¿Coincidencia?

Por Camarada Juan

La historia se repite al menos dos veces. La una como farsa y la otra como tragedia reza uno de los postulados marxistas clásicos. Y pese a la distancia histórica y epistemológica con ese razonamiento, su contenido podría encajar en nuestra pintoresca y alborotada realidad.
Hace cuatro años Radio La Luna protagonizó uno de los hechos que para algunos teóricos de la comunicación significó una verdadera “revolución de las audiencias” al canalizar la protesta quiteña (autodenominada de los forajidos) que terminó con el derrocamiento del entonces presidente Lucio Gutiérrez, el 20 de abril del 2005.
Fue justamente desde esa estación radial desde donde se “abrieron los micrófonos” para que el hoy asambleísta reelecto del oficialismo, Paco Velasco, enfile -apoyado en llamadas telefónicas de radioescuchas- su artillería contra las arbitrariedades y la corrupción del entonces mandatario y su círculo cercano.
Gutiérrez intentó sin éxito sancionar a la emisora amparado en el literal E del artículo 58 de la actual Ley de Radio y Televisión que prohíbe “transmitir noticias basadas en supuestos que puedan producir perjuicio o conmociones sociales o públicas”.
La solidaridad en defensa de la libertad de expresión fue inmediata. Otras radios ofrecieron su frecuencia y equipos para enlazarle con La Luna, en caso de una posible clausura temporal o definitiva. Incluso los canales de televisión (entonces todos privados) realizaban un continuo monitoreo de la situación de la emisora de Velasco.
Una semana (11-20 abril 2005) le bastó a esta estación para poner en jaque y sacar de Carondelet a las huestes del hoy partido de oposición, Sociedad Patriótica. Obviamente esto coadyuvado por otra serie de condiciones objetivas que permitieron el derrocamiento y que no son tema de estas líneas.
Lo cierto es que cuatro años después de ese episodio, el actual Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel) utiliza el mismo argumento que pretendió usar Gutiérrez para poner contra las cuerdas a la estación de televisión TELEAMAZONAS.
Lo hace con la apertura de tres procesos en su contra (uno de los cuales ya fue sancionado), dos de los cuales están en análisis de la Superintendencia de Telecomunicaciones y de ser acogidos, implicarán al menos el cierre temporal de ese canal, de propiedad del accionista mayoritario del Banco del Pichincha, Fidel Egas.
El primer proceso tuvo que ver con la transmisión de una corrida de toros en diciembre del 2008 y por lo que se la multó de 20 dólares. El segundo en cambio con la emisión “en vivo” de la irrupción de políticos de la oposición en un centro de contingencia electoral al que calificaron de clandestino. El tercer proceso, cuya sanción se recomendó este martes (9 junio2009), está relacionado con un reportaje sobre los efectos de la explotación de gas natural en la Isla Puná (Guayas).
Según el gobierno de Rafael Correa, este último tema provocó que los moradores de esa zona se tomen un taladro de explotación e impidieran la visita al sitio del mandatario ecuatoriano y su homólogo de Venezuela, Hugo Chávez, a finales de mayo (2009).
“Libertad de expresión” es hoy una categoría vaciada de sentido, al menos para la mayor parte de la población. El mandatario ecuatoriano ha visibilizado la real dimensión de este concepto y su utilización política por los grupos de poder (poderes fácticos) vinculados a los medios de comunicación.
Y ni qué decir de la otra cara de la moneda que oculta este cliché: la precarización del oficio periodístico, que es entendido dentro de las empresas mediáticas más como un trabajo manual-artesanal que como una producción intelectual. Este punto será tema de otro análisis.
Radio La Luna y. TELEAMAZONAS. ¿Contextos distintos?. Sí pero con iguales y aplicables marcos jurídicos.
La Ley de Radio y Televisión fue expedida mediante decreto supero 256-A, durante la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara. Su última versión es del 15 de enero de 1996.
El fenómeno de Radio La Luna fue para varios académicos el catalizador para el profundo descrédito de varias instituciones sociales como los medios, la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas, tres aparatos ideológicos de dominación del Estado.