¿Son las opiniones ilimitadas?

Guillermo Navarro

Tomado de ecuadorojo

En entrevista que mantuviéramos en Ecuadoradio con María Paula Romo, Fernando Bucheli y Martín Pallares, éste último sostuvo implícitamente que las opiniones no tienen límites, puesto que se tratan de opiniones personales. El Ministro de Educación Raúl Vallejo, en comunicación dirigida al abogado Antonio García en la que comunica que ha aceptado la renuncia del doctor Arsenio Larco como su representante ante el CONARTEL, sostiene “que la opinión debe ser libérrima y que su límite debe estar dado únicamente por el respeto a la honra de las personas”.

En la entrevista sostuve que las opiniones no son ilimitadas, en consecuencia tampoco son libérrimas con el solo límite que plantea el señor Ministro. Mi argumento es que toda opinión, para ser tal debe ser objetiva, verificada y contrastada. Características que no adornan las opiniones que a diario emiten algunos editorialistas, principalmente de la prensa escrita[1]. Objetiva en tanto y en cuanto debe sustentarse en la realidad concreta, verificada con elementos de esa realidad y contrastada con otros puntos de vista, cuando adhiere a alguno en especial.

El argumento en contrario, como quedó dicho, esgrime que se trata de una opinión personal, esto es que se trata de una posición subjetiva de quien la emite. Tesis que por situarse en el plano de la subjetividad aparentemente invalida la visión objetivista de nuestras expresiones. Más ello tampoco es así, si se consideran dos circunstancias:

1. Que el fin de la libertad de prensa y del pensamiento de comunicación es “la libertad de verdad”[2];

2. Que la “verdad subjetiva” de las opiniones se consideran legítimas a pesar de que sean erróneas u objetivamente falsas, siempre y cuando quien opina ha conformado su punto de vista luego de una responsable contrastación, verificación que le condujo a considerar que su opinión era verdadera, cuando en realidad era falsa[3].

Juicios que nuevamente nos convocan a reconocer que incluso la verdad subjetiva que se expresa en las columnas de opinión debe nutrirse de objetividad, ser el producto de la búsqueda de la verdad, por lo que pueden ser consideradas, incluso como lícitas, las opiniones que no se sustenten en un conocimiento serio del tema a tratarse, cuyo contenido no haya sido verificado y contrastado, en forma previa.

En consecuencia, la irresponsabilidad de la cual acusé al señor Martín Pallares por la falta de veracidad, de objetividad de su opinión expresada bajo el título “Poderes fácticos”, en su calidad de editor político del diario El Comercio, es totalmente válida, lo que explica, por otra parte, la razón para que la haya renovado en la mencionada entrevista. Acotaciones a las cuales hoy agrego que el uso del adjetivo “zoquete”, por parte del señor Pallares es altamente ofensivo cuando se lo endilga a cualquier persona que no tenga esas características. No olvidemos que la única acepción aplicable en el caso que nos preocupa -de las 7 que registra esta palabra en el diccionario de la lengua de Real Academia Española-, era tildar al Presidente de la República como “persona tarda en comprender”, lo cual, por lo que se conoce, tampoco procede por la absoluta falta de objetividad que conlleva.

Finalmente, debo reiterar al señor Pallares que cuando se reclama respeto debe respetarse, máxime en tratándose de figuras públicas. Tema sobre el cual volveremos en una próxima entrega.

091947492

[1] El discrimen de nuestra expresión obedece a que en este largo caminar en procura de desarrollar una cultura del debate riguroso, soy testigo de la presencia de editorialistas o columnistas con los cuales no compartimos posiciones ideológicas o políticas pero cuyo conocimiento, objetividad y capacidad de análisis reconocemos sin reserva.

[2] Esta norma expresa que si en el contenido o en la forma de expresión “no se esfuerza abiertamente por la verdad, lo que no pretende y puede conducir a la verdad, no ha de tener ninguna esperanza de protección legal, más bien a de tener cierta expectativa de una justa indiferencia o penalización”, Gómez Gallardo, Perla: “Libertad de expresión, protección y responsabilidades”, CIESPAL; Quito, Ecuador, 2009, página 119.

[3] Op. Cit. Página 123.