Por: Renán Proaño Muñoz
Algo muy particular ocurre alrededor del decreto de nueva evangelización de los pueblos norte fronterizos y Galápagos, o decreto No. 1780. Lo particular radica en que muy poco se conoce al respecto, pues la socialización necesaria para que los interesados conozcamos su contenido no ha llegado de las manos del ejecutivo, pero tampoco de la prensa. En el segundo caso es aún mas extraño, ya que el papel mediocre de los medios de comunicación masivo ha sido el de disparar sin distinción a cada una de las propuestas del actual régimen –acertadas o no-, valiéndose de los más variados embustes y embusteros, convirtiendo a las “noticias” en un sainete feo de la derecha ahora golpeada. Podríamos decir que, en “santa comunión”: derecha, iglesia y prensa, trabajan en conjunto esfuerzo para conferirnos a los ecuatorianos una nueva carta inquisidora, rubricada por el sometimiento a las políticas de un sector atrasado del gobierno.
El 25 de julio del presente año entra en el Registro Oficial el Decreto Presidencial No. 1780, que faculta al ministro de Gobierno para que en representación del ejecutivo contrate con representantes de algunas de las misiones católicas, en términos puntuales al rededor “del proceso de desarrollo, fortalecimiento de las culturas, evangelización e incorporación a la vida socio – económica del país, de todos los grupos humanos que habitan o habitaren dentro de la jurisdicción territorial encomendada a su cuidado, exaltando los valores de la nacionalidad ecuatoriana”[1]. En palabras entendibles, contratamos con la iglesia católica para que esta evangelice; construya centros educativos fisco – misionales, que según la misma ley serán financiados por el Estados hasta convertirlos en gratuitos; dirija y mantenga los centros educativos existentes, también con dinero público; agrupe y sostenga organizaciones comunitarias y/o cooperativas que garanticen junto a los núcleos humanos nativos la ocupación poblada de las franjas fronterizas; construya vías de acceso hacia las comunidades; organice y ponga en funcionamiento con el apoyo económico del Gobierno, emisoras de radio y televisión, destinadas a la difusión de la cultura y los “valores morales”; organice, administre y mantenga con fondos públicos, hospitales, centros de salud, dispensarios médicos, farmacias, orfanatos, asilos etc.
Veamos las circunstancias en que se pone en marcha esta política y cuáles son sus alcances: Un primer encuentro entre la iglesia y el gobierno se vivió en torno al referéndum aprobatorio de la Constitución en septiembre de 2008; la cúpula de la iglesia católica, principalmente de Guayaquil, hizo común acuerdo con Nebot y la oligarquía del puerto a fin de boicotear la propuesta de cambio plasmada en la entonces promesa de Constitución. Ese capítulo difícilmente se nos olvidará a los ecuatorianos; autoatentados en las iglesias, parroquias divididas en torno al “sermón dominical” del cura, panfletos sobre una constitución supuestamente pro – aborto, fueron entre otras el argumento clerical de extrema derecha. Al menos de manera pública esa brecha no fue zanjada entre gobierno e iglesia.
Otro elemento que se debe observar por su correspondencia territorial y geopolítica, es el relacionado al dominio sobre los recursos naturales y minerales –entre esos el petróleo- que se comprenden más allá de nuestra amazonía y selva esmeraldeña, sumado o en relación al conflicto interno de Colombia, que por sus características y manejo afecta a la región. Es claro que para el proyecto de Correa se hace necesario poner las cosas en orden –casa adentro-, más aún si se trata de confrontar con la institución que a lo largo de la vida colonial y republicana ha marcado cierto ritmo de dominio, y hoy lo pondría en riesgo. Entonces, el gobierno entrega millones de dólares a la iglesia, con ello la contenta y espera un período de calma que durará hasta que mutuamente no se afectan sus particulares intereses, y por otro lado, la iglesia no requiera más dinero.
Correa es audaz en esta jugada, pues no solo gana la bendición de los curas. La acción evangelizadora persigue formar generaciones de hombres sumisos, a la medida de los intereses económicos presentes en estas regiones, funcionales a las políticas del gobierno de turno y la iglesia, y movilizados bajo esos parámetros en contra de la izquierda, la insurgencia colombiana o de otro lugar. Los objetivos no son “llevar el progreso y la inclusión”, sino minimizar la capacidad de defensa que tienen los pueblos en contra de sus agresores, que se materializan en corporaciones mineras, petroleras, madereras, turísticas, ejércitos extranjeros o nacionales, etc. Se trata de dotar de los instrumentos necesarios a los “misioneros”, para romper la organización de los colonos, los negros o de los indígenas orientales, con el afán de apoderarse de los recursos, o incluso, preparar el terreno para una invasión norteamericana en la zona, camuflada en un discurso antiterrorista, pero que claramente tiene un interés económico.
Hay un doble discurso que tiene que terminar. La supuesta nueva organización de la economía estatal resa por que no se dupliquen las competencias, refiriéndose a que no deben existir dos instituciones encargadas de la misma responsabilidad. Al entregar competencias de salud, educación, organización social e incluso construcción de infraestructuras, el gobierno viola sus propias normativas, y en los hechos resta los recursos de los ministerios y gobiernos locales, debido a que hoy la iglesia se encarga de la ejecución de algunas de esas competencias de exclusivo control del gobierno central. ¿De donde más saldría el dinero, sino recortando los presupuestos locales?
Las luchas de Alfaro, y las desatadas en defensa del laicismo en la última década del siglo pasado, parecen no estar presentes en la memoria de Correa; éstas son parte inicial de la recomposición del movimiento popular que terminó en el derrocamiento de tres gobiernos traidores y tiranos. Esa historia de lucha es la que maduró y lo ha puesto como Presidente. No serán, ni deben ser tenues las protestas que terminen con este capítulo recolonizador; los pueblos del Ecuador exigimos la radicalización del proyecto, pero en nuestro beneficio, esto es, nacionalizando los recursos estratégicos del Estado, los no renovables, redistribuyendo la tierra para el cultivo, entregando la riqueza a quienes la producen, y en este particular, creando las condiciones para una educación de calidad, analítica, científica, que en definitiva oriente a los pueblos hacia su liberación.
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Bienvenido Renán
Saludos:
ESCRIBE CON ROJO
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