pedido del Presidente vitalicio de AP, Rafael Correa, en una de sus últimas cartas a su militancia: “No lo buscamos, ni siquiera lo imaginamos, pero se presentó, y es necesario enfrentarlo: hay que expulsar a los traidores”. Desde el “Ala Correísta” se preparan para su Convención donde seguro confirmarán la destitución de Lenin Moreno y “aliados” así como ratificarán, seguro, a Ricardo Patiño, como el nuevo Presidente Nacional, y hombre de extrema confianza del Presidente vitalicio.

La llegada de Rafael Correa podría concretar tres objetivos fundamentales: 1. Confirmar su liderazgo en AP con la expulsión de Lenin Moreno y sus “aliados” de AP. 2. La elección de la nueva dirigencia nacional y 3. Hacer campaña por el NO en la Consulta Popular. Así están las cosas, con un Gobierno sin partido y una derecha que observa de lejos esperando las elecciones de 2019, y terminar “triunfante” el 2021.    

EL RETORNO DEL EXPRESIDENTE RAFAEL CORREA ENCIENDE EL AVISPERO POLÍTICO

Por: El Druida

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El solo anuncio del regreso del expresidente Rafael Correa al Ecuador, hoy viernes 24 de noviembre, ha ocasionado disímiles  reacciones en el tan ajetreado escenario político local.

Los ahora alineados al régimen de Lenín Moreno, en ciertos casos, se muestran cautos. Otros más radicales, llevados por sus odios y viejos rencores han llegado incluso a pedir la cárcel para el exmandatario apenas descienda del avión. Mientras, en la otra orilla, están muchas personas que todavía lo respaldan y creen en su palabra, no por ser Correa un “caudillo”, como lo llaman sus acérrimos enemigos políticos, sino porque abandera un proyecto político histórico y transformador, que está en la obligación de reinventarse, a pesar de lo que diga el mismo Moreno, la prensa mercantilista, las élites y los partidos políticos.

Pues sí, este proyecto político debe reinventarse pero sin perder la brújula que lo consolidó como la primera fuerza política durante tanto tiempo, lejos de los intereses individualistas y de las rencillas de sus dirigentes.

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La ruptura entre los ‘correístas’ y ‘morenistas’ es evidente. Si el actual Presidente ya no cree en este movimiento político y lo hecho por el anterior Gobierno, sería mejor que deje las filas de Alianza PAÍS y pase a liderar el movimiento Democracia Sí junto a su amigo Gustavo Larrea. Con él también podrían marcharse en libertad los integrantes de su gabinete, sus asambleístas afines y sus partidarios. Así todos viviríamos en paz, esa paz que Moreno tanto promulga.

Tras siete meses de gestión, ya es hora de que el presidente en funciones se dedique a trabajar por el país y deje de echar la culpa de todos los males a la administración anterior: en los primeros meses de su gestión, podríamos decir, que era una actitud entendible e incluso justificable; pero a casi un año, ese discurso ya empieza a rayar en la inoperancia y la mediocridad.

Correa, por su parte, viene con la primera intención de retomar el control de PAÍS, de lo mucho o lo poco que queda, e impulsar una nueva Asamblea Constituyente, incluso no descarta la creación de un nuevo movimiento político, si las cosas no salen como las piensa.

No cabe duda que el principal escollo que debe superar este movimiento político tiene que ver con los casos de corrupción que al momento  están siendo judicializados. Para ello es necesario que el ala afín a Correa retome ese discurso ‘anticorrupción’ cooptado por las élites y el régimen de Moreno. ¿O acaso en los 10 años del gobierno de Correa no se luchó contra corrupción? Si no es así, ¿en qué régimen  fueron denunciados, como ejemplos,  los casos del Ministro de Deportes, el caso Duzac o el de la asambleista Esperanza Galván?.

Tanto en la oposición como en el Gobierno de Moreno creen que la presencia del expresidente Correa solo tiene el propósito de incendiar (léase desestabilizar) al país. No obstante, es necesario que sea él quien de manera objetiva se empape de los procesos judiciales, aterrice en la realidad, y sea él quien desvirtúe (o no) cada uno de estos argumentos. No cabe duda que está en juego su capital político y su credibilidad ante la nación. Lo cierto es que esas élites, las mismas que ahora apoyan al gobierno de Moreno, aunque no hayan votado por él, no se van a arriesgar a que se fortalezca la figura política de Correa en ningún caso, por eso impulsan la Consulta Popular y el sí a la posibilidad de eliminar la reelección indefinida.

Es necesario que el exmandatario retorne al país, no solo porque el derecho lo asiste, sino por una responsabilidad ética con la historia y con la Patria.

CORTOCIRCUITO Y CONSULTA

Por: Wilson Benavides

Foto tomada de diario El Telégrafo

La estrategia para “salir del oscurantismo correísta” y “voltear la página” hacia un Ecuador verdaderamente democrático mediante la “expresión soberana del pueblo” en una consulta popular, está generando fuertes cortocircuitos en tres grandes ámbitos. 

Uno, el plano económico, donde los sectores empresariales que hasta hace poco felicitaron la “apertura al diálogo” del actual Presidente, hoy son los principales detractores tanto de la pro forma presupuestaria como de la Ley de Reactivación Económica enviada por el Ejecutivo con carácter urgente.

El otro ámbito donde se están produciendo estos desencuentros es el plano político, en el que aún no logra consolidar un consenso mayoritario más allá de las fuerzas políticas que la apoyan y que se traduzca en una gran movilización social de todos los sectores a favor de este mecanismo de democracia directa.  

Imagen tomada de la página de CEDATOS

Aunque son evidentes los notorios esfuerzos de los medios por posicionar la idea de un abrumador respaldo a la consulta que -según afirman- alcanza en promedio un 70% de apoyo, lo cierto es que asistimos a un escenario donde el  elector votará indistintamente, dependiendo de cada una de las 7 preguntas. Con ello, la idea de un voto “en plancha” al parecer se está diluyendo.

Según la otrora cuestionada encuestadora CEDATOS, la aceptación de los 7 temas propuestos por el presidente, es la siguiente: 1. Supresión de por vida de los derechos políticos para los funcionarios públicos que incurran en actos de corrupción: 76%. 2. Terminación inmediata del Consejo de Participación Ciudadana y elección de nuevos miembros por voto popular: 71%. 3. Dejar sin efecto la enmienda de la reelección indefinida: 64%. 4. Eliminación de la Ley de Plusvalía: 65%. 5. Ampliación y protección del Yasuní y reducción de territorio de explotación petrolera: 70% 6. Restricción de la minería metálica: 66% 7. Que no prescriban jamás los crímenes sexuales contra la niñez: 79%.

Como lo muestran estos datos, llama profundamente la atención que la pregunta para eliminar la denominada “reelección indefinida” sea la que concentre menor apoyo, más aún cuando el ex presidente Correa ha anunciado su retorno para el próximo 24 de noviembre.

El tercer factor de estancamiento tiene que ver con el plano comunicacional en tres temas puntuales. Uno, el respaldo público de Guillermo Lasso, Jaime Nebot, Lucio Gutiérrez, Jimmy Jairala y Paúl Carrasco, resta más que suma.

Dos, el mensaje de “descorreizar” el país manteniendo en altos cargos del gobierno a otrora correístas confesos como Barrera, Carvajal, Alvarado,  Vicuña, Espinosa, Falconí, entre otros, genera más dudas que certezas respecto de la real decisión del presidente de ir por esa línea.

Tres, la idea de justificar la consulta para “volver a los principios de Montecristi” no convence a la ciudadanía, más aún si ex asambleístas constituyentes como Acosta, Cordero, Romo, Amores, entre otros, no asistieron al evento de respaldo a esta iniciativa organizado en Carondelet ni tampoco se han pronunciado públicamente sobre este tema. El hecho que estos actores, gestores de la Constitución de Montecristi, no aparezcan refleja un serio cortocircuito como lo reseña un diario guayaquileño (Aquí el link: http://bit.ly/2hOsgJ1). 

Es claro que hay un uso político de la consulta al viejo estilo de las prácticas tradicionales. En el retorno a la democracia, la naciente Ley Electoral, por ejemplo, incluyó el requisito de nacionalidad para los candidatos a la Presidencia para bloquear la participación del líder populista Assad Bucaram, pero también prohibió a los expresidentes presentarse como candidatos para imposibilitar una nueva participación de José María Velasco Ibarra y de Carlos Julio Arosemena. Cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia. 

Contrapropaganda de la Revolución Ciudadana

 Por: Edison Solis

10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana fueron suficientes para entender el real efecto de los medios de información en la transformación o conservación del sistema económico, político, social y cultural en Ecuador. En la edición de diario El Universo, Domingo 11 de enero de 2009, Sección Política, con el titular: Propaganda, Herramienta para Imponer una Verdad; Vinicio Alvarado, en ese entonces Secretario de Comunicación del gobierno de Rafael Correa, sostenía que “su estrategia publicitaria se divide en tres piezas: 1. Los comerciales de televisión para informar qué hace el Gobierno con la plata del pueblo, en los cuales ‘no aparece Correa’;  2. Los comerciales de contenido emocional, que buscan generar cambios de conducta, en los que sí aparece la imagen del Presidente; y, 3. La información sobre la visión del Gobierno, que incluye las cadenas, los enlaces radiales sabatinos, el periódico y la página web”. Maquinaria de información masiva que sirvió como contrapropaganda a la propaganda diaria y acostumbrada de la oposición en los medios masivos de información privados autodenominados como “independientes” pero calificados en el escenario político como reales y hasta contundentes oponentes al gobierno de la Revolución Ciudadana.

Foto tomada de la web

Con este antecedente es necesario preguntarse: ¿Sirvió o no la contrapropaganda del gobierno de Rafael Correa a la ciudadanía? Sí y No. SI, porque logró desarticular, los discursos trillados, pero no carente de contenido ideológico, de “traidor” por parte de la “izquierda” ecologista y maoista; y totalitarista, de la derecha plutocrática que se acostumbró a Co-Gobernar desde los sofás de sus oficinas. Fueron desenmascarados los poderes fácticos, así como la denominada, por el mismo Primer Mandatario, como la  “izquierda infantil”; acusados en su momento de ser los históricos movimientos políticos “revolucionarios” que hacen juego a la derecha ecuatoriana. La ciudadanía se empoderó de esas constantes denuncias y distinguió claramente las diferencias entre ricos y pobres que llevó a poner en práctica la lucha de clases en pleno siglo XXI. NO, porque el único que apareció enfrentando la propaganda opositora fue Rafael Correa que fortaleció solo su liderazgo y debilitó la imagen de la generación de posibles nuevos ‘cuadros’ desde su mismo gabinete ministerial, y más aún, desde las bases ciudadanas. Acumuló y dilapidó. Recuerdo el dicho popular: “muerta la cabeza, muerto los tentáculos”. Muestra de aquello es la coyuntura actual en Alianza País: la carencia total de liderazgos para una real oposición al gobierno de Lenin Boltaire Moreno Garcés. Es tan claro que hasta ahora el único que marca un liderazgo opositor, y desde el extranjero, sigue siendo Rafael Correa.

Foto tomada de ANDES

10 años de contrapropaganda que extrañan académicos, estudiantes, empleados, obreros, betuneros y hasta amas de casa. Como no olvidarse de periodistas, dueños de medios de información y las instituciones “defensoras de la libertad de expresión”. Ocho meses de un nuevo gobierno que canceló los Enlaces Ciudadanos, principal dolor de cabeza de la oligarquía mediática porque, según los expertos, fue el que mayor efecto de contrapropaganda provocó en las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales de los ecuatorianos.

Ahora no hay contrapropaganda,  volvió la propaganda neoliberal acostumbrada y difundida como información en los medios privados “independientes” y ahora hasta en los “medios” públicos. La contrapropaganda fue la jugada estratégica perfecta del gobierno de la Revolución Ciudadana con una maquinaria de medios de información que ahora intentarían ser desmantelados por un gobierno que no deja de oponerse, sin duda, al gobierno de uno de los personajes políticos ecuatorianos que provocó y provoca aún pesadillas a la oligarquía ecuatoriana: Rafael Vicente Correa Delgado.    

OPORTUNISMO E INCOHERENCIA POLÍTICA

Por: Edison Pérez

El oportunismo puede ser entendido como la actitud que tiene una persona para acomodarse a las circunstancias con la intención de sacar provecho para sí mismo, sin importarle que vaya en contra de sus “principios”. Los “atributos” principales de estos “migrantes ideológicos” o “camiseteros” son: el mimetismo político, la simulación, la adulación y el servilismo incondicional para el gobernante de turno.

De este mismo oportunismo deriva la incoherencia política, que se hace evidente cuando los oportunistas, “migrantes ideológicos” o “camiseteros” denostan, sin empacho, lo que antes defendían a ultranza, lo hacen con una facilidad y sinvergüencería que convencen al ciudadano común y, en cierta forma, hasta se convencen ellos mismos de su discurso de turno.

En principio, no habría ningún problema que ellos sean un cúmulo de contradicciones, sin embargo, son actores políticos designados por el Primer Mandatario y otros electos por el pueblo que creyó en un plan de gobierno y en un partido o movimiento político que les acogía. Su proselitismo se enmarcaba en una línea ideológica que abarcaba un sin número de propuestas, las mismas que encandilaron a los votantes y definían la continuidad de un proyecto denominado Revolución Ciudadana.

Ese proyecto se va desvaneciendo ya que no existe la participación ciudadana, verbigracia en los denominados “Diálogos Nacionales” los interlocutores fueron los propietarios de los medios, los empresarios, los banqueros, los dirigentes políticos y sociales; es decir, el pueblo ha sido un espectador relegado y resignado a las decisiones políticas del gobierno y sus aliados oportunistas ávidos por recuperar sus privilegios.

La banca denigró el proyecto denominado dinero electrónico que lo impulsó el gobierno de Rafael Correa, sin embargo, la implementación de este servicio estará en sus manos y por ende cambian su discurso alabando y aplaudiendo este sistema como algo innovador, necesario para sostener y fortalecer la dolarización. Así mismo, los empresarios inmobiliarios, los que en su momento defendían la Ley de Plusvalía para combatir la especulación de tierras, hoy la critican y hasta impulsan la consulta popular para que esa Ley sea derogada. Ese es el caso del actual Ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana Sáenz. En esa misma línea, de crítica y denigración, se encuentra la Vicepresidenta encargada, María Alejandra Vicuña Muñoz, sobre la reelección indefinida, la misma que defendió, promovió y aprobó en 2015 cuando era asambleísta de AP.

Así mismo, asambleístas de la lista 35 que hicieron campaña con una propuesta política que, en términos generales, planteaba la continuidad de la Revolución Ciudadana en beneficio de los más necesitados, hoy por hoy, comulgan con una línea más cercana a la oposición. Es así que después de 5 meses de gestión, su discurso y acción política dista mucho de lo que defendieron y pregonaron en sus mitines electoreros. Tal es el caso de Daniel Isaac Mendoza Arévalo, José Ricardo Zambrano Arteaga, Marcia Cecilia Aguirre Rueda, Jorge Homero Yunda Machado, Elizabeth Enriqueta Cabezas Guerrero, entre otros, que usaron “oportunamente” la plataforma política e imagen de AP y de la Revolución Ciudadana para que los votantes los elijan como sus representantes.

Los ciudadanos que se sienten engañados se encargarán de castigar, en las urnas, a los oportunistas que hoy muestran su incoherencia política.

UNA DESTITUCIÓN BURDA

Por: Galo Betancourt

Es claro que la ContralorÍa General del Estado se ha convertido en un órgano netamente sancionador y operativo a los intereses del gobierno de Lenin Boltaire Moreno Garcés y sus aliados. 

Al no tener una mayoría para destituir al vicepresidente Jorge David Glas Espinel, mediante juicio político en la Asamblea Nacional, se tomó la justicia por mano propia rompiendo con el Estado de Derecho y la institucionalidad del país, destituyéndolo de una forma burda.

