Últimamente hemos presenciado como la Asamblea Nacional Constituyente, en un tiempo record, lleva a cabo un acucioso proceso de creación y reforma de importantes cuerpos jurídicos. Y es que con el reconocimiento de nuevos derechos, métodos de interpretación y aplicación, funciones y objetivos que comprende la Constitución del 2008 no podía ser de otra manera. Ahora bien, estas reformas legales, reorganización de la función judicial y direccionamiento económico no responden solamente a un ambiguo mandato popular que desde la perspectiva política ha tenido diversas lecturas, incluso César Montúfar ha denominado a este proceso como “golpe de Estado plebiscitario”, denominación que mereció una seria polémica teórica-práctica en un debate al respecto.
Sin embargo quisiera referirme fundamentalmente a la vertiente teórica que cimienta toda esta reconstrucción de la institucionalidad jurídica en el Ecuador: El Neoconstitucionalismo.
Fundamentalmente se trata de una negación teórica de los pilares del positivismo jurídico clásico manifestado en el Constitucionalismo Liberal y Constitucionalismo Social de Pos-Guerra llevado a su máxima expresión por el profesor austriaco Hans Kelsen. Es decir, lo que se intenta es sustentar al Derecho en la sociedad y sus insoslayables dinámicas, ya no en el principio de legalidad (todo se fundamenta en la ley), destruyendo la visión de ciencia autónoma que durante el siglo XX se pretendió dar al Derecho (esto ha hecho que muchos juristas ecuatorianos expongan su voz de protesta). Como lo afirma el Dr. Ramiro Ávila Santamaría, “se trataría de un nuevo paradigma constitucional que ve en la garantía de los Derechos fundamentales su principio y fin”; con profundas razones históricas. Por ejemplo, tenemos que la deslegitimidad objetiva de la aplicación de justicia en el Ecuador es producto de una imposición de un modelo estrictamente occidental, pretendiendo eliminar otras prácticas reales (justicia indígena) mediante la negación de manifestaciones culturales y la monopolización de la producción jurídica por parte del Estado, y son precisamente estas funciones del mismo las que ha entrado en crisis, de ahí la animadversión que las palabras: diputado, juez o abogado producen en las personas. Del mismo modo existe una realidad contractual que sobrepasa lo tipificado en el Código Civil, de Comercio, Código de Trabajo etc; como las prácticas del “fío”, la “yapa”, el trabajo comunitario, la minga, etc. La razón es que mientras la esencia de la creación jurídica monopolizada por el Estado se basa en la regulación del mercado y la propiedad en sus diversas expresiones y niveles, la realidad social ecuatoriana (a diferencia de la europea, o norteamericana) es de suyo solidaria y ello no han podido borrarlo los 178 años de vida republicana y casi 500 años de explotación; todo esto se traduce en la inobservancia de un gran porcentaje de la normativa legal y en la práctica de formas diversas de convivencia que el legislador no puede siquiera imaginar.
De ahí que el Neoconstitucionalismo intrínsecamente abriría las puertas para la democratización de la creación normativa mediante el reconocimiento de la participación directa de la sociedad en la producción normativa, puesto que para aplicar la norma Constitucional se debe analizar cada caso concreto. En otras palabras, los jueces y las personas con sus actos jurídicos crearían la aplicación de la ley mediante la búsqueda de la justicia.
Por ello el carácter humanista, pluralista y democrático (más allá de que se materialice o no) que de alguna forma ha recogido nuestra actual Constitución. En ese sentido, las reformas al Código sustantivo y adjetivo penal, la creación de juzgados de familia, mujer, niñez y adolescencia (contenidos en el Código Orgánico de la Función Judicial Art.233), la reforma al Código de la Niñez, la eliminación de los Tribunales de Aduanas, (en las próximas semanas la Asamblea debatirá las reformas al Código Civil) etc. Pretenden por, un lado descongestionar la burocrática y criticada función judicial; y por otro, precisamente, materializar los anhelos que hicieron que el 52% de los ecuatorianos volvamos a elegir a Rafael Correa.
