International Writers Asociation
En nuestro estudio “Efecto jazz desnuda a la Revolución Ciudadana”(1), denunciamos al gobierno que encabeza Rafael Correa como al nuevo caballo de Troya de la dominación político/económica del Ecuador y fundamentamos tal opinión glosando algunas de las falacias teóricas, políticas e ideológicas del discurso oficial, así como su creciente obsecuencia a los dictados de la globalización corporativa.
Las acciones más recientes del régimen de Alianza País han venido a corroborar esa visión crítica y la creencia de que el Ecuador, bajo el doble discurso correísta, lejos de enrumbarse al rescate de su soberanía y a la superación de un modelo económico/financiero de cuño bancomundialista, apunta a su hundimiento como Estado-nación.
Un breve escrutinio de la política exterior de Carondelet aporta nuevas pruebas en ese sentido.
El salario de la subordinación al eje Washington-Bogotá
Para América del Sur, la política expansionista de los Estados Unidos tiene actualmente un nombre bien conocido: Plan Colombia. Después del 11-S del 2001, tal estrategia, orientada al control de las riquezas naturales de la zona y a la criminalización de los disidentes de la globocolonización, se instrumenta bajo el lema de cruzada internacional contra el “narcoterrorismo”. Cabe relievar que, según la politóloga estadounidense Susan Sontang, la simbiosis de los términos “narcotráfico” y “terrorismo” obedece al interés de los estrategas norteamericanos de ampliar la cobertura para lo que denomina “guerras metafóricas”, es decir, conflictos armados diseñados para que no terminen jamás.
A partir de la administración de Jamil Mahuad (1998-2000) y la inconstitucional cesión de la Base de Manta al Pentágono (1999), el Ecuador ha venido involucrándose en la geoestrategia de Washington, ejecutada en connivencia con la oligarquía “paisa”, de manera inequívoca, aunque zigzagueante.
En tiempos de la autodenominada Revolución Ciudadana, los desenfoques de la diplomacia ecuatoriana –conducida a su turno por María Fernanda Espinosa, Isabel Salvador y Fander Falconí- se han mantenido e incluso profundizado.
En este marco se explica que, ante el ataque militar colombo-estadounidense-israelí a la aldea de Angostura (provincia de Sucumbíos), el 1 de marzo del 2008, un operativo de terrorismo de Estado (2) coordinado por Álvaro Uribe, en la perspectiva de internacionalizar la añeja guerra civil del vecino norteño, y que se saldó con la muerte/ejecución de dos decenas de militantes o simpatizantes de las FARC (entre ellos del comandante Raúl Reyes), la reacción de Carondelet y el Palacio de Najas se constriñera a la denuncia aislada de los hechos violatorios de nuestra soberanía territorial y al rompimiento de relaciones con Bogotá, y no –conforme era de esperarse- a la disección a fondo de los fines y medios del neocolonialista Plan Colombia.
Coherente con su visión epidérmica de la estrategia de la Casa Blanca y el Palacio de Nariño, Correa, tras la cortina de humo de la ruptura de relaciones diplomáticas con el país neogranadino, no solo que ha reiterado sus autos de fe en la legitimidad de la lucha contra el “narcoterrorismo”, sino que ha provisto de un mayor soporte logístico a esa campaña con la aprobación y puesta en marcha, en tiempos del premier Fernando Bustamante, del Plan Libertador, un programa de espionaje telefónico y electrónico montado con financiamiento y asesoría estadounidenses; ha incrementado de 7 a 11 mil el número de efectivos militares y policiales en la frontera norte, y, con la adquisición de 24 aviones Tucano al Brasil y de una flotilla de helicópteros a la India, está empujando al Ecuador –un país al borde de la bancarrota después del boom petrolero del 2007-2008- a una costosa e irresponsable escalada armamentista.
A últimas fechas, el Ejecutivo se habría comprometido a que militares usamericanos continúen utilizando la Base de Manta luego de su obligada devolución al Estado ecuatoriano del fortín manabita el próximo noviembre, según denunciara en el reciente torneo electoral Diego Delgado, candidato presidencial disidente del Partido Socialista.
Ni qué decir que esta deplorable defensa de la soberanía está cobrando un elevado precio no sólo en términos económico/financieros, más también en materia de control del territorio. Al respecto, en un reportaje de la revista Vanguardia titulado “Ecuador pierde el norte” se lee: “Narcoguerrilla, paramilitares, bandas, usureros… El Estado no existe en el norte y las mafias que toman su lugar extienden su imperio hacia el sur. No hay un plan integral de respuesta”. (3) La propia nota da cuenta de cómo diversos grupos irregulares y delincuenciales han suplantado a las autoridades civiles, militares y policiales nacionales en vastas extensiones de las provincias de Esmeraldas, Manabí, Carchi, Sucumbíos y Orellana.
Otras vertientes de la “desterritorialización”
La creciente pérdida de control territorial por parte del Estado no es fruto únicamente de la “colombianización” de la socioeconomía nacional, sino que también es producto de otras acciones emprendidas por el autoritario Correa –Gutiérrez II, según sus multiplicados opositores- especialmente después de la refrendación plebiscitaria de la Carta Política redactada en Montecristi el pasado 2008.
A título enunciativo de tales acciones cabe mencionar a:
La Ley de Minería, aprobada contra viento y marea por la Comisión Legislativa –el dócil “Congresillo” que preside el oficialista Fernando Cordero-, instrumento legal que abre las puertas para la explotación metalífera a gran escala por parte de las transnacionales, especialmente de origen canadiense.
La negociación de un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, cuya eventual concreción –incumpliendo el estatuto de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y difiriendo para las calendas griegas la afiliación del país a la Alternativa Libre Bolivariana para las Américas (ALBA)- redundaría de múltiples maneras negativas en la administración del territorio por parte de autoridades nacionales.
La inclusión de un régimen de regiones autónomas a la referida Constitución montecristense, régimen por el cual han venido pugnando desde hace varios lustros los gobiernos de Estados Unidos (AID), Alemania (GTZ, ILDIS) y España (Agencia de Cooperación); entidades como la FLACSO, la Universidad Andina y un incontable número de ONGs; figuras de la oposición conservadora como Jaime Nebot, reelecto alcalde de Guayaquil, y Paco Moncayo, ex burgomaestre capitalino, amén de los infaltables escribas de la Gran Prensa. Con la puesta en vigor de la Constitución del 2008, el Estado unitario de raíz bolivariana y por el cual lucharon personajes tan disímiles de nuestra historia como Manuelita Sáenz, Rocafuerte, Eloy Alfaro, los revolucionarios “julianos”, los militares nacionalistas de 1972, Jaime Roldós, entre otros, se habría iniciado en un temible proceso de “balcanización”.
Notas.-
1. www.alainet.org/active/27959=es
2. Según Noam Chomsky, el terrorismo original siempre es incubado por el Estado.
3. Vanguardia No. 178, marzo del 2009.
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