Por: Camarada Juan
Coincidencialmente al incremento de la conflictividad social por el paro de la UNE y las movilizaciones anunciadas para este domingo por la CONAIE, los tres proyectos de ley de comunicación se debaten entre políticos, académicos y periodistas. Estas iniciativas, que están a contra reloj de los plazos de aprobación establecidos por la Constitución de Montecristi, son auspiciadas por los asambleístas César Montúfar (CND), Lourdes Tibán (PK) y Rolando Panchana (País), respectivamente.
El pasado 22 de septiembre la asambleísta de País, María Paula Romo, inició una ronda de entrevistas en Ecuavisa y Radio Democracia, donde explicó las supuestas ventajas pero también las carencias de estos proyectos. Montúfar, dijo, promueve la autoregulación de los medios y garantías a la libertad de expresión. Panchana enfatiza en la responsabilidad de periodistas y dueños de los medios de transparentar sus códigos de ética, mientras que Tibán recoge la preocupación sobre la asignación de frecuencias de radio y televisión.
El subdirector de Expreso, Juan Carlos Calderón, en cambio propuso volver a "foja cero" los tres proyectos pero fue mas allá. Sugirió incluso que la nueva Ley de Comunicación suspenda la publicidad oficial, que a su criterio se ejecuta con los dineros de todos los ecuatorianos. "Cuando el proceso se vuelve propaganda es peligroso", dijo Calderón y cuestionóel manejo de la publicidad oficial a través de varias agencias que tienen importantes instituciones estatales en sus cuentas de clientes. Romo sin embargo no informó sobre uno de sus cercanos asesores en Montecristi. El abogado Esteban Ortiz Mena, sobrino del furibundo crítico del gobierno y entrevistador de Teleamazonas, Jorge Ortiz, e hijo del abogado de esa estación televisiva, el jurista Pablo Ortiz.
Quizá por eso cuando el Conartel amenazó con el cierre de ese canal, Romo salió a calmar los ánimos con argumentos jurídicos creibles. La noche del 22 en cambio en el programa Palabra Suelta de Ecuador TV, apareció Guillermo Navarro presidente de la comisión de revisión de frecuencias de radio y televisión. Dijo que en el Ecuador opinan -a través de los medios de comunicación- apenas 1100 personas. Todas estas propuestas sin embargo, no toman en cuenta los niveles de precarización laboral del periodismo en el Ecuador, ni el silencio cómplice de esta situación de gremios como la UNP o el Colegio de Periodistas. A lo mejor el tema pasa por una reforma puntual a la Ley de Ejercicio Profesional, pero que en todo caso debe ser abordado.
Coincidencialmente al incremento de la conflictividad social por el paro de la UNE y las movilizaciones anunciadas para este domingo por la CONAIE, los tres proyectos de ley de comunicación se debaten entre políticos, académicos y periodistas. Estas iniciativas, que están a contra reloj de los plazos de aprobación establecidos por la Constitución de Montecristi, son auspiciadas por los asambleístas César Montúfar (CND), Lourdes Tibán (PK) y Rolando Panchana (País), respectivamente.
El pasado 22 de septiembre la asambleísta de País, María Paula Romo, inició una ronda de entrevistas en Ecuavisa y Radio Democracia, donde explicó las supuestas ventajas pero también las carencias de estos proyectos. Montúfar, dijo, promueve la autoregulación de los medios y garantías a la libertad de expresión. Panchana enfatiza en la responsabilidad de periodistas y dueños de los medios de transparentar sus códigos de ética, mientras que Tibán recoge la preocupación sobre la asignación de frecuencias de radio y televisión.
El subdirector de Expreso, Juan Carlos Calderón, en cambio propuso volver a "foja cero" los tres proyectos pero fue mas allá. Sugirió incluso que la nueva Ley de Comunicación suspenda la publicidad oficial, que a su criterio se ejecuta con los dineros de todos los ecuatorianos. "Cuando el proceso se vuelve propaganda es peligroso", dijo Calderón y cuestionóel manejo de la publicidad oficial a través de varias agencias que tienen importantes instituciones estatales en sus cuentas de clientes. Romo sin embargo no informó sobre uno de sus cercanos asesores en Montecristi. El abogado Esteban Ortiz Mena, sobrino del furibundo crítico del gobierno y entrevistador de Teleamazonas, Jorge Ortiz, e hijo del abogado de esa estación televisiva, el jurista Pablo Ortiz.
Quizá por eso cuando el Conartel amenazó con el cierre de ese canal, Romo salió a calmar los ánimos con argumentos jurídicos creibles. La noche del 22 en cambio en el programa Palabra Suelta de Ecuador TV, apareció Guillermo Navarro presidente de la comisión de revisión de frecuencias de radio y televisión. Dijo que en el Ecuador opinan -a través de los medios de comunicación- apenas 1100 personas. Todas estas propuestas sin embargo, no toman en cuenta los niveles de precarización laboral del periodismo en el Ecuador, ni el silencio cómplice de esta situación de gremios como la UNP o el Colegio de Periodistas. A lo mejor el tema pasa por una reforma puntual a la Ley de Ejercicio Profesional, pero que en todo caso debe ser abordado.
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