Por: Cactus
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| Foto tomada de la web |
Tras seis meses de
gestión del actual Gobierno, y luego de hacerse públicas las filtraciones de
audio sobre la existencia de negociaciones de una fracción de Alianza País
(AP), con cierta parte de la oposición ecuatoriana, con el propósito de crear
las condiciones necesarias para lograr su triunfo en las últimas elecciones
presidenciales, se puede ensayar el escenario de la convocatoria a la consulta
popular como un compromiso adquirido en la segunda vuelta entre esas tendencias
políticas, y de cómo los primeros pasos para concretarla al contrario de
soluciones estarían dificultando su camino.
El Gobierno inició
una serie de diálogos, en sus primeros cien días de administración, con quienes
el ex presidente Rafael Correa mantuvo sendas controversias. La oposición se
exaltó positivamente con estos encuentros, incluso algunos de sus
representantes proclamaron a viva voz “se respiran aires de libertad” gracias a
la apertura del Ejecutivo, como una forma de balancear la gestión política del
actual Gobierno con la administración anterior.
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La dirigencia de AP
cuestionó la transparencia con la cual se llevaban a cabo dichos
conversatorios, y los denunció de ser solo un mecanismo para concretar acuerdos
previos, electorales, de repartos de las instituciones del Estado o, de otros
recursos, como el dinero electrónico a la banca. La reacción del Gobierno fue
acusar a esta dirigencia de tener un comportamiento ovejuno, una forma grotesca
de calificar su oposición. No obstante, con el tiempo se podría distinguir a
ese discurso como parte de una estrategia global para operar la consulta
popular.
Las actuales
filtraciones de audio han evidenciado que la dirigencia de AP no estaba del
todo equivocada, pues la grabación filtrada ratifica la existencia de
negociaciones políticas durante la segunda vuelta electoral, confirmada las
sospechas es pertinente preguntarse cuál fue el alcance de esa negociación,
¿acaso convocar a consulta popular? No es ocioso pensarlo dado el perfil
histórico de la oposición, pues la derecha ecuatoriana ha demostrado no ceder a
nada mientras no esté segura de comerse el pastel entero, esto se traduce en
volver al control del Estado, y lo alcanzarían si logran reposicionarse en el
manejo de las autoridades de control si se dan nuevas designaciones, de ganar
la pregunta sobre cambios en el Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social (CPCCS).
Si el Gobierno
negoció con la oposición la convocatoria a la consulta popular, debía estar
consciente de que su postura traería consigo el enfrentamiento con buena parte
de AP, incluso poner en juego el respaldo de su estructura política hacia la
consulta. De ser así, ¿cómo podría manejar estos riesgos? Los hechos permiten delinear
dos posibles respuestas: a) consolidar su articulación con la oposición y b)
dar inicio a una nueva formación política.
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La convicción y la
efervescencia con la cual el Gobierno pronunció su discurso de descalificación
de AP y a su herencia política, al punto de asegurar que “hoy se llama
revolución a cualquier pendejada”, promovía una identidad fuerte con la
oposición. A la par, se construía un nuevo frente político con las
organizaciones inmersas en Somos Ecuador (Centro Democrático, liderado por
Jimmy Jairala, y Compromiso Social, con Iván Espinel a la cabeza, actual
ministro del MIES, entre otros) con el objetivo de respaldar la consulta
popular, pero su aún débil convocatoria a las calles puso en evidencia la
necesidad de contar con más tiempo para consolidarse socialmente, pero el
Gobierno ha demostrado no poder esperar, más cuando CEDATOS anunció una
tendencia a la baja en las encuestas de apoyo ciudadano a esta iniciativa.
En los últimos
años, la estructura política nacional de AP ha sido la más exitosa en cuanto a
ganar campañas electorales se refiere. Si el Gobierno deseaba mantener
distancias con ella y al estar consciente de la necesidad de más tiempo para
sentar bases políticas sólidas a Somos Ecuador, ¿cuál alternativa le quedaba para
respaldar la operación política de la consulta?
Entre los años 2015
y 2016, los partidos y los movimientos políticos histórica e ideológicamente
antagonistas se acercaron para conjugar poco a poco un frente de rechazo al
correísmo. Los diálogos de sus dirigentes no estuvieron exentos de polémicas y
desplantes mutuos. Sin embargo, pudieron establecer una primera comunicación
entre ellos, aunque sin mucho éxito. Ya en el 2017, en segunda vuelta
electoral, esa sinergia se transformó en proclamas a los ciudadanos porque se
sufrague teniendo conciencia de un voto útil, es decir, elegir como presidente
a un banquero para así dar por terminada la era correista, a la cual
calificaban de nefasta para el desempeño de la democracia. El desenlace final
es conocido.
La oposición
aprendió de ese ejercicio la capacidad de diálogo entre sus organizaciones,
indistintamente de sus tendencias políticas, siempre y cuando abandonen los
extremos del espectro político donde suelen estar ubicadas, esto es moverse más
hacia el centro político, espacio donde pueden concertar de mejor manera sus
intenciones, sin tantos apasionamientos ideológicos. En ese momento nació una
nueva plataforma política para empujar con otros matices la oposición al
correísmo.
En ese centro político
los contrastes ideológicos se difuminan, dejan de ser visibles y surgen
posiciones más moderadas, junto a otras identidades políticas menos exaltadas
en el manejo de los asuntos públicos. Las fuerzas políticas abandonan
tentativamente sus puntos de controversias para dar paso a aquellos que les
permitan converger en objetivos comunes, aunque su duración dependerá de las
circunstancias políticas que deban sortear.
En consonancia, el
Gobierno ha dicho representar un momento de moderación política, un estilo
distinto al de su predecesor, menos confrontador y más dispuesto a escuchar a
los otros, para dar muestras de ello emprendió los diálogos con los detractores
del ex presidente Rafael Correa, y cuando acudió al ataque a la dirigencia de
AP consiguió el apoyo más efervescente de la oposición.
Los calificativos
hacia PAIS no constituyen entonces una mofa a las posiciones de su
dirigencia. Al contrario, son señales de querer acercarse a otras estructuras
políticas para afianzarse en ellas y gestionar desde su interior su respaldo
para operar la coyuntura política en el corto y en el mediano plazo.
El discurso del
Gobierno empezaba a dar frutos, a tomar forma con la oposición, el primer click
con ellos promovía bríos de seguridad. En ese espacio, AP se veía como una
organización con poca capacidad de incidencia en la coyuntura política, incluso
sus más acérrimos contradictores vaticinaban su muerte. Empero, un nuevo hecho
dio cuenta de que esas coincidencias no gestaban fuertes estructuras políticas
como demanda el Gobierno.
La reacción del
Gobierno al cambio de la directiva nacional de AP evidenció errores en sus
maniobras para organizar la operación de la consulta popular con una nueva
estructura política, si fuera lo contrario no habría desplegado medidas
cautelares para frenar su designación y así evitar su inscripción en el Consejo
Nacional Electoral, CNE. La acción gubernamental vislumbró también la
fragilidad del alcance nacional de la estructura política en gestación. Por eso
el interés del Gobierno de controlar la directiva de AP, de no hacerlo su
operación política de la consulta podría verse limitada en el territorio.
Aunque logre un triunfo el próximo febrero, si no cuenta con una eficiente
gestión política de la consulta popular su éxito estará condicionado a alcanzar
su aprobación en las urnas con un estrecho margen de ganancia,
disminuyendo así su capacidad de maniobra política, por no decir su
gobernabilidad.
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