No obstante es importantes recalcar que no se están dando palos de ciego en toda esta reestructuración del andamiaje normativo-institucional, existe una verdadera visión de cambio profundamente democrática y muy bien sustentada, pese a que es claro que nada puede hacerse de la noche a la mañana y que se sacrificarán o priorizaran a ciertos sectores, tema al que, como ciudadanos, debemos vigilar, aplaudir o criticar.
Francisco Puente.
Sin embargo quisiera referirme fundamentalmente a la vertiente teórica que cimienta toda esta reconstrucción de la institucionalidad jurídica en el Ecuador: El Neoconstitucionalismo.
Fundamentalmente se trata de una negación teórica de los pilares del positivismo jurídico clásico manifestado en el Constitucionalismo Liberal y Constitucionalismo Social de Pos-Guerra llevado a su máxima expresión por el profesor austriaco Hans Kelsen. Es decir, lo que se intenta es sustentar al Derecho en la sociedad y sus insoslayables dinámicas, ya no en el principio de legalidad (todo se fundamenta en la ley), destruyendo la visión de ciencia autónoma que durante el siglo XX se pretendió dar al Derecho (esto ha hecho que muchos juristas ecuatorianos expongan su voz de protesta). Como lo afirma el Dr. Ramiro Ávila Santamaría, “se trataría de un nuevo paradigma constitucional que ve en la garantía de los Derechos fundamentales su principio y fin”; con profundas razones históricas. Por ejemplo, tenemos que la deslegitimidad objetiva de la aplicación de justicia en el Ecuador es producto de una imposición de un modelo estrictamente occidental, pretendiendo eliminar otras prácticas reales (justicia indígena) mediante la negación de manifestaciones culturales y la monopolización de la producción jurídica por parte del Estado, y son precisamente estas funciones del mismo las que ha entrado en crisis, de ahí la animadversión que las palabras: diputado, juez o abogado producen en las personas. Del mismo modo existe una realidad contractual que sobrepasa lo tipificado en el Código Civil, de Comercio, Código de Trabajo etc; como las prácticas del “fío”, la “yapa”, el trabajo comunitario, la minga, etc. La razón es que mientras la esencia de la creación jurídica monopolizada por el Estado se basa en la regulación del mercado y la propiedad en sus diversas expresiones y niveles, la realidad social ecuatoriana (a diferencia de la europea, o norteamericana) es de suyo solidaria y ello no han podido borrarlo los 178 años de vida republicana y casi 500 años de explotación; todo esto se traduce en la inobservancia de un gran porcentaje de la normativa legal y en la práctica de formas diversas de convivencia que el legislador no puede siquiera imaginar.
De ahí que el Neoconstitucionalismo intrínsecamente abriría las puertas para la democratización de la creación normativa mediante el reconocimiento de la participación directa de la sociedad en la producción normativa, puesto que para aplicar la norma Constitucional se debe analizar cada caso concreto. En otras palabras, los jueces y las personas con sus actos jurídicos crearían la aplicación de la ley mediante la búsqueda de la justicia.
Por ello el carácter humanista, pluralista y democrático (más allá de que se materialice o no) que de alguna forma ha recogido nuestra actual Constitución. En ese sentido, las reformas al Código sustantivo y adjetivo penal, la creación de juzgados de familia, mujer, niñez y adolescencia (contenidos en el Código Orgánico de la Función Judicial Art.233), la reforma al Código de la Niñez, la eliminación de los Tribunales de Aduanas, (en las próximas semanas la Asamblea debatirá las reformas al Código Civil) etc. Pretenden por, un lado descongestionar la burocrática y criticada función judicial; y por otro, precisamente, materializar los anhelos que hicieron que el 52% de los ecuatorianos volvamos a elegir a Rafael Correa.
No obstante es importantes recalcar que no se están dando palos de ciego en toda esta reestructuración del andamiaje normativo-institucional, existe una verdadera visión de cambio profundamente democrática y muy bien sustentada, pese a que es claro que nada puede hacerse de la noche a la mañana y que se sacrificarán o priorizaran a ciertos sectores, tema al que, como ciudadanos, debemos vigilar, aplaudir o criticar.
Francisco Puente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario