LA CONSULTA DE MORENO

Por: Wilson Benavides

Foto tomada de la web

Desde tiempos inmemoriales, la política siempre fue la expresión de la fuerza a través de otros medios y fue el “siglo de las luces” el que otorgó a la razón un lugar central para la conquista y el ejercicio del poder a través de las leyes y posteriormente de las urnas, pero resulta que en nuestro país esa lógica funciona al revés. Ya no es la razón sino la fuerza la que hoy se impone.

Estupefactos, asistimos -en pleno siglo XXI- a otro capítulo obscuro de nuestra República que creíamos ya superado y que utiliza la arbitrariedad para resquebrajar la institucionalidad democrática del Ecuador con un falso argumento: el clamor popular.

Las tres consultas populares convocadas por el gobierno anterior (2007, 2011 y 2017) eran catalogadas por los ilustres intelectuales de la oposición como un ejercicio de “democracia delegativa” (O'Donnell) donde, según su interpretación, el ejercicio del gobierno y las instituciones estaban supeditados a la voluntad discrecional del gobernante y legitimados a través del pueblo, convocado permanentemente a las urnas.

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Curiosamente este concepto ha sido omitido deliberadamente del debate público tras la decisión del licenciado Moreno de convocar a la consulta popular y referéndum omitiendo el control previo constitucionalmente establecido. A nivel político, esa decisión es una clara muestra de dos de sus más grandes temores.

Uno, miedo a la falta de contundencia jurídica de sus propios argumentos que el pasado 15 de noviembre -durante la audiencia de sustanciación del referéndum- quedó demostrada en todo su esplendor a través de una intervención que dejó muchas dudas en los mismos jueces constitucionales por su falta de claridad y pobreza argumentativa.

El segundo temor que aqueja el alma del licenciado es no lograr hacer sombra al liderazgo de su antecesor que pese a los escándalos de corrupción y a toda la infamia lanzada en contra de su gobierno, mantiene aún importantes niveles de credibilidad, no en los medios ni en las encuestas sino con las clases populares, con la gente más humilde.

El respaldo que no se logra evidenciar en las calles se quiere fraguar en las instituciones y curiosamente con la misma institución que hace 12 años destituyó a 57 diputados para viabilizar la consulta popular de 2007 que instaló la Asamblea Constituyente de Montecristi. El entonces Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue decisivo para concretar esa iniciativa -que apenas dos años antes (2005) tras la caída de Lucio Gutiérrez-, le fue negada al gobierno de Alfredo Palacio.

Eran otros tiempos, sin duda, pero ahí sí -efectivamente- había un clamor popular real que se expresó a través de la indignación ciudadana de las clases medias urbanas nunca antes vista y que no tenía antecedente similar ni relación alguna con la lucha indígena inaugurada con el levantamiento general de 1990.

Los denominados “forajidos” justamente terminaron con el gobierno de Gutiérrez y varias de sus figuras más visibles como María Paula Romo, Pabel Muñoz, René Ramírez, Sebastián Roldán, entre otros, ocuparon altos cargos en el gobierno de Rafael Correa, que capitalizó el descontento ciudadano en contra de una clase política tradicional y corrupta.

Es esta realidad, la del 2005, la que perversamente se quiere reproducir ahora con el falso argumento de la indignación ciudadana ante la corrupción del gobierno anterior, pero con un vicepresidente preso y varios procesos judiciales en marcha contra un sin número de involucrados en estos actos, ese argumento se diluye ante los ojos ciudadanos.

Quizá porque solo Correa fue capaz de capitalizar el clamor popular del “fuera todos”, pero ahora es con “todos ellos” a la cabeza con los que se busca apalancar la consulta del licenciado Moreno. Y nombres sobran, basta con mencionar a Jaime Nebot, Paco Moncayo, Marco Troya, Gustavo Baroja, Abdalá Bucaram y una lista interminable de políticos tradicionales que aplauden esa iniciativa que se realizará el 04 de febrero de 2018.

Lo cierto es que el Ecuador de hoy asiste a una escena ilógica. Queremos superar el pasado correísta pero acudimos para ello a lo más nefasto de la política tradicional. ¡Qué contrasentido! ¿Dónde está el clamor popular de los ciudadanos de a pie? A ellos a quienes lo que verdaderamente les importa es un trabajo y un sueldo digno y de eso nada de nada o díganme si en estos meses de gestión ya se ha reducido el desempleo o se han construido las viviendas populares tan anheladas por nuestro pueblo pobre. La respuesta es NO.

Por eso es evidente que lo que esta consulta pretende es apalancar un frente de apoyo al gobierno nacional no con la ciudadanía sino con los partidos de siempre, no con la gente sino con los políticos tradicionales y no respetando la institucionalidad sino obviándola e invocando una ficción.

Lo real es que la consulta busca superar y enterrar definitivamente el segundo temor del licenciado. Hay una evidente intención de bloquear una futura participación electoral de Rafael Correa eliminando la enmienda sobre la postulación sin restricciones, similar a las argucias utilizadas desde el retorno mismo a la democracia (1979) cuando se impidió la candidatura presidencial de ex mandatarios para obstaculizar la participación de José María Velasco Ibarra o de Carlos Julio Arosemena. ¿La historia se repite? Al parecer es pura coincidencia.