Tomado de la cuenta de Twitter de diario El Universo

La Contraloría asume la figura de  órgano inquisidor de una manera espantosa, realizando auditorías a varios asambleístas de Alianza País que públicamente han demostrado respaldo al vicepresidente Glas y se han manifestado a favor de continuar con la línea política de la Revolución Ciudadana.

Tomado de la cuenta de Twitter de diario El Comercio

La destitución de una autoridad elegida por voto popular es la evidencia del poderío que tiene hoy la Contraloría General del Estado, la misma que actúa en contra de figuras políticas que le resultan incómodas al actual Gobierno.

La cacería de brujas continúa...

AUTORITARISMO Y CORRUPCIÓN

Por: Wilson Benavides

Desde que Lenín Moreno asumió la Presidencia de la República el pasado 24 de mayo, sectores del oficialismo y la oposición intentan convertir al “autoritarismo” y a la “corrupción” en los conceptos centrales para definir el legado del gobierno de Rafael Correa (2007-2017).

Foto tomada de diario El Universo

Es claro que quienes se enmarcan en el primer concepto, sostienen su argumento utilizando modelos teóricos e índices de desempeño de las democracias elaborados en países desarrollados generalmente con gobiernos parlamentarios, que nada tienen que ver con la realidad latinoamericana y menos aún, ecuatoriana. Estas matrices de pensamiento estigmatizan a los sistemas presidencialistas y condenan los liderazgos firmes y el legítimo ejercicio de su autoridad, calificándolos de “autoritarios” o “populistas”.

Paralelamente, los que abanderan el tema de la corrupción priorizan el escándalo mediático por sobre la investigación seria y argumentada para calificar de “corrupto” a todo el gobierno de Correa, sin mencionar que fueron las propias investigaciones realizadas durante esa gestión las que permitieron desmantelar históricas redes de corrupción en las empresas telefónicas y Petroecuador, así como iniciar acciones concretas por el caso de la constructora brasileña Odebrecht.

Alimentando la idea del supuesto autoritarismo de la anterior administración, organizaciones como la CONAIE ha puesto como condición para dialogar con el Presidente Moreno que la Asamblea Nacional dé paso al pedido de amnistía para 225 procesados en 35 casos de supuesta criminalización de la protesta durante el gobierno de Correa. Llama la atención, sin embargo, que en esa lista se encuentren ciudadanos acusados de delitos comunes que nada tienen que ver con circunstancias de índole política e incluso están nombres de fallecidos o personas que no tienen ningún proceso judicial en su contra. Hasta el momento, la Asamblea Nacional ha dado paso al trámite de 9 casos que incluyen a más de 30 procesados.

 

Foto tomada del Flickr de la Presidencia

Algo parecido sucede con la corrupción donde al parecer algunos sectores de oposición en el parlamento ecuatoriano buscan hacer de la fiscalización una plataforma para obtener presencia ante las cámaras de TV, pero rechazan cualquier acción concreta orientada a combatirla efectivamente, porque eso implicaría anular sus propios argumentos.

Es así, que pese a que en la campaña electoral ofrecieron una lucha sin cuartel a la corrupción, el bloque del movimiento CREO, votó en contra de la resolución que -con 106 votos a favor, incluidos varios legisladores de oposición- aprobó hace varias semanas la Asamblea Nacional.

El parlamento ecuatoriano enjuició políticamente al contralor, Carlos Pólit; convocó al fiscal general, Carlos Baca; e integró una comisión multipardista para investigar el tema Odebrecht, incluso en países donde sea necesario visitar para recabar información sobre este delicado asunto.   

En este escenario, “autoritarismo” y “corrupción” intentan convertirse en los elementos centrales para configurar un nuevo paraguas ideológico, un conjunto de creencias, valores y prácticas que buscan encapsular todo el legado de Rafael Correa en ambas denominaciones. 

Sin embargo para las grandes mayorías, especialmente para los sectores más humildes, “autoritarismo” y “corrupción”, son dos caras de una misma moneda, con la que los sectores dominantes buscarán justificar sus acciones para reconquistar sus privilegios de siempre.