Tomado de InSurGente
Confesaron veintiún mil homicidios, señalaron 1.700 fosas comunes en las que encontraron dos mil cien cuerpos, admitieron nexos con cuatrocientos políticos y desvelaron una sucesión de atrocidades que lograron horrorizar a un país indolente, acostumbrado a la violencia más salvaje. Este es el curriculum de los hombres de Uribe.
"Al siguiente fiscal le diría que sepa que está solo", dice Mario Iguarán, el Fiscal General cuyo mandato termina el 31 de julio. "No cuenta con el gobierno, la Corte Suprema o la Procuraduría" . Tampoco con la comprensión y el apoyo de influyentes sectores tanto colombianos como extranjeros. Y es que durante los tres años que lleva el proceso con los antiguos paramilitares, su organismo tuvo que sortear todo tipo de obstáculos y errores porque ni el poder legislativo ni el judicial dimensionaron la magnitud del reto y tampoco en la sociedad colombiana hay consenso sobre lo que esperaban de la citada Ley.
"De seguir como vamos, alguien hizo el cálculo de que necesitaríamos cien años para terminar nuestro trabajo", señala uno de los 54 fiscales asignados a Justicia y Paz, con los que dialogó elmundo.es. Las cuentas son fáciles de hacer: tienen que escuchar en versión libre a los 2.927 comandantes de una tropa conformada por 31.000 combatientes, que manifestaron su intención de hablar. Alias "HH", por ejemplo, confesó dos mil asesinatos y su colega, "Pedro Fronteras", otro tanto.
De cada crimen deben abrir expediente, investigar la forma en que ocurrió, las causas, los autores materiales, el lugar donde echaron el cadáver –en unos casos utilizaron hornos crematorios o los ríos caudalosos. Y no sólo fueron homicidios y desapariciones forzadas, también robo de tierras, violaciones, reclutamiento de menores, extorsión, narcotráfico, lavado de activos y un largo etcétera.
"Investigar todos los delitos y a todos, es imposible. La solución sería una reforma legislativa" , indica Luís González, el fiscal Jefe de la unidad y uno de los profesionales más respetados en su campo.
"Hay que definir qué verdad quieren las víctimas y cuál la sociedad", señala uno de sus colegas. Explica que hay madres de fallecidos que se niegan a aceptar que a su hijo lo mataron por colaborador de la guerrilla, quieren escuchar otras razones porque sienten que esa les roba la dignidad. Y vecinos de poblaciones sometidas al poder de las AUC que utilizaron a los paramilitares como simples sicarios, para cobrase viejas venganzas, evitar pagar deudas o por líos de faldas. Fue una guerra tan sucia y prolongada, que desmenuzarla y mostrar al país su verdadera cara, es algo que aún no todo el mundo quiere.
"Nadie estaba preparado para este proceso. Cada uno ha tenido que desarrollar un aprendizaje sobre la marcha", afirma el fiscal González. Y es que nunca antes en el mundo un país llevó ante los tribunales a un grupo armado que entregó sus armas de forma voluntaria. En Afganistán la ONU permitió que los antiguos asesinos siguieran en sus puestos, que nadie confesara ni penara sus culpas y menos entregara sus bienes para repararlas.
Pero en Colombia ese mismo organismo exige que los paramilitares, que se desmovilizaron pensando que cambiaban armas por reinserción, cuenten toda la verdad, pasen por la cárcel e indemnicen a sus víctimas.
"Al siguiente fiscal le diría que sepa que está solo", dice Mario Iguarán, el Fiscal General cuyo mandato termina el 31 de julio. "No cuenta con el gobierno, la Corte Suprema o la Procuraduría" . Tampoco con la comprensión y el apoyo de influyentes sectores tanto colombianos como extranjeros. Y es que durante los tres años que lleva el proceso con los antiguos paramilitares, su organismo tuvo que sortear todo tipo de obstáculos y errores porque ni el poder legislativo ni el judicial dimensionaron la magnitud del reto y tampoco en la sociedad colombiana hay consenso sobre lo que esperaban de la citada Ley.
"De seguir como vamos, alguien hizo el cálculo de que necesitaríamos cien años para terminar nuestro trabajo", señala uno de los 54 fiscales asignados a Justicia y Paz, con los que dialogó elmundo.es. Las cuentas son fáciles de hacer: tienen que escuchar en versión libre a los 2.927 comandantes de una tropa conformada por 31.000 combatientes, que manifestaron su intención de hablar. Alias "HH", por ejemplo, confesó dos mil asesinatos y su colega, "Pedro Fronteras", otro tanto.
De cada crimen deben abrir expediente, investigar la forma en que ocurrió, las causas, los autores materiales, el lugar donde echaron el cadáver –en unos casos utilizaron hornos crematorios o los ríos caudalosos. Y no sólo fueron homicidios y desapariciones forzadas, también robo de tierras, violaciones, reclutamiento de menores, extorsión, narcotráfico, lavado de activos y un largo etcétera.
"Investigar todos los delitos y a todos, es imposible. La solución sería una reforma legislativa" , indica Luís González, el fiscal Jefe de la unidad y uno de los profesionales más respetados en su campo.
"Hay que definir qué verdad quieren las víctimas y cuál la sociedad", señala uno de sus colegas. Explica que hay madres de fallecidos que se niegan a aceptar que a su hijo lo mataron por colaborador de la guerrilla, quieren escuchar otras razones porque sienten que esa les roba la dignidad. Y vecinos de poblaciones sometidas al poder de las AUC que utilizaron a los paramilitares como simples sicarios, para cobrase viejas venganzas, evitar pagar deudas o por líos de faldas. Fue una guerra tan sucia y prolongada, que desmenuzarla y mostrar al país su verdadera cara, es algo que aún no todo el mundo quiere.
"Nadie estaba preparado para este proceso. Cada uno ha tenido que desarrollar un aprendizaje sobre la marcha", afirma el fiscal González. Y es que nunca antes en el mundo un país llevó ante los tribunales a un grupo armado que entregó sus armas de forma voluntaria. En Afganistán la ONU permitió que los antiguos asesinos siguieran en sus puestos, que nadie confesara ni penara sus culpas y menos entregara sus bienes para repararlas.
Pero en Colombia ese mismo organismo exige que los paramilitares, que se desmovilizaron pensando que cambiaban armas por reinserción, cuenten toda la verdad, pasen por la cárcel e indemnicen a sus víctimas.
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